La Política Ambiental
La medida apunta a reducir la protección en áreas periglaciares para favorecer inversiones hidrocarburíferas y mineras. Ambientalistas y la ONU ya expresaron su preocupación.
El Gobierno nacional avanza con un decreto que modifica la Ley de Glaciares (N.º 26.639), una norma clave para la protección de los ecosistemas de hielo y agua dulce del país. El objetivo, según confirmaron fuentes oficiales, es ampliar las áreas habilitadas para actividades extractivas como la minería y la explotación de hidrocarburos, actualmente prohibidas en zonas periglaciares.
La nueva reglamentación —impulsada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía— busca “dar seguridad jurídica a los proyectos de inversión”, según indicaron. Esto implicaría reducir las áreas de protección ambiental, flexibilizar los criterios de ocupación del territorio y permitir el uso de productos químicos y la construcción de infraestructura que hoy están limitados por ley.
¿Qué cambia?
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, prohíbe cualquier actividad que pueda dañarlos, y exige estudios de impacto ambiental obligatorios. La Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad en 2019, remarcando que la responsabilidad de su cumplimiento es conjunta entre Nación y provincias.
Pero ahora, el Ejecutivo propone reasignar atribuciones a las provincias para que decidan sobre el uso de esas tierras y permitir el avance de emprendimientos económicos que hasta ahora estaban vedados.
Según trascendió, esta intención ya había sido incluida en los primeros borradores de la Ley de Bases, pero fue retirada ante la falta de consenso legislativo. Ahora, se intenta avanzar por vía administrativa, lo que despertó críticas desde diversos sectores.
Preocupación ambiental y advertencias internacionales
La iniciativa fue rechazada por organizaciones ambientales, investigadores y defensores de derechos humanos. Desde Jóvenes por el Clima Argentina, su presidenta Nicole Becker denunció que el Gobierno “quiere permitir la explotación en la zona periglaciar, que hoy está protegida”, y subrayó que estos ecosistemas son esenciales porque “conservan muchísima agua”.
“Tenemos más de 16.000 glaciares en Argentina. Están desapareciendo. El Perito Moreno, que no es de los que más retrocede, perdió 1,92 km² en solo 7 años: eso equivale a 320 canchas de fútbol”, señaló.
“El 70% del agua dulce del mundo proviene de los glaciares. También ayudan a regular la temperatura global. No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”, concluyó.
Incluso la ONU expresó su preocupación cuando se intentó modificar la norma vía ley en el Congreso. El organismo internacional advirtió que el cambio podría tener efectos “regresivos” y afectar el derecho a un ambiente sano y las garantías de seguridad para defensores ambientales.
¿Qué está en juego?
Los glaciares y zonas periglaciares no solo son paisajes icónicos: son reservas estratégicas de agua dulce, amortiguadores climáticos y fuentes de vida para millones de personas. Su desprotección podría tener consecuencias irreversibles para el equilibrio ambiental, hídrico y social del país.
A pesar de que el oficialismo asegura que mantendrá exigencias de estudios de impacto ambiental, la eliminación de barreras normativas y la reasignación de competencias a las provincias debilita el marco jurídico nacional que hoy protege estos ecosistemas frágiles.
Lo que viene
Mientras el decreto aún no se publica oficialmente, la sociedad civil ya se organiza para frenar lo que considera un retroceso en política ambiental. Varias ONG preparan acciones judiciales y movilizaciones para defender la vigencia plena de la Ley de Glaciares, una conquista ambiental que costó años de lucha.
📢 ¿Por qué importa esta ley?
Protege zonas de alta montaña y reservas de agua frente a la minería y el petróleo.
Exige estudios de impacto ambiental antes de autorizar proyectos extractivos.
Establece un inventario nacional de glaciares para su monitoreo.
Fue avalada por la Corte Suprema en 2019.
