La Política Ambiental
Un operativo contra la caza ilegal en las islas del Delta del Paraná terminó generando un fuerte impacto político y ambiental en el partido bonaerense de Zárate. Entre las cinco personas demoradas por la Policía durante un procedimiento realizado en una zona de humedales protegidos apareció un asesor de la Municipalidad local, hecho que desató cuestionamientos sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a delitos contra la fauna silvestre.
El procedimiento fue realizado a fines de mayo de 2026 por efectivos de la Dirección de Seguridad de Islas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de patrullajes preventivos destinados a combatir la caza furtiva en el Delta. La intervención tuvo lugar sobre el Arroyo de las Botijas, dentro de un predio perteneciente a la empresa forestal Arauco S.A., donde los agentes detectaron embarcaciones amarradas y un campamento clandestino montado en plena zona isleña.
Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron animales silvestres ya faenados, armamento y distintos elementos utilizados para actividades de caza.
Según el parte del operativo, fueron hallados siete carpinchos, dos mulitas y un ciervo axis muertos, además de tres carabinas calibre .22, más de 150 cartuchos, cuchillos, machetes, embarcaciones y vehículos utilizados para desplazarse por la zona de humedales.
Los cinco involucrados quedaron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Además, tres de ellos fueron notificados por portación ilegal de armas de fuego de uso civil condicional. La causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Zárate.
La situación tomó una dimensión política cuando se confirmó que uno de los identificados es Matías Bianchi, quien se desempeña como asesor dentro de la Municipalidad de Zárate y forma parte del entorno del intendente Marcelo Matzkin.
La aparición de un funcionario municipal en medio de una investigación vinculada a delitos ambientales provocó fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la región. Organizaciones ambientalistas y vecinos señalaron la contradicción que implica que una persona ligada al Estado aparezca involucrada en actividades que afectan directamente a la fauna protegida del Delta.
El caso se produce además en un contexto delicado para la administración municipal. Días antes, otro episodio policial había sacudido al gobierno local cuando el hijo del entonces subsecretario de Seguridad de Zárate fue detenido tras un operativo que incluyó persecuciones y enfrentamientos armados. A raíz de ese hecho, el funcionario fue apartado preventivamente de su cargo.
Aunque entre los animales encontrados había un ciervo axis —especie exótica introducida—, el operativo se desarrolló dentro de una zona donde habita el ciervo de los pantanos, considerado el mayor cérvido de Sudamérica y una de las especies más emblemáticas y amenazadas de los humedales del Delta.
Las fuerzas de seguridad realizaban precisamente recorridas destinadas a prevenir la caza furtiva de esta especie cuando detectaron el campamento.
Especialistas advierten que la presión sobre la fauna silvestre del Delta se ha intensificado durante los últimos años debido a la combinación de incendios, destrucción de humedales, expansión inmobiliaria y actividades ilegales de caza. En ese contexto, sostienen que los controles resultan fundamentales para evitar una mayor degradación de uno de los ecosistemas más importantes de la provincia de Buenos Aires.
La investigación continúa mientras la Justicia busca determinar el alcance de las responsabilidades de los involucrados y si existen conexiones con otros episodios de caza ilegal registrados en la región.
Más allá de las derivaciones judiciales, el episodio volvió a poner sobre la mesa una problemática que organizaciones ambientales vienen denunciando desde hace años: la persistencia de actividades ilegales dentro de áreas de alto valor ecológico y la insuficiencia de controles para proteger la biodiversidad del Delta del Paraná.
El hecho también abrió un debate político sobre la conducta de quienes ocupan cargos públicos y sobre el rol que deberían asumir las administraciones locales frente a delitos que afectan directamente al patrimonio natural de la región.
