La Política Ambiental
El Gobierno sufrió un fuerte retroceso político en el Senado y decidió retirar el capítulo más controvertido de su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el apartado que modificaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La decisión fue adoptada este miércoles 5 de agosto durante una reunión encabezada por Patricia Bullrich con representantes de los bloques dialoguistas. La jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta llegó al encuentro sin los votos necesarios para aprobar ese punto y terminó aceptando su exclusión para evitar que naufragara toda la sesión convocada para este jueves.
El Senado continuará este jueves 6 de agosto, desde las 14, con el temario pendiente de la sesión que había pasado a cuarto intermedio. Sin embargo, el capítulo referido a la extranjerización de tierras ya no será sometido a votación.
La Libertad Avanza buscaba avanzar con el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero durante las últimas horas comenzó a perder respaldos decisivos entre los sectores que habitualmente colaboran con el oficialismo.
El punto de quiebre se produjo cuando senadores vinculados a gobernadores cercanos a la Casa Rosada anticiparon que no acompañarían el capítulo sobre tierras rurales.
La salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, vinculadas políticamente con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, decidieron rechazar la propuesta. También se apartó del acompañamiento la neuquina Julieta Corroza, quien responde al gobernador Rolando Figueroa.
A esas negativas se sumaron las resistencias de senadores radicales como Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Desde la UCR reclamaban que el proyecto regresara a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para desarrollar un debate más amplio.
La presión también alcanzó al PRO. La pampeana María Victoria Huala evaluaba no acompañar el capítulo, ante la posibilidad de quedar aislada frente al rechazo de los restantes representantes de su provincia.
Sin capacidad para reunir los 37 votos necesarios, Bullrich aceptó retirar el apartado cuestionado. La maniobra permitió preservar el tratamiento del resto del proyecto, pero dejó expuesta la debilidad parlamentaria del Gobierno en uno de los puntos centrales de la iniciativa.
El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y tramita en el Senado mediante el expediente PE-13/2026. Ingresó formalmente el 27 de marzo y recibió dictámenes en mayo y junio, aunque su tratamiento fue aplazado por la falta de acuerdos.
El capítulo retirado modificaba el régimen aplicable a la adquisición de tierras rurales. El texto establecía una prohibición general para la compra directa por parte de Estados extranjeros, pero admitía operaciones realizadas por personas jurídicas, empresas, uniones transitorias y otras estructuras asociativas.
Incluso contemplaba la adquisición por parte de sociedades con participación estatal extranjera directa o indirecta, siempre que contaran con la autorización de la provincia donde estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
La propuesta representaba una modificación sustancial del régimen establecido por la Ley 26.737, que actualmente fija límites nacionales, provinciales y municipales para la titularidad extranjera de tierras rurales.
La iniciativa despertó cuestionamientos políticos, jurídicos y ambientales por la posibilidad de facilitar la concentración de territorios estratégicos vinculados con fuentes de agua, bosques nativos, minerales, zonas fronterizas, puertos y áreas de alto valor productivo.
El retroceso del oficialismo no respondió solamente a una negociación entre bloques. La controversia por la reforma había generado una creciente reacción social, con cuestionamientos de organizaciones ambientales, sectores académicos, productores, comunidades locales y dirigentes políticos de distintas provincias.
La discusión colocó nuevamente en el centro del debate la relación entre propiedad privada, soberanía territorial y protección de los recursos naturales.
La presión acumulada terminó trasladándose a los gobernadores, que comenzaron a ordenar a sus senadores rechazar el capítulo. La pérdida de esos apoyos dejó al oficialismo ante una derrota segura y obligó a Bullrich a retirar la propuesta antes de llegar al recinto.
La decisión no implica que haya sido retirado el proyecto completo. El Senado continuará discutiendo el resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla modificaciones relacionadas con desalojos, expropiaciones y mecanismos de protección de los bienes privados.
Lo que quedó fuera, al menos de esta instancia parlamentaria, es el apartado destinado a flexibilizar la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.
El Gobierno logró sostener la sesión, pero debió sacrificar uno de los capítulos más importantes de su iniciativa. La marcha atrás representa una señal política significativa: frente al rechazo de las provincias, la movilización social y la falta de votos, el oficialismo no pudo avanzar con la modificación del régimen de tierras rurales.
La discusión de fondo, sin embargo, permanece abierta. El retiro del capítulo impide su aprobación inmediata, pero no garantiza que el Poder Ejecutivo abandone definitivamente su intención de modificar la Ley de Tierras mediante un nuevo proyecto o una futura negociación parlamentaria.
