Santa Cruz defiende su política ambiental tras el fallo que frenó la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno de Santa Cruz salió a fijar posición luego de que la Justicia Federal suspendiera la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia. Desde el Ministerio de Energía y Minería, el titular de la cartera, Jaime Álvarez, buscó llevar tranquilidad y defendió el esquema normativo vigente al asegurar que el territorio cuenta con herramientas propias para resguardar los recursos naturales.

En declaraciones a LU14 Radio Provincia, el funcionario admitió que la decisión judicial “sorprende”, aunque rápidamente marcó una línea política: la provincia, sostuvo, ya dispone de una regulación “pionera” que ordena la actividad productiva sin comprometer áreas sensibles.

El eje de ese argumento es la Ley Provincial N° 3.105 de zonificación minera, sancionada en 2009, incluso antes de la Ley Nacional de Glaciares. Según Álvarez, esa normativa establece con precisión dónde pueden desarrollarse proyectos extractivos y contempla la protección no solo de glaciares, sino también de nacientes de ríos y bosques nativos. “Santa Cruz ha sido pionera en este tipo de legislación”, remarcó.

El ministro insistió en que, bajo el esquema actual, no existen emprendimientos mineros ni hidrocarburíferos en zonas cercanas a glaciares. A su criterio, la planificación territorial vigente actúa como un resguardo suficiente para estos ecosistemas estratégicos. “Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales”, afirmó, en alusión al valor del agua en una región de características áridas.

En paralelo, el funcionario vinculó el debate con la distribución de competencias entre Nación y provincias. Señaló que la reforma de la ley nacional —hoy suspendida en su aplicación local— amplía las facultades provinciales en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales.

Desde esa perspectiva, Álvarez relativizó el impacto del fallo judicial sobre la actividad económica. Sostuvo que la medida no altera el desarrollo productivo en Santa Cruz, dado que el ordenamiento territorial ya excluye zonas consideradas críticas desde el punto de vista ambiental.

El posicionamiento oficial, sin embargo, se inscribe en un escenario más amplio de disputa política y jurídica en torno a la protección de glaciares. Mientras sectores provinciales reivindican la autonomía para gestionar sus recursos, organizaciones ambientales y especialistas vienen advirtiendo que cualquier flexibilización de los estándares nacionales podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

En ese contexto, el mensaje del Ejecutivo santacruceño apunta a consolidar una narrativa de equilibrio: desarrollo económico con resguardo ambiental. “Existe una política clara de protección y desarrollo responsable”, concluyó el ministro, en un intento por despejar cuestionamientos en medio de un debate que sigue abierto en tribunales y en la arena pública.