El incendio que desde diciembre de 2025 destruye miles de hectáreas de bosque nativo en el Parque Nacional Los Alerces no solo sacude al sur argentino por su impacto ambiental, sino también por una denuncia que mezcla la emergencia con tensiones internas dentro de la propia administración del parque.
Según la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces, la respuesta inicial al fuego estuvo marcada por “falta de activación oportuna de recursos disponibles” y por problemas de coordinación entre autoridades claves del área protegida.
Quiénes son las autoridades señaladas
La denuncia apunta directamente a dos funcionarios que, según la presentación, habrían tenido una relación de pareja en el pasado y que hoy ocupan cargos relevantes en el operativo contra el incendio.
- La jefa de guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, responsable de coordinar los equipos técnicos de protección ambiental.
- El jefe de la brigada de incendios del parque, encargado de organizar el despliegue de brigadistas y recursos en el terreno.
Según los denunciantes, estas dos autoridades “no mantienen una buena relación personal”, lo que habría generado “falta de colaboración entre las áreas” y demoras en decisiones críticas durante las primeras horas del incendio.
La denuncia penal
La presentación fue formalizada ante la Fiscalía Federal de Esquel y se suma a otra investigación penal que busca determinar si funcionarios públicos incumplieron con sus deberes en la gestión de la emergencia ambiental.
La denuncia de los pobladores rurales menciona que, debido a la supuesta falta de coordinación, un cuerpo de guardaparques que estaba listo para actuar no fue convocado a tiempo para combatir el foco inicial, cuando aún era controlable.
Contexto institucional
La gravedad de la situación llevó a la Administración de Parques Nacionales (APN) a intervenir el Parque Nacional Los Alerces y desplazar a sus autoridades locales para poner al frente un comité que coordine directamente las acciones operativas y administrativas.
Además, sectores productivos y turísticos de Chubut habían expresado su descontento con la gestión del intendente del parque, Danilo Hernández Otaño, antes incluso de la denuncia penal por conflictos personales, reclamando su renuncia por presunta negligencia en la respuesta ante el fuego.
El impacto del conflicto
Más allá del tono sugerente de la denuncia, los hechos reflejan un problema más profundo: en escenarios de emergencias ambientales como los incendios forestales, la coordinación y el trabajo institucional sin fisuras son esenciales. Cuando las tensiones internas se filtran en la operativa de combate al fuego, el riesgo de que la respuesta sea tardía o fragmentada aumenta, con costos ambientales, sociales y económicos que pueden ser irreversibles.
