La Política AmbientalLa reforma de la Ley de Glaciares ya es un hecho. Fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y, a menos de 24 horas de su sanción, abrió un nuevo frente: la judicialización. El gobernador de La Pampa presentó un amparo con medida cautelar para frenar su aplicación, mientras el Gobierno nacional ajusta una estrategia para defender la norma en tribunales.
El oficialismo logró la aprobación con 137 votos, después de haber conseguido previamente la media sanción en el Senado. La iniciativa modifica la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciares, y habilita un esquema con mayor intervención de las provincias en la definición de qué áreas deben ser protegidas.
Ese punto es el núcleo del conflicto. La nueva redacción limita la protección estricta a aquellos glaciares que cumplan funciones hídricas específicas, una condición que deberá ser evaluada por cada jurisdicción. En la práctica, introduce un margen de discrecionalidad que antes no existía y abre la puerta a criterios diferenciados en territorios con fuerte presencia minera.
El cambio no es solo administrativo. También altera el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que pasa de tener un peso técnico central a una función más acotada, vinculada al registro y consulta del inventario de glaciares. La decisión final sobre qué proteger queda, en los hechos, en manos provinciales.
En paralelo, el esquema de control ambiental también se redefine. Se abandona el sistema de prohibiciones generales y se avanza hacia evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. Esto implica que actividades antes vedadas podrían autorizarse si superan esos procedimientos, lo que introduce una lógica más flexible y, al mismo tiempo, más discutida.
La reacción fue inmediata. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó un amparo para suspender la aplicación de la ley. El argumento central es el impacto potencial sobre el agua: según el gobierno provincial, la reforma podría afectar el caudal del río Colorado, del que depende una parte significativa del abastecimiento para la población.
Desde la Casa Rosada, en cambio, descartan esos cuestionamientos y se preparan para sostener la constitucionalidad de la norma. La estrategia judicial está siendo elaborada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, en un esquema que se mantiene bajo reserva. La lectura oficial es que el proceso legislativo fue válido y que la ley cuenta con respaldo político suficiente para resistir las impugnaciones.
En ese marco, el Gobierno asume que la judicialización era previsible. La reforma toca intereses sensibles: minería, gestión del agua y distribución de competencias entre Nación y provincias. También reconfigura un principio clave del derecho ambiental argentino, al pasar de una protección estructural a un esquema condicionado a evaluaciones técnicas posteriores.
Lo que viene ahora no se va a resolver en el Congreso, sino en los tribunales. La discusión ya no gira solo sobre qué protege la ley, sino sobre quién tiene la potestad de decidirlo y bajo qué criterios.
