Mendoza: la Justicia rechazó las cautelares y volvió a habilitar el avance del proyecto minero San Jorge

El proyecto minero San Jorge volvió a quedar habilitado en Mendoza luego de que la Justicia provincial rechazara todas las medidas cautelares que buscaban frenar su avance. La decisión judicial despeja, al menos de forma provisoria, el camino legal para el emprendimiento de cobre en Uspallata y vuelve a tensar la histórica disputa entre el modelo extractivo impulsado por el poder político y las comunidades que defienden el agua y el territorio.

Un fallo que reordena el escenario judicial

El rechazo de las cautelares implica que, para la Justicia mendocina, los reclamos presentados no lograron reunir los requisitos necesarios para suspender un proyecto que ya cuenta con aval administrativo y legislativo. El juez consideró que no se configuró un riesgo ambiental inmediato que justificara la interrupción del proceso en esta etapa, y remarcó la vigencia de la normativa provincial que habilita el emprendimiento.

Con esta resolución, el expediente entra en una nueva fase: el conflicto no se cierra, pero pierde su herramienta más urgente, la cautelar, que buscaba frenar cualquier avance mientras se analizaban las demandas de fondo.

La discusión por el alcance del principio precautorio

Uno de los ejes centrales del fallo fue el alcance del principio precautorio, un concepto clave del derecho ambiental que permite actuar frente a la posibilidad de daños graves o irreversibles, aun cuando no exista certeza científica absoluta. En este caso, el magistrado sostuvo que ese principio no puede aplicarse de manera automática si no se acompaña de elementos técnicos concretos que acrediten un peligro cierto.

Desde las organizaciones ambientales cuestionan esa interpretación y advierten que exigir pruebas de daño antes de autorizar medidas preventivas desnaturaliza la lógica de protección anticipada que la legislación ambiental busca garantizar.

Uspallata, territorio sensible y resistencia histórica

El proyecto San Jorge se ubica en una zona de alta fragilidad ambiental, cercana a cursos de agua y ecosistemas cordilleranos estratégicos para el abastecimiento hídrico de la provincia. Uspallata no es un territorio ajeno a la minería, pero sí uno marcado por una fuerte organización social que, desde hace más de una década, expresa su rechazo a la megaminería metalífera.

Las asambleas vecinales sostienen que el problema no es solo el proyecto en sí, sino el precedente que sienta en una provincia donde el agua es un recurso escaso y donde la licencia social aparece como un límite que la legalidad formal no siempre logra resolver.

Minería, política y desarrollo

El fallo judicial se produce en un contexto de alineamiento entre el Poder Ejecutivo provincial y un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos estratégicos, como el cobre, presentado como insumo clave para la transición energética global. Desde el gobierno mendocino destacan el potencial económico del proyecto, la generación de empleo y el ingreso de divisas.

Sin embargo, sectores críticos señalan que el impulso minero avanza más rápido que los consensos sociales y que la discusión de fondo no es solo jurídica, sino política y ambiental: qué tipo de desarrollo quiere Mendoza y bajo qué condiciones.

Un conflicto abierto más allá de los tribunales

La negativa judicial a dictar cautelares no implica el cierre definitivo del conflicto. Las causas principales continúan su curso y las organizaciones ambientales anticiparon que seguirán utilizando todas las herramientas legales disponibles, además de sostener la movilización social.

El caso San Jorge vuelve a mostrar que, en Mendoza, la disputa por la minería no se resuelve únicamente en los expedientes judiciales. Se juega también en la calle, en las asambleas y en una sociedad que sigue debatiendo el equilibrio entre desarrollo económico, cuidado ambiental y acceso al agua.