La Política Ambiental
La Casa Rosada impulsa una modificación a la Ley de Glaciares que reduciría la protección de áreas sensibles. ONG, juristas y la ONU advierten por una regresión ambiental peligrosa.
El Gobierno nacional prepara un decreto que modificaría la Ley N.º 26.639 de Glaciares, con el objetivo de habilitar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares hoy protegidas por ley. La decisión, impulsada desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, busca dar “seguridad jurídica” a proyectos de inversión, especialmente del sector extractivo.
La reforma apunta a reducir la superficie bajo protección ambiental, permitiendo el uso de productos químicos, vertido de residuos y construcción de infraestructura no científica en zonas que hasta ahora estaban vedadas. Además, se otorgarían mayores atribuciones a las provincias para decidir sobre esos territorios.
El decreto reactiva una medida que ya había sido incluida en el borrador de la Ley de Bases, pero que fue eliminada por falta de apoyo legislativo.
📉 Un retroceso legal y ambiental
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, se trata de una “modificación quirúrgica pero letal”:
“Es un claro ejemplo de regresión ambiental. Esta modificación la escribieron los abogados de Barrick Gold. Ya la intentaron en 2016, la frenamos con movilizaciones. Ahora lo intentan por decreto”.
Viale recordó que Argentina es un país árido y semiárido, donde gran parte de la población depende del agua que nace en la cordillera:
“Lo que quieren hacer es eliminar gran parte de los glaciares del ambiente de protección para facilitar la minería. Los glaciares ya están retrocediendo por la crisis climática. Esto puede ser irreversible: un glaciar no se puede pegar”.
❄️ ¿Qué protege hoy la Ley de Glaciares?
La Ley 26.639, vigente desde 2010, fue declarada constitucional por la Corte Suprema en 2019, y establece:
La prohibición de actividades extractivas en glaciares y zonas periglaciares.
La creación de un Inventario Nacional de Glaciares para monitorear su estado.
La obligación de realizar estudios de impacto ambiental antes de habilitar cualquier proyecto.
El principio de no regresión ambiental, clave para frenar retrocesos legales.
Sin embargo, el nuevo decreto busca redefinir qué se entiende por “ambiente periglaciar”, excluyendo zonas que hoy están protegidas.
🚨 Críticas desde la ONU y la sociedad civil
La Organización de las Naciones Unidas ya había advertido que estas modificaciones podían afectar las garantías de un entorno seguro para los defensores ambientales, y calificó la propuesta como “regresiva”.
Desde Jóvenes por el Clima, su presidenta Nicole Becker explicó que:
“Quieren permitir la explotación en zonas periglaciares, lo cual es inaceptable. Los glaciares son fábricas de agua, no podemos desprotegerlos por interés económico”.
El argumento del Gobierno —seguridad jurídica para inversores— no convence a quienes defienden el principio de sustentabilidad y equidad intergeneracional.
🌎 ¿Qué está en juego?
Argentina tiene más de 16.000 glaciares, muchos de ellos en áreas cordilleranas en disputa por proyectos mineros.
Estos ecosistemas son reservas estratégicas de agua dulce, vitales para la biodiversidad, la agricultura y el consumo humano.
El cambio climático ya los está afectando: retroceden año tras año, incluso sin intervención humana directa.
“Estos emprendimientos extractivos no reconocen límites. Vienen a saquear en 10 o 15 años y se van. La afectación es para siempre”, sentenció Viale.
