Ley de Tierras: Bullrich anunció cambios clave mientras el tema Moyano se llevaba toda la atención

Mientras los principales medios del país estaban concentrados en el escándalo alrededor de Facundo Moyano y su pareja, Patricia Bullrich anunciaba en el Senado cambios importantes en la Ley de Tierras. El problema es que ese anuncio pasó bastante desapercibido. La conferencia no tuvo una transmisión completa que pudiera seguirse en vivo y tampoco aparece publicada completa en YouTube ni en Senado TV. Lo que podemos encontrar son fragmentos y declaraciones que contaron los medios que estuvieron en el lugar.

Y esto llama la atención porque no estamos hablando de cualquier anuncio. Se presentaron cambios a una ley que puede modificar cuánto territorio argentino puede quedar en manos de extranjeros y que el Senado volverá a discutir este jueves 6 de agosto. En una época en la que prácticamente todo queda grabado y disponible en internet, resulta bastante raro que no podamos sentarnos a ver la conferencia completa y escuchar directamente qué dijo Bullrich. Esto, por sí solo, no permite hablar de censura, pero sí deja una pregunta válida: ¿por qué una conferencia tan importante no quedó disponible completa para que cualquiera pueda verla?

Y lo que se anunció es importante.

Del 15% al 25%: el cambio que busca el Gobierno

La Ley 26.737 establece actualmente que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también funciona sobre el territorio de cada provincia y existen otras restricciones para determinadas zonas de frontera y para inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua importantes.

El Gobierno de Javier Milei había planteado originalmente algo mucho más fuerte: eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El problema fue que el proyecto no consiguió los votos necesarios para avanzar. Después de varias negociaciones con senadores y gobernadores aliados, el oficialismo decidió cambiar su propuesta y ahora busca mantener un límite, pero elevarlo del 15% al 25%.

Patricia Bullrich fue la encargada de anunciar este cambio y reconoció que la votación será muy ajustada. Esto también permite entender por qué apareció el nuevo porcentaje: el 25% es parte de la negociación que está haciendo el Gobierno para conseguir los votos que necesita. No era el objetivo original de la reforma, sino una alternativa para evitar que el proyecto quedara trabado en el Senado.

¿Qué significa pasar del 15% al 25%?

Para entender la discusión hay que mirar más allá del porcentaje. Cuando hablamos de tierras rurales no hablamos únicamente de campos utilizados para producir soja, trigo o carne. En esas tierras también puede haber bosques nativos, humedales, lagunas, acuíferos, ríos y otros ecosistemas que cumplen funciones fundamentales para el ambiente.

Además, algunas propiedades pueden estar ubicadas en zonas de frontera o cerca de recursos naturales estratégicos. Por eso, la discusión no debería ser solamente cuántas hectáreas pueden quedar en manos extranjeras, sino también dónde están esas hectáreas y qué importancia tienen para el país.

El Gobierno sostiene que una mayor libertad para comprar tierras puede atraer inversiones y aumentar la producción. Y nadie discute que Argentina necesita inversiones. El problema es que invertir en Argentina y comprar grandes extensiones de territorio argentino no son necesariamente la misma cosa. Una empresa extranjera puede instalar una fábrica, construir infraestructura o desarrollar un proyecto productivo sin necesidad de convertirse en propietaria de miles de hectáreas.

Elon Musk, Trump y las tierras argentinas

La discusión puede entenderse mejor con ejemplos. Con la legislación actual, Elon Musk, Donald Trump o cualquier otro extranjero no pueden venir a Argentina y comprar millones de hectáreas sin ningún tipo de límite. La Ley de Tierras establece restricciones justamente para evitar una concentración ilimitada de la propiedad rural en manos extranjeras.

El proyecto que impulsa ahora el Gobierno no significa que una sola persona pueda comprar automáticamente el 25% de Argentina. Pero sí aumenta de manera importante el margen permitido para la propiedad extranjera. Y ese cambio puede tener consecuencias especialmente importantes en determinadas regiones del país.

El oficialismo plantea que poner menos trabas permite que llegue más capital. Pero la pregunta que debería hacerse el Congreso es si para atraer esas inversiones es necesario ampliar el porcentaje de tierras que pueden quedar en manos extranjeras. Porque una cosa es que una empresa extranjera invierta, genere empleo y produzca en Argentina y otra es que pueda concentrar enormes extensiones de territorio.

