Urgente: se aprobó la modificación de la Ley de Glaciares en medio de protestas y fuerte tensión social

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la modificación de la Ley de Glaciares en una sesión atravesada por protestas en todo el país y denuncias de represión, abriendo un nuevo escenario de conflicto ambiental, político y judicial en la Argentina.

El proyecto obtuvo media sanción con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una votación marcada por la paridad y definiciones de último momento.

Qué se aprobó

La reforma habilita la posibilidad de desarrollar actividades extractivas, como la minería y la explotación de hidrocarburos, en zonas que hasta ahora se encontraban protegidas por la legislación vigente.

Esto implica un cambio sustancial en el esquema de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática.

Una jornada atravesada por protestas y represión

La sesión se desarrolló en paralelo a una jornada federal de movilizaciones en defensa de los glaciares y el agua, con acciones en múltiples provincias y una fuerte concentración frente al Congreso.

En la Ciudad de Buenos Aires se registraron momentos de tensión y represión a manifestantes que se movilizaban contra la reforma.

El escenario fue aún más crítico en Mendoza, donde las protestas también fueron reprimidas y, según denunciaron organizaciones locales, todavía hay personas detenidas por participar de las manifestaciones en defensa del agua.

Una participación masiva, pero limitada

La aprobación del proyecto se da luego de audiencias públicas que marcaron un récord de participación: cerca de 100.000 personas se inscribieron para exponer su postura.

Sin embargo, el proceso fue fuertemente cuestionado debido a que menos de 200 personas pudieron efectivamente tomar la palabra, lo que generó críticas por la falta de participación real en una discusión de alto impacto ambiental.

Riesgos legales y advertencias de judicialización

Desde el Gobierno se sostiene que la modificación busca brindar “seguridad jurídica” para el desarrollo de inversiones. Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que el efecto podría ser el contrario.

La reforma abre la puerta a una posible ola de judicialización en todo el país, ya que la reducción de áreas protegidas podría ser considerada contraria a la Constitución Nacional, particularmente en relación al principio de no regresión ambiental.

Además, la iniciativa podría entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.

A esto se suma la falta de consulta a comunidades originarias. Según organizaciones y referentes territoriales, no se cumplió con el derecho a la consulta libre, previa e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, lo que podría derivar en nuevos reclamos judiciales y conflictos territoriales.

Un conflicto que recién empieza

Actualmente, las áreas protegidas por la Ley de Glaciares representan apenas alrededor del 0,2% del territorio nacional, un dato que refuerza el argumento de quienes consideran que la reforma implica un retroceso significativo en materia ambiental.

Lejos de cerrar el debate, la aprobación del proyecto abre un escenario de creciente conflictividad social, política y judicial.

Con movilizaciones en las calles, posibles presentaciones judiciales en múltiples jurisdicciones y el rechazo de comunidades, la modificación de la Ley de Glaciares marca un punto de inflexión cuyo impacto comenzará a desplegarse en todo el país en los próximos meses.