La carrera por el uranio en Chubut: el gobernador Torres quiere minería, pero choca con la ley y la resistencia ambiental

Con apoyo de YPF y la CNEA, el gobernador busca reactivar la minería de uranio. Sin embargo, una ley provincial lo prohíbe y la memoria de la revuelta de 2021 sigue viva.

En medio de la crisis económica y el declino petrolero, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, puso sobre la mesa una apuesta que genera tanto expectativas como alarmas: el regreso de la minería de uranio. Lo hizo durante el evento Energía Chubut 2050, donde dejó en claro que quiere disputar a la Nación el control de los yacimientos uraníferos y que cuenta con el respaldo —al menos discursivo— de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Secretaría de Minería y la empresa estatal YPF.

“Tenemos recursos uraníferos y una oportunidad única con la demanda mundial de energía”, dijo Torres, y envió un mensaje directo a Casa Rosada: “La Constitución es clara, los recursos naturales son de las provincias”.
Pero el plan choca con un muro difícil de esquivar: la Ley 5001, vigente desde 2003, prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en Chubut. Y el intento más reciente de derogarla terminó con la Casa de Gobierno incendiada en diciembre de 2021, tras una masiva rebelión social.

Torres, YPF y el tablero político del uranio
Torres busca recuperar el control sobre yacimientos como Cerro Solo, actualmente bajo la órbita de la CNEA, y avanzar con otros proyectos como Meseta Central, en manos de UrAmérica, una empresa de capitales británicos. También participan jugadores como Piche Resources, que comparan el potencial de la Patagonia con el de Kazajistán, uno de los principales exportadores de uranio del mundo.

Para sumar músculo político y técnico, el mandatario tejió alianzas con el presidente de YPF, Horacio Marín, quien no descartó la creación de una división específica llamada YPF Nuclear, que “agregue valor al uranio chubutense” de cara a 2030.

“Colaboramos con Chubut y con la CNEA para aportar eficiencia empresarial y lograr licencia social”, afirmó Marín. Incluso se habló de crear un polo exportador de energía a través de IA en alguna ciudad chubutense.
El problema: sin licencia social ni consenso legal
Pese al despliegue empresarial y técnico, el escollo central persiste: la falta de consenso social y legal. La ley 5001 sigue vigente y no hay señales claras de que el gobierno logre revertirla sin un altísimo costo político.

Desde el sector ambiental, las críticas no tardaron en llegar. La técnica de extracción propuesta por UrAmérica —In Situ Recovery, que inyecta soluciones químicas en el subsuelo— es defendida como “más limpia”, pero no disipa los temores por el uso del agua y la posible contaminación de acuíferos en zonas áridas.

“El agua que usamos está confinada y no se conecta con ríos”, dijo Omar Adra, CEO de UrAmérica. Pero la experiencia reciente con la minería en Chubut genera una fuerte desconfianza en parte de la sociedad.
¿Qué está en juego?
Chubut concentra 8 de los 14 proyectos uraníferos de la Patagonia, pero la explotación comercial todavía está a años de distancia. Según el propio secretario de Minería, Luis Lucero, “para llegar a la explotación de uranio falta tiempo, pero instalar la discusión ya es un paso enorme”.

El mensaje del Gobierno nacional también fue claro: “El mineral en el subsuelo no sirve de nada”, repiten funcionarios alineados con el discurso de Javier Milei, que promueve la apertura extractiva para atraer capitales extranjeros.

La pregunta que queda en el aire es si esta nueva embestida minera aprenderá de los errores del pasado o si volverá a ignorar la voluntad popular, las leyes ambientales vigentes y los riesgos ecológicos irreversibles.