Mendoza frente a una encrucijada: menos agua, más minería y un conflicto social en aumento

Mendoza atraviesa una de las temporadas hídricas más delicadas de los últimos años. Los principales ríos de la provincia llegan al verano con caudales muy por debajo de sus promedios históricos, una señal de alarma que vuelve a poner en primer plano la fragilidad del sistema hídrico mendocino. La falta de nieve en la cordillera, las altas temperaturas y una sequía que ya no es excepcional sino persistente configuran un escenario crítico para una provincia que depende del agua no sólo para el consumo humano, sino también para la producción agrícola, la industria y el turismo.

El retroceso del caudal en ríos clave como el Mendoza, el Tunuyán o el Atuel no es un dato técnico aislado. Impacta de manera directa en la vida cotidiana: menos agua para riego, embalses con niveles mínimos y una creciente incertidumbre sobre el futuro del recurso. En una provincia árida, donde cada gota cuenta, la crisis hídrica deja de ser un problema ambiental para transformarse en un problema social y político.

En este contexto, la reactivación de proyectos de megaminería metalífera volvió a encender una histórica disputa. La reciente aprobación del proyecto minero San Jorge, ubicado en la zona de Uspallata, reavivó un conflicto que Mendoza arrastra desde hace más de una década. Para amplios sectores de la sociedad, avanzar con emprendimientos extractivos de gran escala en un escenario de escasez de agua es una decisión que profundiza los riesgos ambientales y pone en jaque el modelo de desarrollo provincial.

La discusión remite inevitablemente a la Ley 7722, una norma que se convirtió en símbolo de la defensa del agua en Mendoza. Sancionada tras una fuerte movilización social, la ley prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera y establece controles estrictos para proteger las cuencas hídricas. A lo largo de los años, cada intento de flexibilizarla generó respuestas masivas en las calles, mostrando que la defensa del agua es una de las pocas banderas transversales que atraviesan generaciones y sectores sociales en la provincia.

La aprobación de San Jorge fue leída por muchas asambleas ambientales como un avance que tensiona el espíritu de la 7722 y abre la puerta a un modelo extractivo que choca de frente con la realidad hídrica actual. Las movilizaciones no tardaron en llegar: marchas, cortes simbólicos y concentraciones en distintos puntos de la provincia expresaron un rechazo que no se limita a una mina en particular, sino a una forma de decidir sobre los bienes comunes sin consenso social.

A esta conflictividad ambiental se suma una creciente preocupación por la respuesta del Estado. Organizaciones sociales y referentes ambientales denuncian un proceso de criminalización de la protesta, con identificaciones, causas judiciales y un despliegue policial que busca desalentar la participación ciudadana. En este marco, la gestión del gobernador Alfredo Cornejo es señalada por priorizar la atracción de inversiones mineras y alinearse con una política nacional que impulsa el extractivismo como salida económica, en sintonía con el discurso del presidente Javier Milei.

El debate que atraviesa Mendoza excede la coyuntura. Se trata de una discusión profunda sobre qué tipo de desarrollo es posible en una provincia con cada vez menos agua, cómo se toman las decisiones estratégicas y qué lugar ocupa la voz de la sociedad cuando se trata de recursos vitales. Mientras los ríos bajan con menos fuerza, el conflicto social crece, y el agua vuelve a ser el eje de una disputa que define no sólo el presente, sino también el futuro ambiental y democrático de Mendoza.