La Política Ambiental
El gobierno de Javier Milei acelera el proceso para concesionar AySA con un objetivo central: conseguir dólares en un contexto de fuerte presión por la deuda. La operación podría implicar ingresos estimados entre 400 y 500 millones de dólares, lo que ubica a la empresa como una pieza clave dentro de la estrategia oficial de transformar activos públicos en liquidez inmediata. Sin embargo, el foco del debate no está solo en lo económico, sino en el tipo de recurso que se pone en juego: el agua.
AySA no es una empresa menor. Es la principal prestadora de agua potable y saneamiento del país, con cobertura para más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La concesión implicaría ceder el control operativo a manos privadas por un período de largo plazo, lo que en la práctica significa transferir la gestión de un servicio esencial para la vida cotidiana y la salud pública.
Detrás de la medida aparece con claridad el objetivo financiero. El gobierno busca generar divisas para afrontar compromisos externos y aliviar la presión sobre las cuentas públicas. En ese esquema, la privatización de empresas estatales se convierte en una herramienta directa para obtener dólares.
Ahí es donde surge la crítica más fuerte: la idea de que un servicio básico como el agua sea utilizado como vía para pagar deuda.
El servicio de agua en el país tiene un recorrido marcado por cambios de modelo. Durante gran parte del siglo XX estuvo en manos de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), una empresa estatal.
En la década del 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, el sistema fue privatizado y pasó a manos de Aguas Argentinas, un consorcio con fuerte presencia de capitales extranjeros.
Ese esquema generó conflictos: aumentos tarifarios, problemas en la calidad del servicio y cuestionamientos por falta de inversión. Con el tiempo, el modelo entró en crisis.
En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió rescindir la concesión y reestatizar el servicio, creando AySA bajo control estatal. A partir de ahí, el objetivo fue ampliar la cobertura y recuperar la gestión pública.
El proceso actual vuelve a poner sobre la mesa ese recorrido. Para muchos sectores, la iniciativa del gobierno implica reabrir un ciclo que ya mostró problemas en el pasado.
La diferencia es el contexto. Hoy la urgencia económica es mayor y la necesidad de dólares aparece como motor central. En ese escenario, el agua vuelve a quedar en el centro de una decisión que prioriza el ingreso inmediato de divisas.
Otro de los puntos más sensibles es el impacto que podría tener la privatización en las tarifas. Los esquemas de concesión suelen incluir revisiones periódicas que garanticen rentabilidad a las empresas operadoras.
Esto podría traducirse en aumentos en el costo del servicio y en mayores restricciones frente a la falta de pago. En un contexto social complejo, crece la preocupación por el acceso al agua para los sectores más vulnerables.
El eje más profundo del debate es el carácter del agua. No se trata de un servicio cualquiera, sino de un recurso vital, limitado y estratégico, clave para la salud, el ambiente y el desarrollo económico.
Por eso, su gestión siempre estuvo atravesada por discusiones políticas. Transferir su control al sector privado implica, para muchos, pasar de una lógica de derecho básico a una lógica de mercado.
La privatización de AySA deja de ser solo una medida económica para convertirse en una discusión estructural. El gobierno la presenta como parte de un plan de ordenamiento fiscal, mientras que sus críticos advierten que se está avanzando sobre un recurso esencial para obtener dólares.
En ese cruce, la pregunta vuelve a aparecer con fuerza: si el agua debe ser gestionada como un negocio o garantizada como un derecho.
