La Política Ambiental
Después de más de dos décadas de denuncias, movilizaciones y causas judiciales, Atanor comenzó a desmantelar su planta industrial de San Nicolás de los Arroyos. La salida de la empresa representa una victoria histórica para los habitantes de los barrios linderos, aunque no pone fin al conflicto ambiental generado por décadas de producción de agroquímicos en pleno radio urbano.
La fábrica, perteneciente al grupo multinacional Albaugh LLC, producía sustancias como glifosato, atrazina y 2,4-D. Durante años, vecinos de Los Fresnos y Barrio Química denunciaron olores intensos, emisiones, vuelcos de efluentes, enterramientos de residuos peligrosos y numerosos problemas sanitarios que atribuían a la actividad industrial.
El retiro comenzó a hacerse visible a principios de junio, cuando camiones cargados con grandes tambores y equipos salieron del establecimiento. Para quienes sostuvieron el reclamo durante años, la escena confirmó que la producción no volvería a funcionar en ese lugar.
El hecho que marcó un punto de quiebre ocurrió durante la madrugada del 20 de marzo de 2024, cuando explotó un reactor utilizado en la producción de atrazina. Habitantes de los barrios cercanos denunciaron irritación en los ojos y la garganta, olores penetrantes y la caída de partículas blancas sobre viviendas, calles y veredas.
Tras el episodio, la Justicia dispuso la clausura preventiva total de la planta. El establecimiento no volvió a producir y la compañía inició posteriormente el proceso de relocalización de sus operaciones hacia otras instalaciones ubicadas en Pilar, provincia de Buenos Aires, y Río Tercero, Córdoba.
La explosión no fue, sin embargo, el inicio del conflicto. Vecinos recuerdan episodios de contaminación desde la década de 1990 y aseguran que durante años convivieron con un aire difícil de respirar. En ese contexto elaboraron el denominado “Mapa de la muerte”, un relevamiento comunitario que registró más de 200 fallecimientos por cáncer en las inmediaciones de la planta. Se trata de un registro vecinal que expone la gravedad de la preocupación sanitaria, aunque la relación causal individual debe ser determinada mediante estudios epidemiológicos y periciales.
Las primeras denuncias formales cobraron fuerza en 2009, cuando trabajadores de la empresa alertaron sobre el supuesto enterramiento de residuos peligrosos y el vertido clandestino de efluentes hacia las barrancas del río Paraná. Esos hechos dieron lugar a actuaciones en los fueros provincial y federal.
En el marco de un amparo ambiental, la Justicia bonaerense tuvo por acreditados daños sobre el suelo y graves irregularidades vinculadas con el tratamiento y control de los efluentes. También ordenó evaluaciones de riesgo, monitoreos periódicos y controles específicos sobre sustancias utilizadas por la compañía.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Nicolás estableció además una indemnización sustitutiva de 150 millones de pesos por la afectación ambiental que consideró irreversible. El fallo aplicó el principio según el cual las empresas deben asumir los costos ambientales de su actividad y no trasladarlos a la sociedad.
La investigación penal federal también avanzó durante 2026. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó recibir declaración indagatoria a seis representantes de Atanor y a ocho funcionarios pertenecientes a organismos provinciales de control, por su presunta responsabilidad en la contaminación del río Paraná.
El expediente analiza posibles infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos, delitos contra la salud pública e incumplimientos de deberes por parte de funcionarios. En paralelo, continúa una causa penal provincial por la explosión de 2024, además de procesos civiles y administrativos vinculados con la construcción y habilitación de instalaciones dentro del predio.
El desmantelamiento de la fábrica abre una etapa especialmente sensible: la caracterización del pasivo ambiental. Será necesario determinar qué sustancias permanecen en el suelo, el agua subterránea, los sedimentos y las instalaciones, cuál es su extensión y qué medidas deberán adoptarse para evitar nuevos riesgos.
El cierre físico de una planta no equivale a la recomposición del ambiente. La remediación exige estudios independientes, información pública, control estatal y un plan con plazos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento. De lo contrario, existe el riesgo de que Atanor retire sus equipos y deje en San Nicolás los costos ambientales acumulados durante décadas.
Representantes del Foro Medio Ambiental de San Nicolás advirtieron que la empresa y los organismos provinciales habrían minimizado la dimensión del daño. También denunciaron nuevos episodios de contaminación durante las tareas de desarme, por lo que reclaman una fiscalización más rigurosa del Ministerio de Ambiente bonaerense y de la Autoridad del Agua.
El Estado provincial informó oportunamente que intervino después de la explosión y mantuvo reuniones con habitantes de la zona. Sin embargo, persisten los reclamos por el acceso a los estudios, el control de las tareas y la definición de un programa integral de saneamiento.
Para los vecinos, la salida de Atanor demuestra que la organización comunitaria puede enfrentar a una compañía de gran poder económico. Durante años, quienes denunciaron la contaminación fueron acusados de oponerse al trabajo y al desarrollo industrial. El conflicto expuso una falsa disyuntiva entre empleo y ambiente: ninguna fuente laboral debería sostenerse a costa de la salud de la población o de la degradación de un río.
La partida de la empresa constituye un precedente relevante, pero la batalla ambiental no terminó. El desafío será impedir que el predio quede abandonado, exigir el cumplimiento de las sentencias y garantizar que la remediación sea financiada por quienes generaron el daño.
San Nicolás comienza a despedirse de Atanor. Sin embargo, la verdadera reparación solo llegará cuando se conozca la magnitud completa de la contaminación, se saneen los sitios afectados y las responsabilidades empresariales y estatales sean determinadas definitivamente por la Justicia.
