La Política AmbientalEn la última década, Argentina perdió más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos. Ese número —que resume el deterioro acumulado— aparece como referencia en un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones penales para quienes dañen estos ecosistemas.
La iniciativa, impulsada por el senador Martín Soria junto a otros legisladores nacionales, plantea la creación de un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo. El objetivo es tipificar de manera específica conductas como la tala, el desmonte y la degradación ambiental, con penas que, en los casos más graves, pueden alcanzar entre 3 y 10 años de prisión.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la ampliación de responsabilidades. No solo apunta a quienes ejecutan desmontes ilegales, sino también a funcionarios públicos que los habiliten de manera irregular. En esos casos, además de las sanciones penales, se prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El texto incorpora agravantes concretos: cuando las acciones tengan fines económicos, cuando generen riesgos para la vida humana o cuando produzcan impactos severos sobre la salud pública. También se contemplan situaciones en las que el daño derive en procesos de erosión del suelo o alteraciones en el régimen hídrico, efectos frecuentes en regiones sometidas a desmontes intensivos.
La redacción es amplia en cuanto a las conductas alcanzadas. Se sancionaría a quien “intencionalmente tale, desmonte, destruya o degrade por cualquier medio, en forma total o parcial, un bosque nativo”, incluso si se trata de actividades que exceden autorizaciones previas o incumplen normativas vigentes.
Los fundamentos del proyecto se apoyan en datos recientes. Además de la pérdida acumulada de superficie boscosa, mencionan los incendios que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, afectaron más de 32.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo áreas protegidas y parques nacionales. Ese escenario es presentado como evidencia de un proceso de deterioro sostenido y de la insuficiencia de las herramientas actuales.
En ese punto, los autores señalan limitaciones estructurales del Estado: recortes presupuestarios, menor capacidad operativa y dificultades de coordinación con las provincias. La consecuencia, sostienen, es un sistema que llega tarde o resulta ineficaz frente a daños que muchas veces son irreversibles.
El proyecto retoma intentos legislativos anteriores que no lograron avanzar y se inspira en esquemas adoptados en otros países de la región. La apuesta es incorporar el derecho penal como complemento de la normativa ambiental vigente, bajo la premisa de que las sanciones económicas no alcanzan para desalentar estas prácticas.
“Aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”, advierte el texto. La propuesta, entonces, busca modificar ese esquema: pasar de un sistema predominantemente administrativo a uno que incorpore consecuencias penales efectivas para conductas que hoy se repiten con relativa impunidad.
El debate de fondo no es solo jurídico. Lo que está en discusión es si el ordenamiento actual puede frenar un proceso de degradación que, medido en hectáreas, ya es significativo, pero que en términos ecológicos puede ser mucho más difícil de revertir.