Argentina ya tiene antecedentes de grandes compras extranjeras

Y esto no es solamente una discusión teórica. Argentina ya tiene antecedentes de grandes compras de tierras por parte de extranjeros.

Uno de los casos que suele aparecer en esta discusión ocurrió en 2008, en La Rioja, cuando el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn adquirió alrededor de 200.000 hectáreas en la zona de Valle Hermoso. La operación fue cuestionada porque incluía el poblado instalado en el lugar, escuelas y una importante reserva de agua dulce de la región.

Otro caso ocurrió en 2017, en Río Negro, cuando el millonario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar, adquirió unas 10.000 hectáreas a través de la empresa Baguales Acquisitions SA.

La propiedad había pertenecido al grupo belga Burco y se encontraba en la zona de la meseta Baguales, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Allí se había proyectado un megaproyecto que incluía tres centrales hidroeléctricas y una residencia privada de grandes dimensiones.

Son casos muy diferentes entre sí y no significan que toda compra extranjera tenga necesariamente un impacto negativo. Pero sirven para entender por qué la ubicación de las tierras y el proyecto que se desarrolla sobre ellas son tan importantes como la cantidad de hectáreas compradas.

¿Dónde hay más tierras extranjeras?

Los datos también muestran que la extranjerización no se distribuye de manera pareja en todo el país.

Entre las provincias con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras aparecen Salta, con el 11,31% de su territorio rural; Misiones, con el 11,29%; y San Juan, con el 10,36%.

Pero cuando se mira lo que ocurre dentro de cada provincia aparecen números todavía más altos.

En Salta, por ejemplo, el departamento San Carlos tiene el 59,82% de sus tierras en manos extranjeras y Molinos llega al 57,79%. En La Rioja, General Lamadrid alcanza el 56,70%; en Neuquén, Lácar llega al 54,17%; y en la provincia de Buenos Aires, el partido de Campana llega al 50,27%.

Estos números muestran algo importante: el problema no se puede entender solamente mirando el porcentaje nacional.

Una provincia puede estar por debajo del límite general, pero al mismo tiempo tener departamentos o partidos donde la presencia extranjera es muy alta.

Por eso, cuando se discute aumentar el límite, también hay que preguntarse qué puede pasar en esas zonas donde la concentración ya es significativa.

¿Cuánta tierra podría quedar en manos extranjeras?

Acá aparece uno de los datos más importantes de toda la discusión.

Si finalmente se aprueba la propuesta de llevar el límite al 25% de la superficie de cada provincia, el máximo legal de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras llegaría a aproximadamente 69,5 millones de hectáreas.

Para dimensionar el número, estamos hablando de una superficie similar a sumar Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Pero hay que hacer una aclaración fundamental: eso no significa que automáticamente se vayan a vender 69,5 millones de hectáreas a extranjeros.

Es el máximo teórico que permitiría el nuevo límite.

La diferencia es importante. La ley no obliga a vender esas tierras ni significa que mañana vayan a cambiar de dueño. Lo que cambia es el techo legal que podría alcanzarse.

Y justamente ahí está la discusión.

Para quienes rechazan la reforma, elevar el límite del 15% al 25% significa abrir la puerta a una cantidad de tierras mucho mayor que la permitida actualmente.

El argumento de Bullrich: “comprar tierra no es comprar soberanía”

Uno de los principales argumentos utilizados por Patricia Bullrich para defender la reforma es que la compra de una propiedad por parte de un extranjero no significa que ese extranjero pase a tener la soberanía sobre ese territorio. La senadora recordó que los recursos naturales pertenecen a las provincias, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.

El planteo tiene una base jurídica: ser dueño de una superficie no significa automáticamente ser dueño del petróleo, el gas, el litio o el agua que pueda existir debajo de ella. Pero la discusión sobre tierras no termina ahí. Quien compra miles de hectáreas también pasa a controlar económicamente una enorme superficie y las actividades que se desarrollan dentro de ella.

Por eso, reducir todo el debate a si “comprar tierra es comprar soberanía” puede ser demasiado simple. La discusión también pasa por la concentración territorial, el acceso a los recursos y el lugar donde están ubicadas esas propiedades.

