La Política Ambiental
El Gobierno nacional avanza con una reforma de la Ley de Manejo del Fuego, una norma aprobada en 2020 para impedir que los terrenos afectados por incendios puedan cambiar rápidamente de uso. La idea oficial es avanzar rápidamente en comisiones y sumar esta iniciativa al paquete de cambios vinculados a la propiedad privada, el uso de la tierra y la flexibilización de regulaciones sobre actividades productivas durante las próximas semanas y apunta a que el proyecto llegue al Senado antes de Mayo.
La iniciativa aparece como parte de una serie de reformas orientadas a reducir regulaciones sobre el uso de la tierra y facilitar nuevas inversiones privadas en sectores como el agro, la energía, la minería y el negocio inmobiliario. Dentro de ese paquete también aparece la intención oficial de modificar la Ley de Tierras Rurales, que hoy limita la compra de campos por parte de extranjeros.
Ambas medidas forman parte de una misma estrategia: habilitar más rápido el uso económico de tierras afectadas por incendios y facilitar su venta a inversores privados del exterior, poniendo en riesgo la soberanía nacional.
La Ley 27.604 fue sancionada en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, e impulsada en el Congreso por Máximo Kirchner. La norma surgió en medio de una de las peores temporadas de incendios de las últimas décadas, cuando se quemaron humedales en el Delta del Paraná, islas, bosques y campos en distintas provincias. El objetivo fue evitar que el fuego se utilizara para bajar el valor de la tierra, habilitar loteos, desmontes o cambiar el uso de suelos protegidos.
La Ley de Manejo del Fuego determina que, si un bosque nativo, un humedal, una zona agrícola o un campo productivo se incendia, no puede modificarse el uso de ese terreno durante un largo período de tiempo.
En el caso de bosques nativos o áreas naturales, la prohibición para realizar cambios de uso del suelo es de 60 años. Eso significa que no pueden autorizarse loteos, urbanizaciones, emprendimientos inmobiliarios, desmontes, infraestructura, minería o nuevas actividades económicas sobre esos territorios.
Para zonas agrícolas, ganaderas o bosques implantados, la restricción es de 30 años. Durante ese tiempo tampoco se puede cambiar el destino productivo de la tierra ni avanzar con negocios vinculados al mercado inmobiliario.
La Ley 26.737 fue sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de fuerte preocupación por la extranjerización de la tierra y por el avance de empresarios y fondos extranjeros sobre territorios estratégicos. La norma surgió luego de años de debate por la compra de grandes extensiones en la Patagonia, el norte argentino y zonas con acceso a agua dulce, lagos, glaciares y áreas de frontera.
La Ley de Tierras Rurales limita la compra de campos por parte de personas, empresas o fondos extranjeros.
La norma establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de todas las tierras rurales del país. Ese mismo límite del 15% también se aplica en cada provincia y en cada municipio.
Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo. Es decir, una sola nacionalidad no puede quedarse con la mayor parte de las tierras habilitadas para extranjeros.
La ley también fija límites por persona o empresa. Un extranjero no puede tener más de mil hectáreas en la llamada zona núcleo, es decir, en las tierras más productivas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Sin embargo, ese límite cambia según la región. En zonas áridas, montañosas o patagónicas, donde la productividad es menor, la cantidad permitida puede ser mucho más alta. En algunos casos puede equivaler a miles de hectáreas.
Otro punto central es que los extranjeros tienen prohibido comprar tierras que contengan o estén ubicadas sobre grandes cuerpos de agua permanentes y significativos. Eso incluye ríos, lagos, glaciares, acuíferos, humedales, esteros y otras reservas hídricas. Tampoco pueden adquirir inmuebles rurales ubicados en zonas de frontera.
La posible reforma de ambas normas no debe analizarse por separado. La preocupación aparece cuando se observa cómo podrían funcionar juntas.
Si se eliminan las restricciones de 30 y 60 años sobre tierras incendiadas, esos terrenos podrían volver rápidamente al mercado y quedar habilitados para nuevos usos productivos, inmobiliarios, energéticos o extractivos. Y si al mismo tiempo se flexibiliza la Ley de Tierras Rurales, esas mismas superficies podrían ser compradas por empresas, fondos de inversión o particulares extranjeros.
En la práctica, esto podría facilitar que campos afectados por incendios terminen en manos privadas del exterior y sean utilizados para agricultura intensiva, desarrollos inmobiliarios, minería, forestación, explotación petrolera o grandes proyectos energéticos extranjeros.
Las mayores preocupaciones aparecen en zonas estratégicas como la Patagonia, la cordillera, el norte argentino y regiones con acceso a agua dulce, litio, cobre, petróleo, gas, bosques nativos y glaciares. Para distintos sectores, permitir que esas tierras se vendan más fácilmente después de incendios implica un riesgo para la soberanía territorial y para el control de recursos considerados clave para el futuro del país.
Desde el Gobierno aseguran que la Ley de Manejo del Fuego perjudica a productores rurales que sufren incendios accidentales y luego quedan atados a restricciones que les impiden volver a trabajar o recuperar económicamente sus campos.
Según esta mirada, la reforma permitiría que quienes perdieron producción o infraestructura puedan reutilizar sus tierras sin esperar décadas.
En paralelo, el oficialismo sostiene que la Ley de Tierras Rurales también representa una traba para nuevas inversiones y limita la llegada de capital extranjero al sector agropecuario.
Para sectores ambientales, el cambio representa un nuevo avance del lobby agropecuario sobre normas de protección ambiental. Advierten que flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego favorecería principalmente a grandes productores, desarrolladores inmobiliarios y sectores vinculados al agronegocio, que podrían volver a utilizar rápidamente tierras incendiadas para expandir cultivos, ganadería o negocios privados.
Las críticas también apuntan a que esta reforma llega poco después del impulso oficial para modificar la Ley de Glaciares, una medida que fue interpretada como un beneficio directo para el lobby minero y petrolero. En ambos casos, organizaciones ambientales denuncian que el Gobierno busca reducir controles y habilitar actividades económicas en territorios sensibles.
Distintos sectores sostienen que flexibilizar la ley puede volver a convertir al fuego en una herramienta para cambiar el uso del suelo. Señalan que incendios intencionales podrían ser utilizados para abrir paso a nuevos emprendimientos inmobiliarios, expansión ganadera, desmontes o nuevos desarrollos agrícolas.
También remarcan que la discusión llega en un contexto de incendios cada vez más frecuentes y destructivos, agravados por las sequías, las altas temperaturas y el cambio climático.
La reforma de la Ley de Manejo del Fuego vuelve a enfrentar dos posiciones: quienes creen que la norma actual frena la recuperación económica de productores afectados y quienes sostienen que debilitarla puede generar más incendios y menos protección ambiental.
