La Política Ambiental
Un nuevo caso de deforestación volvió a generar preocupación ambiental en Paraguay. Autoridades judiciales y ambientales realizaron un allanamiento en una propiedad rural del distrito de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, tras detectar la presunta destrucción de unas 40 hectáreas de bosque nativo dentro de un establecimiento agrícola.
El operativo se llevó adelante durante la segunda quincena de mayo de 2026 y estuvo encabezado por la fiscala especializada en delitos ambientales Zunilda Ocampos, junto a técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), efectivos policiales y funcionarios de distintas instituciones estatales.
La intervención surgió luego de que organismos ambientales detectaran cambios significativos en la cobertura forestal mediante monitoreos satelitales realizados sobre la zona.
Según las primeras verificaciones realizadas por los técnicos, una extensa superficie de bosque nativo habría sido desmontada recientemente dentro del inmueble investigado. Durante la inspección se constató la existencia de áreas completamente despejadas, restos de vegetación removida y sectores donde ya se habrían iniciado actividades vinculadas a la producción agropecuaria.
Las autoridades buscan determinar si los responsables contaban con autorizaciones ambientales válidas o si la tala fue realizada de manera ilegal, violando la legislación forestal paraguaya.
La zona intervenida se encuentra dentro de una región donde aún subsisten remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná, uno de los ecosistemas más amenazados de Sudamérica.
Este bosque es considerado una de las áreas de mayor biodiversidad de la región, aunque durante las últimas décadas sufrió una fuerte reducción producto del avance de la frontera agrícola, la expansión ganadera y la tala de especies nativas.
Especialistas advierten que la pérdida continua de cobertura forestal provoca erosión de suelos, alteraciones en los cursos de agua, reducción de la biodiversidad y una creciente fragmentación de los ecosistemas.
Durante el procedimiento, los investigadores relevaron documentación vinculada a la propiedad y realizaron mediciones sobre las áreas afectadas para establecer con precisión la magnitud del daño ambiental.
La Fiscalía intenta determinar quién ordenó o ejecutó los desmontes y si existieron incumplimientos a los planes de manejo ambiental exigidos por la normativa paraguaya.
Además, no se descarta que puedan surgir imputaciones por delitos ambientales si se comprueba que la remoción del bosque fue realizada sin autorización o incumpliendo las restricciones legales vigentes para este tipo de ecosistemas.
El caso vuelve a poner en discusión el avance de la deforestación en Paraguay, particularmente en regiones donde la presión de la producción agroindustrial continúa desplazando áreas de vegetación nativa.
Diversas organizaciones ambientales vienen alertando desde hace años sobre la pérdida sostenida de bosques en distintas zonas del país y sobre las dificultades para garantizar controles efectivos frente a desmontes ilegales.
Aunque las leyes paraguayas establecen restricciones para la destrucción de bosques nativos y contemplan sanciones económicas y penales para los responsables, distintos sectores sostienen que los procesos de fiscalización continúan siendo insuficientes frente a la velocidad del avance de la frontera productiva.
Tras el allanamiento, técnicos ambientales comenzaron una serie de peritajes destinados a cuantificar el daño ecológico generado por la intervención sobre el bosque.
Los informes deberán establecer la superficie exacta afectada, las especies vegetales removidas y las posibles consecuencias sobre la fauna y los recursos hídricos de la zona.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso de Itakyry vuelve a exponer la tensión permanente entre los modelos de expansión agropecuaria y la conservación de los últimos remanentes de bosque nativo que sobreviven en el este paraguayo.
