El Gobierno confirmó, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, que entre el 10 y el 30 de diciembre enviará al Congreso un paquete de proyectos para ser tratados en sesiones extraordinarias. La agenda difundida por Adorni incluye reformas fiscales, laborales y penales, junto con dos iniciativas ambientales que generan un contraste evidente: por un lado, la posible incorporación del ecocidio al Código Penal; por el otro, la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, lo que abriría la puerta a flexibilizar áreas consideradas reservas estratégicas de agua.
La Ley de Glaciares: riesgo de apertura al extractivismo
La iniciativa para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar plantea una “adecuación” que, en la práctica, busca flexibilizar las restricciones actuales para permitir actividad minera en zonas hoy protegidas. La norma sancionada en 2010 protege los glaciares y periglaciares como reservas de agua dulce y prohíbe actividades extractivas que puedan dañarlos.
Argentina perdió cerca de la mitad de su superficie glaciar en apenas treinta años. En este contexto, la propuesta no es un ajuste técnico: habilitaría que las provincias definan distancias y criterios de intervención, abriendo el paso a proyectos vinculados al oro, el cobre, la plata y, especialmente, al litio. El resultado sería una mayor exposición de cuencas y ecosistemas andinos a actividades con impacto irreversible sobre el agua.
Ecocidio en el Código Penal: un avance con matices
En paralelo, la reforma del Código Penal que el Ejecutivo quiere tratar incluye la figura del ecocidio, pensada para sancionar daños ambientales masivos y sistemáticos. Su incorporación podría permitir perseguir penalmente actos que destruyan ecosistemas enteros, provoquen derrames contaminantes a gran escala o arrasen reservas hídricas esenciales.
La figura del ecocidio es reclamada por científicos, juristas y movimientos socioambientales: convertir en delito las agresiones ambientales de gran magnitud sería un paso relevante en la protección de bienes comunes.
Una de cal y una de arena
La contradicción es clara: mientras se abre la posibilidad de castigar destrucciones ambientales graves, se debate una reforma que podría generar justamente esos daños en áreas periglaciares. Es decir: avance normativo simbólico por un lado y retroceso práctico por el otro.
Impactos sobre el agua y las comunidades
Modificar la Ley de Glaciares afectaría directamente la seguridad hídrica de provincias enteras y de comunidades locales, campesinas e indígenas que dependen de las cuencas andinas. En un escenario de crisis climática global, con sequías más frecuentes y retrocesos glaciares acelerados, intervenir estas reservas implica riesgos sociales, económicos y ambientales profundos.
