En una resolución que marca un punto de inflexión en la jurisprudencia ambiental argentina, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena contra el productor Ricardo Nicolás Prieto por la muerte de un niño y las graves lesiones sufridas por otra menor tras fumigaciones con agroquímicos en 2011.
El máximo tribunal provincial rechazó la apelación de la defensa y confirmó la pena de tres años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas. En su fallo, los magistrados sostuvieron que las pruebas reunidas durante el proceso otorgaron “el grado de certeza necesaria” para acreditar el hecho y la culpabilidad del acusado sin margen de duda.
Quince años de espera
El caso se remonta a marzo de 2011, en la zona de Puerto Viejo, en la localidad correntina de Lavalle.
Nicolás Arévalo, de 5 años, murió tras entrar en contacto con un agroquímico utilizado en una chacra de tomates y hortalizas administrada por el productor condenado. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, sufrió lesiones graves.
La Justicia determinó que se utilizó alfaendosulfán —un organoclorado de alta toxicidad— de manera imprudente y negligente. El producto quedó acumulado en el barro de una zanja cercana a los cultivos. El niño cayó accidentalmente en ese sector y tuvo contacto directo con la sustancia; su prima intentó auxiliarlo y también resultó afectada.
Las pericias concluyeron que la exposición provocó un edema agudo de pulmón que derivó en la muerte del niño y en daños severos para la menor. El tribunal consideró probado, además, que ambos inhalaron plaguicidas durante las fumigaciones. Entre los fundamentos, se señaló que el productor no supervisó personalmente el proceso y permitió aplicaciones con las cortinas de los tendaleros levantadas, lo que facilitó la dispersión aérea de los tóxicos hacia zonas donde se encontraban los menores.
Responsabilidad penal y debate ambiental
El fallo consolida uno de los antecedentes más relevantes en materia de responsabilidad penal vinculada al uso indebido de agroquímicos en la Argentina. Durante años, organizaciones ambientales y vecinos de zonas rurales y periurbanas reclamaron mayores controles y sanciones frente al uso intensivo de agrotóxicos.
La confirmación de la condena no solo reafirma la obligación de cuidado por parte de los productores, sino que también interpela el rol estatal en la fiscalización y el control de prácticas agrícolas que involucran sustancias potencialmente peligrosas.
El espejo de Pergamino
Mientras en Corrientes se cierra un ciclo judicial que demandó casi 15 años, en la provincia de Buenos Aires avanza otro proceso emblemático. En los Tribunales Federales de Rosario se desarrolla el juicio oral por fumigaciones en Pergamino, donde siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos están acusados de contaminación con agroquímicos.
El debate es seguido por organizaciones sociales bajo la consigna “Paren de fumigarnos”. Por primera vez en este tipo de causas, funcionarios estatales fueron imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al no haber controlado adecuadamente las fumigaciones denunciadas.
Entre las querellantes se encuentra Sabrina del Valle Ortiz, quien denunció haber perdido un embarazo de seis meses en 2011 tras reiteradas exposiciones a aplicaciones cercanas a su vivienda. Según su testimonio, sufrió vómitos, mareos y afecciones respiratorias antes de la muerte de su bebé.
Un precedente con proyección
La decisión del tribunal correntino y el juicio en curso en Pergamino configuran un escenario inédito: la responsabilidad penal por delitos ambientales vinculados a agroquímicos comienza a consolidarse con condenas firmes y con la extensión de la investigación hacia funcionarios encargados de controlar la actividad.
A casi quince años de la muerte de Nicolás Arévalo, la confirmación de la sentencia representa una reparación judicial largamente esperada por su familia y establece un antecedente que podría influir en futuras causas relacionadas con la protección de la salud pública y el ambiente frente al uso de sustancias químicas en la producción agrícola.
