Ciencia bajo presión: una investigadora del INTA que estudió plaguicidas enfrenta un pedido de exoneración

La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet con más de veinte años de trabajo en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, enfrenta un sumario administrativo que podría terminar con su exoneración.

La posible sanción fue dada a conocer por su abogado, Mario Bolla, quien sostuvo que el expediente propone apartarla definitivamente del organismo. De concretarse, Aparicio perdería su puesto y quedaría inhabilitada para volver a ingresar a organismos de la Administración Pública Nacional.

Hasta el momento, el INTA no difundió una explicación pública completa sobre las imputaciones, las pruebas reunidas ni los motivos por los cuales correspondería aplicar una medida de semejante gravedad. Tampoco se conoce una resolución definitiva: la exoneración es, por ahora, una propuesta dentro de un procedimiento administrativo en curso.

Una investigación internacional sobre plaguicidas

Aparicio coordinó la participación argentina en SPRINT, un proyecto financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea que comenzó en 2020. Su objetivo fue estudiar la exposición a plaguicidas y avanzar hacia sistemas de protección vegetal con menores efectos sobre la salud y el ambiente.

La Argentina fue el único país extracomunitario incluido en el trabajo. Durante la primera etapa se buscaron 209 plaguicidas en muestras tomadas en once países. En el caso argentino participaron 73 personas provenientes de zonas urbanas, localidades rurales y establecimientos agropecuarios.

Los estudios incluyeron muestras de suelo, agua, aire, alimentos y matrices biológicas humanas y animales. Parte de los resultados identificó residuos de distintos plaguicidas en sangre, orina, materia fecal, hisopados nasales y dispositivos utilizados para medir la exposición ambiental.

La propia investigadora aclaró que detectar una sustancia no permite afirmar automáticamente que haya producido un daño sanitario. Sin embargo, la medición resulta indispensable para conocer los niveles de exposición, evaluar riesgos y modificar prácticas cuando sea necesario. Los resultados generales del proyecto comenzaron a publicarse posteriormente en revistas científicas internacionales.

La difusión suspendida y la salida del INTA

El conflicto comenzó a tomar estado público en junio de 2023. Aparicio tenía previsto presentar los resultados argentinos de SPRINT durante una reunión virtual destinada, entre otros participantes, a las personas que habían aportado muestras.

La actividad fue suspendida por instrucción del INTA. Ese mismo año se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que solicitaba explicaciones al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la cancelación, los protocolos utilizados y las medidas adoptadas frente a los resultados preliminares.

En diciembre de 2023, el organismo decidió finalizar su participación institucional en el proyecto internacional. La investigación continuó su recorrido académico y varios de sus resultados fueron publicados, pero sin la intervención formal del INTA.

Ocho imputaciones y una sanción cuestionada

Según explicó la defensa, a fines de 2024 comenzaron las consultas internas sobre la actuación de Aparicio y, a comienzos de 2025, la investigadora fue citada en un sumario administrativo.

El expediente contendría ocho imputaciones. Una de ellas se refiere a un supuesto “grave perjuicio material” para la Administración Pública, acusación que su abogado rechaza. La defensa sostiene que el proyecto fue financiado con fondos europeos y señala que otras personas que participaron de las decisiones institucionales recibieron propuestas de sanciones considerablemente menores.

Bolla anticipó que, si la exoneración llega a concretarse, acudirán a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Aparicio también afirmó que durante el procedimiento tuvo pocas oportunidades efectivas para defenderse.

La ausencia de información oficial impide evaluar de manera independiente la totalidad del expediente. Por eso, además de garantizar el derecho de defensa de la investigadora, el INTA debería comunicar cuáles son los hechos concretos que se le atribuyen y explicar por qué justificarían la máxima sanción administrativa.

El respaldo de los trabajadores del organismo

APINTA, el gremio del personal del INTA, manifestó su apoyo a Aparicio y reclamó que la investigación científica pueda desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional.

La organización vinculó el sumario con la suspensión de la presentación de SPRINT y la posterior salida del organismo del proyecto. Además, lanzó una campaña de adhesiones contra la posible exoneración.

El reclamo gremial apunta a una cuestión que supera la situación laboral de una investigadora: el efecto que una sanción de esta magnitud puede producir sobre otros equipos científicos que trabajan con asuntos ambientalmente sensibles o que afectan intereses económicos.

El riesgo de convertir el sumario en una advertencia

La ciencia pública debe poder investigar incluso cuando sus resultados resulten incómodos para las autoridades, las empresas o determinados sectores productivos. La existencia de plaguicidas en una muestra debe ser discutida mediante protocolos, revisión científica y publicación de los datos, no mediante el silenciamiento de quienes los producen.

Esto tampoco significa que una persona dedicada a la investigación quede exenta de controles administrativos. Si existieron irregularidades, el INTA debe individualizarlas, aportar las pruebas y garantizar un procedimiento proporcional. La gravedad de la sanción exige una fundamentación especialmente rigurosa.

El caso de Virginia Aparicio plantea una pregunta central: si el conflicto se originó en faltas administrativas comprobables o si el sumario terminó funcionando como respuesta institucional frente a resultados científicos que generaron incomodidad.

Mientras el INTA no publique su posición y el expediente no concluya, la acusación de persecución seguirá siendo el planteo de la investigadora, su defensa y el gremio. Pero el antecedente de la presentación suspendida, el retiro del proyecto y la propuesta de exoneración justifican una explicación pública inmediata.

Lo que está en juego excede el futuro profesional de Aparicio. También involucra la autonomía de la ciencia estatal, el derecho de la sociedad a acceder a información ambiental y la capacidad del país para investigar los riesgos asociados con su propio modelo productivo.