La Política Ambiental
El gobierno de Rogelio Frigerio oficializó la apertura de la temporada de caza deportiva menor 2026 en Entre Ríos y desató una fuerte polémica ambiental, social y política por la autorización para matar hasta 15 patos silvestres por excursión de caza.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 100/26 “Habilitación Temporada Caza” de la DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y FISCALIZACIÓN de Entre Ríos, fechada el martes 5 de mayo de 2026 y firmada por el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Francisco Zárate.
La normativa habilita la actividad desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto de 2026 y permite la caza de distintas especies de anátidos —aves acuáticas conocidas popularmente como patos silvestres— además de perdices y liebres.
Mira la Resolución Nº 100/26 en la Pagina 26/27
La Resolución Nº 100/26 autoriza la captura de:
Entre las especies habilitadas aparecen:
El texto sostiene que las especies no se encuentran amenazadas y argumenta que los estudios poblacionales realizados desde 2022 indicarían que “no existe riesgo poblacional”.
La resolución divide la provincia en zonas habilitadas, parciales y vedadas.
En el caso de Islas del Ibicuy, la actividad solo podrá desarrollarse en campos declarados por empresas de turismo cinegético habilitadas oficialmente.
También quedó prohibida la caza en:
Uno de los puntos más polémicos de la Resolución Nº 100/26 es el fuerte respaldo oficial al turismo cinegético.
El documento sostiene que la actividad genera empleo y movimiento económico en distintas localidades de la provincia.
Según datos incorporados en la propia resolución, el sector tendría:
La normativa incluso establece que los extranjeros solamente podrán cazar mediante empresas de turismo aventura habilitadas por la provincia.
Además, algunas zonas solo fueron habilitadas específicamente para operadores cinegéticos registrados.
La resolución llega luego de años de conflictos judiciales y ambientales.
En 2023, organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo contra una habilitación similar de caza menor.
La causa, impulsada por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), derivó en un fallo judicial que anuló parcialmente aquella resolución provincial.
La Justicia cuestionó especialmente la falta de participación ciudadana y remarcó obligaciones derivadas del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ambiental firmado por Argentina.
A raíz de ese antecedente, el gobierno provincial organizó en abril de 2026 una audiencia pública en Victoria con participación de funcionarios, asociaciones civiles, operadores cinegéticos y vecinos.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas denunciaron favoritismo hacia sectores vinculados al negocio de la caza y cuestionaron la transparencia del proceso.
El gobierno provincial justificó la medida basándose en estudios poblacionales realizados entre 2022 y 2025 sobre aves acuáticas.
Los relevamientos fueron desarrollados junto a la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCYC), entidad que representa intereses vinculados a la actividad.
Según la resolución, se realizaron:
El documento asegura que las especies habilitadas figuran como “de preocupación menor” según criterios internacionales de conservación.
Sin embargo, sectores ambientalistas cuestionan que gran parte de los estudios hayan sido impulsados o acompañados por actores vinculados económicamente al turismo de caza.
La discusión ocurre en una de las regiones ecológicas más sensibles del país.
Entre Ríos forma parte del sistema de humedales del río Paraná, ecosistema clave para:
Durante los últimos años, la región sufrió:
Por eso, organizaciones socioambientales consideran contradictorio habilitar la caza recreativa de fauna silvestre en medio de una crisis ecológica cada vez más profunda.
Uno de los cambios incorporados por la resolución es la obligación de utilizar municiones no contaminantes.
La normativa exige el uso obligatorio de proyectiles de acero para la caza de anátidos, con el objetivo de reducir contaminación por plomo en humedales.
También se implementó una “Hoja de Ruta Cinegética”, un sistema obligatorio para registrar traslados, excursiones y lugares de caza.
El gobierno sostiene que permitirá mejorar controles y monitorear presión cinegética sobre distintas zonas de la provincia.
La polémica también refleja un cambio cultural cada vez más visible respecto a la caza deportiva.
Sectores proteccionistas cuestionan que animales silvestres sean utilizados como “blancos recreativos” en un contexto global de pérdida de biodiversidad y crisis climática.
Mientras el gobierno provincial y operadores turísticos defienden la actividad como una práctica regulada y sustentable, organizaciones ambientales sostienen que Argentina debería avanzar hacia modelos de conservación y ecoturismo no extractivos.
La habilitación de la temporada de caza volvió así a abrir un debate profundo sobre fauna silvestre, humedales y el modelo ambiental que atraviesa actualmente a las provincias argentinas.
