La Política Ambiental
En medio de una de las peores temporadas de incendios forestales en la Patagonia, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo el trabajo de bomberos y brigadistas. El gesto, sin embargo, quedó rápidamente envuelto en polémica: el mismo Gobierno que expresa apoyo simbólico aplicó un recorte del 78% a los fondos destinados al combate del fuego.
La contradicción expone con crudeza la distancia entre el discurso y las decisiones presupuestarias. Mientras el fuego avanza sobre bosques nativos, viviendas y áreas protegidas, quienes arriesgan su vida en el territorio lo hacen con menos recursos, menos equipamiento y mayor precariedad.
Reconocimiento simbólico, ajuste real
El mensaje presidencial destacó el “esfuerzo y compromiso” de los bomberos patagónicos, pero no estuvo acompañado por anuncios de refuerzo presupuestario, ampliación de brigadas ni incorporación de medios aéreos. Por el contrario, los números oficiales muestran que el sistema nacional de manejo del fuego sufrió uno de los ajustes más severos de los últimos años.
El recorte impactó directamente en:
contratación y continuidad de brigadistas,
mantenimiento y disponibilidad de aviones hidrantes y helicópteros,
compra de equipamiento y logística,
tareas de prevención fuera de la temporada de incendios.
En la práctica, el agradecimiento presidencial convive con un esquema donde el costo del ajuste lo pagan quienes enfrentan las llamas.
Brigadistas al límite
Bomberos voluntarios y brigadistas forestales denuncian desde hace tiempo condiciones de trabajo extremas: jornadas extenuantes, contratos temporarios, salarios bajos y falta de elementos básicos de protección. Con el recorte del 78%, esas carencias se profundizaron justo cuando la crisis climática vuelve a los incendios más frecuentes, más intensos y más difíciles de controlar.
La paradoja es evidente: el Estado nacional reduce su inversión estructural y luego apela al heroísmo individual para suplir lo que falta en políticas públicas.
Un patrón que se repite
El agradecimiento por redes sociales no es un hecho aislado. Se inscribe en una forma de gestión donde el Gobierno nacional se retira de la prevención y la planificación, pero aparece discursivamente cuando el desastre ya está en marcha. La política ambiental queda reducida a gestos simbólicos, mientras la respuesta material llega tarde o no llega.
Especialistas advierten que no invertir en prevención sale mucho más caro: cada incendio implica pérdidas ambientales irreversibles, daños económicos millonarios y costos sociales que superan ampliamente cualquier ahorro presupuestario.
La responsabilidad política
En un contexto donde se discute tipificar el ecocidio como delito penal y fortalecer el Sistema Federal de Manejo del Fuego, el contraste entre palabras y hechos resulta central. Agradecer a los bomberos sin garantizarles recursos suficientes no es neutral: es una definición política.
La Patagonia que hoy arde deja una lección clara. Los incendios no se apagan con tuits ni con reconocimientos tardíos. Se previenen con inversión, planificación y presencia del Estado. Todo lo demás es retórica.
Y cuando el fuego avance de nuevo —porque lo hará—, la pregunta volverá a ser la misma: ¿quién se hace cargo de haber recortado el presupuesto de quienes ponen el cuerpo para apagarlo?
