Mendoza: el conflicto por el agua llega a los tribunales y complica al proyecto San Jorge

El conflicto por el proyecto minero San Jorge en la zona de Uspallata escaló con fuerza en Mendoza tras la presentación de tres acciones judiciales distintas que buscan frenar la explotación de cobre y oro en plena cordillera. La estrategia legal marca un endurecimiento del rechazo social y ambiental frente a una iniciativa que ya había logrado respaldo político, pero que continúa sin licencia social en el territorio.

Las demandas fueron impulsadas por organizaciones ambientales, comunidades indígenas y vecinos autoconvocados. En conjunto, cuestionan el proceso que habilitó el emprendimiento y ponen en duda la legalidad ambiental, el respeto a los derechos colectivos y la protección de los recursos hídricos en una provincia históricamente atravesada por la escasez de agua.

La evaluación ambiental bajo la lupa

Uno de los ejes centrales de las presentaciones judiciales es la Declaración de Impacto Ambiental que permitió avanzar con el proyecto. Los amparos sostienen que la evaluación fue aprobada de manera fragmentada, dejando estudios clave para etapas posteriores, una práctica que contradice los principios de prevención y precaución establecidos en la normativa ambiental argentina.

Desde esta perspectiva, autorizar una actividad extractiva de gran escala sin información completa implica asumir riesgos ambientales significativos en ecosistemas de alta montaña, donde los márgenes de daño reversible son mínimos.

Derechos indígenas y patrimonio en riesgo

Otro de los frentes judiciales incorpora un enfoque de derechos humanos. Comunidades indígenas de la región denuncian que no se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, vigente en el ordenamiento jurídico argentino.

Además, advierten sobre posibles afectaciones a sitios de valor cultural y territorial, cuya preservación forma parte de la identidad histórica de Uspallata y de las comunidades que habitan la zona desde hace generaciones.

El agua como eje del conflicto

El tercer amparo pone el foco en el impacto hídrico del proyecto, uno de los puntos más sensibles en el debate mendocino. Las demandas alertan sobre los riesgos que la actividad minera podría generar en arroyos, humedales y sistemas naturales que cumplen un rol clave en la regulación y disponibilidad de agua.

Según los demandantes, la existencia de incertidumbres técnicas debería activar el principio precautorio y obligar al Estado a priorizar la protección del recurso hídrico por sobre cualquier interés económico.

Movilización social y tensión política

La ofensiva judicial se desarrolla en paralelo a un clima de movilización sostenida en distintos puntos de la provincia. Asambleas por el agua, organizaciones socioambientales y vecinos han vuelto a ocupar el espacio público para rechazar la megaminería y exigir un modelo de desarrollo que no comprometa los bienes comunes.

Mientras el gobierno provincial defiende el proyecto como una oportunidad de inversión vinculada a la demanda global de minerales estratégicos, amplios sectores de la sociedad mendocina sostienen que el desarrollo no puede construirse a costa del agua y el territorio.

Un fallo con impacto más allá de Uspallata

Lo que resuelva la Justicia no solo definirá el futuro del proyecto San Jorge, sino que podría sentar un precedente clave para otros emprendimientos extractivos en Mendoza. En juego no está solo una mina, sino el modo en que la provincia decide gestionar sus recursos naturales en un contexto de crisis climática y creciente presión sobre el agua.

El conflicto, que durante años se expresó en la calle y en la Legislatura, ahora suma un capítulo decisivo en los tribunales, donde se pondrán a prueba los límites legales, ambientales y sociales del modelo extractivo.