La Política AmbientalEl impacto de los conflictos armados en Medio Oriente ya no se mide únicamente en términos geopolíticos o humanitarios. Una investigación reciente del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente pone en evidencia una dimensión menos visible pero igualmente crítica: el daño ambiental acumulado y sus efectos directos sobre la salud de millones de personas.
Hasta el 10 de marzo, el informe relevó al menos 232 incidentes en países como Irán, Irak y distintos Estados del Golfo. Entre ellos se registraron incendios, focos de calor detectados en tiempo real y episodios de “lluvia negra”, un fenómeno que implica la caída de partículas contaminantes —como hollín y metales pesados— sobre zonas urbanas y áreas productivas. Este tipo de eventos no solo agrava la contaminación del aire, sino que también compromete suelos, cultivos y fuentes de agua.
El relevamiento también documenta ataques a infraestructura energética estratégica. Al menos 30 instalaciones petroleras fueron alcanzadas, generando episodios de contaminación aguda con impacto directo sobre poblaciones cercanas. A esto se suma la liberación de líquidos tóxicos en complejos vinculados a sistemas de misiles y derrames en el mar, como la mancha de aproximadamente 20 kilómetros generada tras el hundimiento de la fragata Dena.
El escenario adquiere mayor gravedad si se observa la fragilidad de los ecosistemas afectados. El Estrecho de Ormuz y las aguas del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán constituyen una de las zonas marinas más sensibles del planeta. Allí conviven arrecifes de coral, manglares y praderas marinas que cumplen funciones ecológicas esenciales como refugio de biodiversidad, regulación de nutrientes y sostén de cadenas alimentarias. Además, se trata de una ruta clave para la migración de mamíferos marinos.
Pero el valor ambiental de la región no es el único factor en juego. Por el Estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte a la zona en un punto neurálgico del comercio energético global. Esta doble condición —ambiental y estratégica— amplifica los riesgos de cualquier incidente.
Más allá de los daños inmediatos, el informe introduce un aspecto estructural que suele quedar fuera del debate: el peso del sector militar en la crisis climática. Según estimaciones basadas en datos de 2023, las fuerzas armadas y la industria militar podrían representar entre el 4% y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Un promedio del 6% equivale a unas 2.253 millones de toneladas de CO₂ anuales, una cifra comparable a la de países altamente industrializados.
Sin embargo, este impacto permanece en gran medida invisibilizado en los mecanismos internacionales de control climático. Aunque acuerdos como el Acuerdo de París obligan a los Estados a reportar sus emisiones totales, no existe una exigencia específica de transparentar las emisiones militares. Este vacío normativo limita la capacidad de dimensionar el verdadero alcance de la huella ambiental de los conflictos armados.
En ese marco, la investigación no solo documenta daños concretos, sino que expone una tensión de fondo: mientras la agenda climática global avanza en compromisos formales, una porción significativa de las emisiones y de los impactos ambientales vinculados a la guerra continúa fuera del radar regulatorio. El costo ambiental de los conflictos, advierten los especialistas, no es colateral. Es estructural, acumulativo y, en gran medida, invisibilizado.
