La Política Ambiental
La detención del cacique Santiago Ramos y de integrantes de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Puente Quemado II volvió a poner en el centro del debate el conflicto territorial indígena en Misiones. Organizaciones sociales y ambientales denunciaron un “desalojo encubierto” y acusaron al Gobierno provincial y a empresas forestales de ejercer presión sobre las comunidades originarias para expulsarlas de sus territorios ancestrales.
El operativo ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando efectivos policiales detuvieron a Santiago Ramos, mburuvicha —cacique— de la comunidad, bajo una acusación de usurpación del territorio que habitan. Ramos fue trasladado a la comisaría de Garuhapé y horas más tarde también fueron llevados otros ocho integrantes de la comunidad, junto a mujeres y niños, en medio de un fuerte despliegue de diez patrulleros.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) calificaron el procedimiento como un “desalojo encubierto” y convocaron a movilizarse en rechazo a la medida. La presión social y la intervención de organizaciones civiles derivaron finalmente en la liberación de las personas detenidas durante la misma jornada.
Según denunció la organización XR Misiones, durante la detención se les tomaron huellas dactilares, se secuestraron teléfonos celulares a los hombres y se iniciaron causas judiciales. También afirmaron que las mujeres y los niños fueron separados del resto de la comunidad durante el procedimiento policial.
Desde el área de Asuntos Guaraníes de Misiones intentaron bajar el tono del conflicto. Francisco Rodríguez, responsable del organismo, sostuvo que “no hubo orden de desalojo” y aseguró que las personas “solo fueron demoradas”. El expediente quedó bajo intervención del juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico, Misiones.
El conflicto territorial tiene un trasfondo más amplio. La comunidad Mbya Guaraní sostiene desde hace años una disputa por el reconocimiento de las tierras que ocupa ancestralmente. Según explicó Rodríguez, varios lotes de la zona nunca fueron incorporados correctamente al relevamiento territorial indígena y la denuncia por “intrusión” habría sido presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff.
Ramos ya había denunciado públicamente a Ruff por desmontes en áreas prohibidas y por avanzar sobre territorios indígenas sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En febrero pasado, el cacique también difundió un video en el que responsabilizaba a la empresa forestal Arauco por incendios y plantaciones de pinos que rodean a la comunidad. Según denunció, desde 2022 el monocultivo forestal avanzó sobre parte de las 333 hectáreas que rodean el asentamiento indígena, pese a que el relevamiento territorial reconoce a la comunidad 659 hectáreas.
El objetivo de Ramos era recuperar parte de esas tierras desmontando los pinos para volver a plantar especies nativas y árboles comestibles que permitieran garantizar la alimentación de la comunidad.
Desde EMIPA responsabilizaron además al Gobierno de Misiones y al organismo provincial de Asuntos Guaraníes por su accionar frente al conflicto. “Nadie es usurpador en su propio territorio”, señalaron en un comunicado, donde remarcaron que el lote en disputa se encuentra dentro del relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160, normativa que reconoce la ocupación ancestral indígena.
Las organizaciones también denunciaron las condiciones de abandono en las que vive la comunidad. XR Misiones afirmó que Tekoa Puente Quemado II se encuentra a 22 kilómetros de la Ruta Nacional 12, sin acceso a agua potable ni energía eléctrica, y que desde hace más de ocho años reclaman obras básicas de infraestructura. “Les niegan el derecho porque los presionan para irse de ahí”, aseguraron.
El conflicto no es aislado. En Puerto Iguazú, la comunidad Mbya Guaraní Fortín Mbororé atraviesa una situación similar vinculada al avance inmobiliario y turístico sobre tierras cercanas a las Cataratas del Iguazú. Allí, familias indígenas denuncian desmontes, alambrados y ocupaciones sobre territorios comunitarios.
Antonio Moreira, integrante de esa comunidad, sostiene que las 270 hectáreas que ocupaban unas 300 familias fueron reduciéndose con el tiempo debido al avance privado. “Entraron, pusieron alambrados y ahora ya llegaron hasta cerca de la casa de mi mamá”, relató.
Moreira también denunció divisiones internas promovidas por intereses externos y cuestionó la falta de respuesta estatal. “Los manipulan para que se peleen entre sí, mientras hacen sus trabajos sucios”, afirmó.
Pese a las dificultades, las comunidades intentan sostener sus prácticas culturales y formas de subsistencia. En Fortín Mbororé desarrollan experiencias de turismo comunitario, huertas y producción de alimentos, aunque también enfrentan problemas de acceso al agua y pérdida constante de monte nativo. “La tierra de mis padres no me la van a poder sacar tan fácil”, aseguró Moreira.
