La Política Ambiental
El debate ambiental volvió a encenderse en el norte del país. Organizaciones socioambientales, técnicos y sectores de la oposición alertan por intentos de modificar la Ley de Bosques Nativos que podrían traducirse en una flexibilización de controles sobre desmontes, en un contexto donde la deforestación ya muestra señales de crecimiento sostenido.
El foco de la preocupación está puesto en la provincia de Chaco, donde distintas voces advierten que los cambios en discusión habilitarían intervenciones en zonas actualmente protegidas o con restricciones de uso.
Las modificaciones impulsadas buscan reconfigurar los criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos. En términos concretos, se cuestiona la posibilidad de revisar categorías de conservación —especialmente las zonas amarillas y rojas— que hoy limitan o prohíben el desmonte.
Desde el gobierno provincial, encabezado por Leandro Zdero, no hubo una confirmación explícita de un cambio estructural en la ley, pero sí señales de alineamiento con la agenda nacional en materia productiva. Ese posicionamiento es interpretado por organizaciones ambientalistas como una apertura a flexibilizar regulaciones para expandir la frontera agropecuaria.
El debate no se da en abstracto. Según relevamientos recientes difundidos por organizaciones como Greenpeace, durante 2025 se registró un aumento de la deforestación en provincias clave del norte argentino, entre ellas Santiago del Estero, Salta, Formosa y la propia Chaco.
El dato es relevante porque estas jurisdicciones concentran buena parte del bosque nativo remanente del país, en particular del Gran Chaco, uno de los ecosistemas más amenazados de América Latina.
Especialistas advierten que cualquier flexibilización normativa podría consolidar un escenario de mayor presión sobre los bosques. La Ley de Bosques, sancionada en 2007, estableció un sistema de protección basado en el ordenamiento territorial y en la asignación de fondos para la conservación. Sin embargo, su implementación ha sido históricamente desigual y con financiamiento insuficiente.
En este contexto, modificar los criterios de protección sin fortalecer los mecanismos de control y monitoreo podría traducirse en un aumento de desmontes legales e ilegales.
La discusión vuelve a poner en tensión dos modelos: uno orientado a la expansión productiva y otro centrado en la conservación de ecosistemas estratégicos. En el medio, aparecen las comunidades locales, los impactos sobre la biodiversidad y el rol de los bosques como reguladores climáticos.
El escenario es dinámico. Mientras avanzan los planteos para revisar la normativa, crecen las advertencias sobre sus posibles efectos. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el equilibrio entre producción, ambiente y territorio en una de las regiones más sensibles del país.
