Córdoba volvió a mirar hacia el corazón de su planta nuclear. Esta vez no por anuncios de producción ni por cifras récord, sino por una denuncia interna que sacudió a Dioxitek S.A., la empresa que produce dióxido de uranio para las centrales Central Nuclear Embalse, Atucha I y Atucha II.
La acusación surgió desde adentro. Trabajadores de la planta cordobesa hicieron circular información sobre al menos dos incidentes vinculados a la manipulación de material radiactivo. Uno de ellos habría implicado la rotura de una máquina que quedó, según describieron, “irrecuperable”. El otro, una fuga de uranio a través de una tubería interna.
La noticia trascendió pese a los contratos de confidencialidad que rigen sobre el personal. El tema comenzó a tomar estado público en medios locales, entre ellos La Voz del Interior, y rápidamente escaló en redes y ámbitos sindicales.
Lo que denuncian
Los trabajadores no sólo hablaron de incidentes puntuales. También señalaron supuestas prácticas irregulares:
Lavado de ropa de seguridad sin tratamiento adecuado del agua residual.
Almacenamiento deficiente de desechos potencialmente radiactivos.
Falta de controles médicos sistemáticos para medir la dosis recibida por el personal expuesto.
El trasfondo, según relatan, sería un deterioro en la cultura de seguridad interna y cambios en la gestión de la empresa, que depende del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.
Producción récord en medio de la polémica
La denuncia se produce en un momento particular: en 2025, la planta alcanzó un récord histórico de producción con 190 toneladas de dióxido de uranio. Un insumo estratégico para el funcionamiento del parque nuclear argentino y para la continuidad del abastecimiento energético.
En paralelo, el Presupuesto 2026 aprobado para la compañía proyecta un superávit de $775 millones, con gastos operativos superiores a los $25.500 millones.
Rechazo oficial y preocupación urbana
Desde la conducción de Dioxitek rechazaron las acusaciones y cuestionaron las versiones difundidas. No se informó, hasta el momento, sobre sanciones ni sobre auditorías externas adicionales.
El dato que agrava el clima es la localización: la planta se encuentra enclavada en un entorno urbano de la ciudad de Córdoba. Cada incidente, por menor que sea, genera inquietud en vecinos y organizaciones ambientales.
Mientras el debate se expande, los trabajadores sostienen la denuncia pública. En el centro de la escena queda una pregunta sensible: qué controles, qué protocolos y qué transparencia garantizan que la producción nuclear —clave para la matriz energética— no comprometa la seguridad laboral ni la tranquilidad de la comunidad.
