Organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos acudieron a la Justicia para intentar detener la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos. Sostienen que el Gobierno nacional avanza con la venta sin estudios ambientales, sin audiencias públicas y poniendo en peligro obras esenciales de agua, cloacas y saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.