La Política AmbientalOrganizaciones de la sociedad civil presentaron una medida cautelar urgente ante la Justicia Federal con el objetivo de asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares.
La acción fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace Argentina, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), con la adhesión de integrantes de asambleas socioambientales de Santa Fe, Mendoza y San Juan. En el planteo judicial, solicitaron que se garantice la intervención oral sincrónica —ya sea presencial o virtual— de todas las personas inscriptas, así como la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo.
El eje central del reclamo apunta a que se establezca un cronograma de audiencias que respete el principio de oralidad y asegure una participación social “integral y efectiva” antes del tratamiento parlamentario en el recinto. Las organizaciones sostienen que el proceso debe ajustarse a los estándares legales vigentes, en particular al derecho constitucional a un ambiente sano, la Ley General del Ambiente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, como el Acuerdo de Escazú.
Críticas al nuevo esquema de participación
El planteo judicial cuestiona la decisión de las autoridades de las comisiones intervinientes de limitar la participación a la presentación de videos grabados en una plataforma privada. Según advierten, esta modificación altera las condiciones bajo las cuales miles de personas se inscribieron originalmente y restringe de manera sustancial el acceso a la palabra.
En concreto, señalan que el formato propuesto no sólo cambia las reglas del proceso, sino que además desincentiva la participación efectiva, ya que no todas las personas que no puedan exponer en los días previstos enviarán sus intervenciones en video.
La preocupación se profundiza frente al volumen de inscriptos: más de 85.000 personas. De acuerdo con las estimaciones incluidas en la presentación judicial, el esquema actual —limitado a dos días— permitiría la exposición de apenas unas 200 personas, es decir, menos del 0,3% del total. Para las organizaciones, esto “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.
Un debate con alta demanda social
Desde los espacios firmantes subrayaron que la masiva inscripción refleja el interés público en torno a una norma clave para la protección de los glaciares y el acceso al agua. En ese sentido, remarcaron que el diseño del proceso participativo debe estar a la altura de esa demanda social.
Entre los puntos solicitados a la Justicia se destacan:
Finalmente, las organizaciones advirtieron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. En esa línea, enfatizaron que la audiencia pública forma parte del debido proceso democrático y no constituye una instancia discrecional, sino un derecho que debe ser plenamente garantizado.
