La Política Ambiental
Entre Ríos puso en plena vigencia un nuevo régimen de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, con cambios que alcanzarán a industrias, emprendimientos y otras actividades productivas que necesiten atravesar procedimientos de evaluación y habilitación ambiental.
La reforma comenzó con la sanción de la Ley Provincial N.º 11.250, publicada en enero de este año, y terminó de ponerse en marcha durante septiembre con su reglamentación y una serie de disposiciones complementarias.
El nuevo marco reemplaza, entre otras normas, a la Ley N.º 6.260, que regulaba desde 1978 aspectos vinculados con la prevención y el control de la contaminación industrial.
Uno de los principales cambios es la creación del Certificado Único Ambiental (CUA).
La herramienta busca concentrar en un mismo instrumento diferentes trámites y certificaciones que hasta ahora se gestionaban de manera separada.
La normativa ya establece, por ejemplo, que las exigencias anteriormente vinculadas con certificados previstos bajo la antigua Ley N.º 6.260 serán reemplazadas por el nuevo Certificado Único Ambiental.
Desde el gobierno provincial sostienen que el objetivo es reducir la dispersión administrativa, digitalizar los procedimientos y brindar mayor previsibilidad a quienes desarrollan actividades económicas.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que la reforma busca dejar atrás procedimientos burocráticos y avanzar hacia reglas más claras y mayor agilidad administrativa.
La Ley N.º 11.250 establece un marco común para los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en todo el territorio entrerriano.
La propia norma fija entre sus objetivos la modernización, la uniformidad administrativa y la simplificación de los procedimientos, pero mantiene como finalidad la preservación y recuperación del ambiente y el derecho de la población a un ambiente sano.
También incorpora expresamente principios de sostenibilidad, participación ciudadana, eficiencia ambiental, integralidad y remediación.
Esto significa que la digitalización no elimina la obligación de evaluar los impactos de cada actividad ni las facultades estatales de control y fiscalización.
Otro cambio relevante aparece en los mecanismos de participación pública.
La Secretaría de Ambiente dispuso una modalidad digital para determinadas instancias de participación ciudadana dentro de los procedimientos ambientales.
La herramienta permitirá que la población pueda consultar documentación y presentar observaciones de manera remota, con el objetivo declarado de ampliar el acceso a los procesos de decisión ambiental y adecuarlos a los principios del Acuerdo de Escazú.
La participación ciudadana ya estaba contemplada como uno de los pilares de la nueva ley, que reconoce el derecho de los habitantes a intervenir en los procesos de toma de decisiones vinculados con el ambiente.
El nuevo esquema contempla además la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA).
Allí se concentrará información vinculada con las actividades alcanzadas por el régimen, como parte del proceso de reorganización y digitalización de la gestión.
También se prevé un Fondo de Control y Fiscalización Ambiental y un mecanismo de cooperación con municipios y comunas para fortalecer las tareas de monitoreo territorial.
En materia de uso del suelo, la provincia aprobó además un modelo con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme.
La decisión busca homogeneizar criterios, aunque los municipios y comunas seguirán conservando la competencia para determinar la factibilidad del uso del suelo dentro de sus jurisdicciones.
La reforma supone un cambio importante respecto del sistema que funcionó durante décadas en Entre Ríos.
Desde el Ejecutivo provincial la presentan como una forma de compatibilizar producción, inversión y protección ambiental, mediante procedimientos más simples y controles más ordenados.
La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, sostuvo que la reglamentación mantiene como fundamento el derecho constitucional a un ambiente sano y que la simplificación administrativa debe convivir con la preservación y el mejoramiento del ambiente.
La Ley N.º 11.250 había sido sancionada el 6 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero. Con su reglamentación, el sistema comienza ahora su etapa decisiva: pasar del cambio normativo a su funcionamiento efectivo.
En ese punto estará también la discusión ambiental de fondo: si la reducción de trámites consigue acelerar los procedimientos sin disminuir la calidad de las evaluaciones, los controles ni las posibilidades reales de participación ciudadana.
