La Política Ambiental
El presupuesto ambiental en Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. De acuerdo con un informe reciente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), las partidas destinadas a la protección del ambiente registran caídas abruptas, subejecuciones sistemáticas y una redefinición estructural de prioridades en la política pública nacional.
El diagnóstico es contundente: el área ambiental fue degradada tanto en términos institucionales como presupuestarios. En 2025, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación alcanzó el nivel de financiamiento más bajo de los últimos diez años, con una proyección aún más severa para 2026, donde se estima una caída real cercana al 80 %.
El recorte no se limita a una reducción nominal de fondos. Según el informe, múltiples organismos clave no solo recibieron menos recursos, sino que además no ejecutaron completamente los presupuestos asignados.
El caso de la Administración de Parques Nacionales resulta paradigmático: en 2025 dejó sin utilizar más de 13.700 millones de pesos, consolidando una caída real del 39,3 % respecto de 2023. Esta dinámica, lejos de revertirse, se profundizaría en 2026 con nuevas reducciones.
Una situación similar se observa en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, cuya ejecución quedó muy por debajo de lo establecido por la Ley 26.331. El financiamiento efectivo representó apenas una fracción mínima de lo que legalmente correspondería.
En paralelo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó solo el 75,7 % de su presupuesto en 2025, con una fuerte concentración del gasto en el último mes del año, lo que evidencia falencias en la planificación preventiva frente a incendios forestales.
El ajuste también impacta en organismos técnicos clave. El Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, no solo sufrió una caída presupuestaria cercana al 37 % en términos reales, sino que además experimentó una reducción significativa de personal.
Este debilitamiento ocurre en un contexto de creciente necesidad de información climática precisa, lo que introduce un riesgo estructural en la capacidad del Estado para anticipar y gestionar eventos extremos.
El informe destaca además un cambio de orientación en la política energética. Mientras los fondos destinados a energías renovables y eficiencia energética cayeron un 64 % en términos reales, los subsidios al sector hidrocarburífero aumentaron de manera exponencial.
En 2025, las empresas vinculadas a combustibles fósiles recibieron más de 377.000 millones de pesos, una cifra 41 veces superior a la destinada a energías limpias. Para 2026, se proyecta un incremento aún mayor de estos subsidios.
Este viraje se complementa con un aumento récord en la actividad extractiva, particularmente en Vaca Muerta, donde se registró el mayor número de fracturas hidráulicas de la historia, junto con un incremento en la actividad sísmica en la región.
Lejos de responder exclusivamente a restricciones fiscales, el informe plantea que el ajuste ambiental es el resultado de una decisión política deliberada. Como contracara, otras áreas del Estado —como la Secretaría de Inteligencia— incrementaron significativamente su presupuesto.
La consecuencia directa de esta reconfiguración es el debilitamiento del rol estatal como garante del derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En términos estructurales, el escenario plantea un interrogante central: si la reducción del Estado en materia ambiental no implica solo un ajuste presupuestario, sino una redefinición del lugar que ocupa la cuestión ambiental dentro del modelo de desarrollo.
