Santa Fe: la Justicia confirmó el archivo de la causa por contaminación del Paraná vinculada a Acindar

La Justicia Federal confirmó el archivo de la causa que investigaba la contaminación del río Paraná vinculada a la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe. La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que rechazó la apelación presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, querellante en el expediente.

Los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda respaldaron el cierre de la investigación. Andalaf Casiello elaboró el voto principal y Pineda adhirió a sus fundamentos.

La causa había comenzado en 2019 y durante años reunió denuncias, allanamientos, toma de muestras y estudios técnicos. Sin embargo, la Justicia consideró que las pruebas no alcanzaban para demostrar uno de los elementos necesarios para avanzar con una acusación penal: el peligro para la salud pública exigido por la Ley de Residuos Peligrosos.

Todo comenzó con un incendio en la planta

La investigación se inició después de un incendio ocurrido el 29 de noviembre de 2019 en el sector de chatarra de la planta de Acindar, ubicada en Villa Constitución.

La Asociación Civil Cuenca Río Paraná denunció que el incendio podía haber provocado el arrastre de residuos y sustancias contaminantes hacia el río. Con el avance del expediente, la denuncia también incorporó cuestionamientos por el almacenamiento de residuos dentro del predio y por la posibilidad de que el agua de lluvia trasladara contaminantes hacia el Paraná.

La investigación incluyó allanamientos realizados en 2021 y 2022, además de la intervención de la Policía Federal, Prefectura Naval, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).

La investigación encontró metales pesados

Uno de los puntos que generó mayor discusión fueron las muestras tomadas dentro de la planta.

La querella sostuvo que existían elementos que daban cuenta de contaminación con metales pesados, entre ellos cadmio, zinc, cobre y plomo, detectados en napas subterráneas de sectores del establecimiento.

También presentó estudios vinculados al pasivo ambiental de la planta y planteó que existía un riesgo de que los contaminantes fueran trasladados mediante el agua hacia el Paraná.

Pero los organismos técnicos que participaron del expediente cuestionaron que esas muestras permitieran demostrar específicamente la contaminación del río.

Prefectura señaló que algunas muestras no correspondían a muestras homogéneas de agua del Paraná, mientras que el INTI indicó que otras correspondían a sólidos o barros húmedos y que sus resultados no podían compararse directamente con los parámetros establecidos para agua.

Así, una parte central de la discusión judicial terminó concentrándose en qué podían demostrar esas muestras y si los contaminantes encontrados dentro de la planta podían vincularse con una afectación del río.

Los jueces pusieron el foco en el peligro para la salud

El archivo de la causa había sido dispuesto por el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario el 5 de agosto de 2025. La Asociación Civil Cuenca Río Paraná apeló la decisión y llevó el expediente ante la Cámara Federal.

Ahora, la Sala A confirmó el archivo.

La jueza Silvina Andalaf Casiello, autora del voto principal, sostuvo que para que pueda configurarse el delito previsto en la Ley 24.051 no alcanza con demostrar la existencia de sustancias potencialmente contaminantes.

Según el criterio adoptado, también debe acreditarse que esas sustancias generaron un peligro para la salud pública en los términos exigidos por la legislación penal.

El juez Aníbal Pineda adhirió al voto de Andalaf Casiello.

De esta manera, pese a los años de investigación y a la existencia de distintos informes y análisis sobre sustancias contaminantes dentro de la planta, la Cámara consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para mantener abierta la causa penal.

Siete años de investigación y ningún responsable penal

El resultado deja un dato difícil de ignorar: una investigación iniciada en 2019 por contaminación del Paraná termina archivada después de aproximadamente siete años sin que exista una condena penal por los hechos investigados.

La Justicia no declaró que el Paraná nunca haya sido contaminado. Lo que resolvió es que las pruebas reunidas no permitieron acreditar el peligro para la salud pública requerido para continuar la investigación penal por el delito analizado.

La diferencia es importante.

Porque una cosa es determinar si existieron sustancias contaminantes en una planta industrial y otra, mucho más específica desde el punto de vista penal, es probar que esas sustancias generaron el peligro exigido por la Ley 24.051.

El criterio adoptado por los jueces Andalaf Casiello y Pineda terminó inclinando la balanza por el cierre del expediente.

Un certificado ambiental otorgado años después

La Cámara también tuvo en cuenta la situación ambiental posterior de Acindar.

En enero de 2025, la provincia de Santa Fe aprobó el Informe Ambiental de Cumplimiento y el Plan de Gestión Ambiental de la empresa y le otorgó un Certificado de Aptitud Ambiental por dos años. También autorizó, bajo determinadas condiciones, el vuelco de efluentes al río Paraná.

Pero existe una cuestión temporal que merece ser señalada: ese certificado fue otorgado más de cinco años después del incendio que originó la investigación.

Por eso, una autorización ambiental posterior no puede interpretarse automáticamente como una demostración de que los hechos investigados en 2019 no generaron contaminación. Se trata de una situación administrativa posterior que la Cámara valoró al analizar el estado ambiental de la empresa.

La Justicia cierra una causa que investigó la contaminación del Paraná

La decisión vuelve a poner en discusión el alcance de las herramientas penales frente a los daños ambientales.

En este caso, la Justicia Federal terminó concentrando la discusión en si podía probarse el peligro para la salud pública requerido para aplicar la Ley de Residuos Peligrosos.

Para las organizaciones que impulsaron la investigación, en cambio, el expediente había reunido elementos suficientes para mantener abierto el debate sobre la contaminación y sus posibles consecuencias sobre el Paraná.

Con el fallo de la Sala A, los jueces Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda confirmaron el archivo.

Después de años de investigación, allanamientos y análisis de muestras, la causa penal queda cerrada sin una condena contra responsables de Acindar.

Y el interrogante ambiental permanece: qué ocurrió con los contaminantes detectados dentro de la planta y si alguno de ellos llegó efectivamente al río Paraná.