Bullrich volvió a apuntar contra la Ley de Tierras de 2011

Durante el anuncio, Bullrich volvió a referirse a la Ley 26.737 como la “Ley Máximo Kirchner” y cuestionó el régimen aprobado en 2011. La senadora utilizó como ejemplo el caso de Lázaro Báez y las grandes extensiones de tierra que quedaron vinculadas al empresario en Santa Cruz, para sostener que la legislación vigente no evitó que personas cercanas al poder político concentraran grandes superficies.

Pero hay una aclaración importante. La Ley 26.737 fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Máximo Kirchner no fue el autor de la ley ni era presidente cuando fue aprobada. La expresión utilizada por Bullrich funciona principalmente como una manera de asociar políticamente la ley con el kirchnerismo.

Más allá de esa discusión política, queda una pregunta que el Gobierno debería responder: si el problema que se quiere solucionar son los casos de concentración de tierras vinculados al poder, ¿por qué la respuesta debería ser aumentar el porcentaje de tierras que pueden quedar en manos extranjeras?

El otro cambio que preocupa: la Ley de Manejo del Fuego

La reforma que impulsa el Gobierno tampoco se limita a modificar las reglas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto también introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, además de modificaciones vinculadas con las expropiaciones y la restitución de inmuebles.

El capítulo ambiental merece especial atención porque la legislación actual establece restricciones sobre el cambio de uso de determinadas tierras afectadas por incendios. La idea es evitar que un incendio termine funcionando como una puerta de entrada para cambiar posteriormente el destino de un territorio que fue destruido por el fuego.

Modificar esas reglas en un país que atraviesa incendios forestales todos los años debería generar una discusión mucho más profunda. Argentina ya tiene problemas importantes con la pérdida de bosques, la degradación de ecosistemas y los incendios rurales y forestales. Por eso, cualquier cambio que facilite modificar el destino de una tierra después de un incendio debería estar acompañado de controles claros y fuertes.

El 25% apareció después de que el Gobierno no consiguiera los votos

Este punto es fundamental para entender lo que está pasando en el Senado. El Gobierno de Milei no empezó proponiendo un límite del 25%. Su propuesta original era eliminar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros. Pero cuando quedó claro que no tenía los votos suficientes, comenzó una negociación con sectores que podían acompañar el proyecto.

El resultado fue modificar nuevamente la iniciativa y establecer un límite del 25%. Bullrich reconoció que la votación será muy ajustada y que cada voto será importante. Por eso, el nuevo porcentaje debe entenderse dentro de esa negociación política: el Gobierno está buscando una fórmula que le permita aprobar una reforma que, en su versión original, no tenía los apoyos necesarios.

El problema es que detrás de ese número hay una discusión que puede tener consecuencias durante décadas. Una vez que una tierra cambia de propietario, no es algo que pueda revertirse simplemente modificando una ley. La propiedad privada genera derechos y cualquier intento posterior del Estado de recuperar esas tierras puede terminar en conflictos judiciales y económicos.

Este jueves el Senado vuelve a discutir la reforma

El proyecto volverá a tratarse este jueves 6 de agosto y el oficialismo necesita conseguir los votos para avanzar. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca atraer inversiones, generar producción y terminar con restricciones que considera excesivas, quienes cuestionan el proyecto advierten sobre los riesgos de permitir una mayor concentración de tierras en manos extranjeras.

Y todo esto ocurre después de una jornada en la que el tema quedó bastante relegado frente a la enorme cobertura que tuvo el caso Moyano. Al mismo tiempo, la falta de una transmisión completa y fácilmente accesible del anuncio de Bullrich hizo que buena parte de la información sobre los cambios tuviera que conocerse a través de fragmentos y de las publicaciones de los medios que estuvieron presentes.

No hace falta hablar de censura para que esto sea llamativo. Una reforma que puede cambiar las reglas sobre quién puede ser propietario de millones de hectáreas argentinas merece ser explicada públicamente y de forma completa.

Porque una hectárea no es solamente una hectárea. Puede ser una zona productiva, un bosque, un humedal, una fuente de agua o un territorio ubicado en un lugar estratégico.

Por eso, la discusión no debería ser solamente si el límite tiene que ser del 15% o del 25%.