La Política Ambiental
En un momento decisivo para la protección del monte chaqueño, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe definir si revierte la sorpresiva decisión de la jueza Zunilda Niremperger, quien se declaró “incompetente” en la causa que investiga a una red de desmontes ilegales con conexiones políticas, empresariales y judiciales.
La causa, conocida como “la investigación contra la Mafia del Desmonte”, expuso un entramado criminal que vulnera la Ley de Bosques y amenaza directamente territorios indígenas, campesinos y áreas protegidas.
Ahora, el expediente podría pasar a juzgados provinciales, mucho más expuestos a presiones de los mismos intereses que vienen impulsando el avance del agronegocio sobre tierras colectivas. Una jugada judicial que huele a impunidad.
Desde organizaciones ambientales, comunidades indígenas y asambleas territoriales advierten:
“Esto no es solo un debate procesal. Es una maniobra funcional a los desmontadores. Si la justicia federal se retira, se desactiva la única vía institucional que podía investigar a fondo esta trama criminal”.
La presión para archivar o desarticular la causa no es abstracta. Según denuncian referentes locales, proviene directamente de los sectores involucrados en los desmontes, a los que ahora se suma una nueva estrategia: influir sobre el Poder Judicial.
“La #MafiaDelDesmonte no solo arrasa bosques. También presiona jueces. Si esta causa cae, se habilita un camino sin retorno hacia el ecocidio en el norte argentino”, remarcaron.
Frente a este escenario, diversas agrupaciones lanzaron una campaña para exigir a la Cámara Federal de Resistencia que reafirme la competencia federal y no permita que el expediente se diluya en fueros permeables.
Porque lo que está en juego no es un expediente más, sino la posibilidad de que el monte, sus pueblos y sus defensores tengan justicia.
