La Política Ambiental
La decisión del Gobierno de Entre Ríos de habilitar la captura comercial de hasta 100.000 nutrias durante 2026 volvió a generar fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales, especialistas y sectores proteccionistas, que denuncian una política cada vez más orientada a la explotación de la fauna silvestre y al turismo cinegético en una de las provincias con mayor riqueza de humedales del país.
La medida fue oficializada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y permite la captura de coipos o nutrias (Myocastor coypus) hasta el 30 de septiembre en gran parte del territorio provincial, con excepción de áreas protegidas. Además, la normativa habilita el uso de rifles de aire comprimido y distintos sistemas de captura destinados al aprovechamiento comercial de la especie.
Las críticas no se limitaron únicamente a la autorización para capturar 100.000 ejemplares. Ambientalistas sostienen que la medida forma parte de una política más amplia impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, que durante los últimos meses también habilitó la caza deportiva de aves silvestres, liebres y otras especies nativas.
A comienzos de mayo, la provincia autorizó una nueva temporada de caza menor que permite abatir hasta 15 patos silvestres por excursión, además de perdices y liebres europeas. La resolución habilitó la captura de especies como el pato picazo, el sirirí pampa, el pato cutirí y el pato de collar, bajo el argumento de que las poblaciones se encontrarían en niveles compatibles con la actividad cinegética.
La medida generó rechazo de organizaciones ambientalistas, que consideran contradictorio que una provincia atravesada por humedales, incendios recurrentes, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas continúe promoviendo actividades basadas en la matanza de fauna silvestre.
Otro de los puntos más cuestionados es el origen de los estudios técnicos utilizados para justificar las habilitaciones.
Diversas organizaciones señalaron que parte de los relevamientos poblacionales sobre aves acuáticas fueron desarrollados junto a sectores vinculados al turismo cinegético y a empresas relacionadas con la actividad de caza deportiva. Según los críticos, esto genera dudas sobre la independencia de los informes utilizados para autorizar la captura de especies silvestres.
Además, recuerdan que en años anteriores ya existieron conflictos judiciales vinculados a resoluciones similares y que la Justicia llegó a cuestionar aspectos de las autorizaciones provinciales por la falta de mecanismos adecuados de participación ciudadana.
La controversia ocurre en una provincia que forma parte de uno de los sistemas de humedales más importantes de Sudamérica. Entre Ríos integra la cuenca del río Paraná y alberga extensos ecosistemas que cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.
Durante los últimos años, estos ambientes enfrentaron incendios masivos, sequías extremas, contaminación y avances de distintas actividades productivas. En ese contexto, organizaciones socioambientales consideran que las políticas públicas deberían orientarse a la conservación y restauración ecológica, en lugar de promover la captura y caza de especies nativas.
Desde el gobierno provincial sostienen que tanto la captura de nutrias como la caza deportiva se encuentran reguladas y se apoyan en monitoreos técnicos que indicarían la viabilidad de las poblaciones involucradas.
Sin embargo, los críticos afirman que detrás de estas decisiones existe una fuerte apuesta al negocio de la caza y del turismo cinegético, una actividad que mueve recursos económicos a través de cotos privados, excursiones especializadas y servicios asociados para cazadores nacionales y extranjeros.
Para organizaciones ambientalistas, la autorización para capturar hasta 100.000 nutrias y permitir la caza de hasta 15 patos silvestres por salida refleja un modelo de gestión que sigue considerando a la fauna como un recurso económico antes que como un patrimonio natural que debe ser protegido.
La polémica reabrió así un debate cada vez más presente en Argentina: si las provincias deben continuar promoviendo actividades extractivas sobre la fauna silvestre o avanzar hacia estrategias de conservación y turismo de naturaleza compatibles con la crisis de biodiversidad que atraviesa el planeta.
