La Política Ambiental
Un nuevo proyecto legislativo presentado en Chile encendió alarmas entre organizaciones ambientales, científicos y comunidades que defienden los humedales urbanos. La iniciativa propone modificar la actual Ley de Humedales Urbanos para habilitar construcciones e infraestructura en sectores cercanos a estos ecosistemas, algo que distintos sectores consideran un grave retroceso ambiental en medio de la crisis climática.
La propuesta fue impulsada por senadores de distintos sectores de la derecha chilena: Paulina Núñez y Manuel José Ossandón, ambos de Renovación Nacional (RN); Miguel Becker, también ligado a RN; Miguel Ángel Calisto, integrante de Demócratas; y Carlos Kuschel, senador de Renovación Nacional. El proyecto busca introducir cambios a la Ley 21.202, normativa aprobada en 2020 justamente para frenar el avance inmobiliario y urbano sobre humedales considerados estratégicos para la regulación hídrica, la biodiversidad y la mitigación de inundaciones.
El proyecto propone dividir los humedales urbanos en distintas categorías, diferenciando áreas esenciales para el funcionamiento ecológico de otras consideradas “zonas de transición” o de “compatibilidad urbana sustentable”, donde podrían habilitarse proyectos inmobiliarios o de infraestructura.
Los impulsores de la reforma sostienen que la existencia de un humedal urbano no debería impedir automáticamente obras o inversiones en terrenos cercanos, salvo que exista una “afectación significativa” sobre sus funciones ecosistémicas.
Además, la iniciativa busca modificar la Ley de Bases del Medio Ambiente para excluir de evaluación ambiental a determinados proyectos que, según el nuevo criterio propuesto, no generen impactos relevantes sobre el humedal.
La propuesta generó fuertes cuestionamientos porque distintos especialistas advierten que los humedales son ecosistemas extremadamente sensibles y que incluso intervenciones parciales pueden alterar su equilibrio hidrológico y ecológico.
Ambientalistas alertan que flexibilizar restricciones urbanísticas podría abrir nuevamente la puerta a proyectos inmobiliarios sobre ecosistemas que históricamente fueron rellenados, drenados o destruidos por el avance urbano.
En Chile, numerosos humedales urbanos desaparecieron durante décadas debido a la presión inmobiliaria, provocando pérdida de biodiversidad, inundaciones y deterioro de la calidad ambiental en distintas ciudades del país.
La actual Ley de Humedales Urbanos surgió justamente como respuesta a conflictos socioambientales generados por proyectos inmobiliarios en ecosistemas vulnerables.
Uno de los antecedentes más emblemáticos ocurrió en Valdivia, donde vecinos se organizaron contra construcciones sobre el humedal Parque Krahmer. Ese conflicto impulsó la discusión que terminó derivando en la sanción de la Ley 21.202 en enero de 2020.
La normativa permitió incorporar a los humedales urbanos dentro de herramientas de planificación territorial y obligó a que proyectos con potencial impacto ambiental deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Especialistas remarcan que los humedales cumplen funciones fundamentales para las ciudades: absorben excedentes de agua durante lluvias intensas, ayudan a recargar acuíferos, regulan temperaturas y funcionan como refugio para cientos de especies.
También son considerados ecosistemas clave frente al cambio climático por su capacidad para almacenar carbono y amortiguar eventos extremos.
Por eso, organizaciones ambientales cuestionan que el proyecto avance en un contexto de creciente crisis hídrica, olas de calor e inundaciones urbanas cada vez más frecuentes.
Uno de los principales temores es que la flexibilización legal termine beneficiando principalmente a desarrollos inmobiliarios y grandes inversiones urbanas en terrenos ambientalmente sensibles.
Desde sectores ambientalistas sostienen que la redacción del proyecto deja márgenes ambiguos sobre qué se considerará una afectación “significativa”, lo que podría facilitar autorizaciones para construir en áreas actualmente protegidas.
También advierten que excluir proyectos de la evaluación ambiental podría debilitar uno de los principales mecanismos de control sobre actividades con impacto ecológico.
Mientras sectores empresariales y parte del mundo político insisten en que Chile necesita acelerar inversiones y reducir trabas regulatorias, organizaciones socioambientales sostienen que flexibilizar normas ambientales puede agravar aún más la vulnerabilidad de las ciudades frente a la crisis climática.
El senador Alfonso De Urresti, uno de los impulsores originales de la ley vigente y perteneciente al Partido Socialista, cuestionó la propuesta y advirtió que proteger humedales no significa frenar el desarrollo, sino evitar futuras catástrofes ambientales y urbanas.
El debate reabrió además una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo urbano en Chile y el rol que tendrán los ecosistemas naturales frente al avance inmobiliario y la expansión de las ciudades.
