Polémica en el Senado: Milei va por ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que habilitará la venta de tierras argentinas a extranjeros sin limites

La Cámara de Senadores de la Nación debatirá este miércoles el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa promovida por el gobierno de Javier Milei que despertó fuertes cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre el control del territorio argentino, los recursos naturales y las tierras rurales.

Aunque el oficialismo presenta la propuesta como una reforma destinada a fortalecer el derecho de propiedad, reducir burocracia y atraer inversiones, organizaciones ambientales, especialistas en soberanía territorial y sectores de la oposición advierten que el proyecto podría abrir la puerta a una mayor compra de campos y zonas estratégicas por parte de capitales extranjeros.

Más que una reforma inmobiliaria

Uno de los aspectos que genera preocupación es que la iniciativa no se limita a cuestiones administrativas.

El proyecto introduce modificaciones en la legislación sobre tierras rurales, en la Ley de Manejo del Fuego y en los mecanismos de control sobre operaciones inmobiliarias de gran escala.

Para sus críticos, detrás del discurso de la seguridad jurídica existe una desregulación que podría debilitar la capacidad del Estado para supervisar quién compra tierras y qué ocurre con territorios considerados estratégicos para el país.

El temor a perder el control sobre tierras estratégicas

La principal controversia gira alrededor de los cambios que afectarían los controles sobre la compra de tierras rurales.

Los sectores críticos sostienen que las restricciones vigentes no fueron creadas para impedir inversiones, sino para evitar que enormes extensiones de territorio argentino terminaran bajo el control de empresas, fondos de inversión o incluso Estados extranjeros.

La preocupación no es solamente económica. Muchas de esas tierras contienen recursos considerados estratégicos, como reservas de agua dulce, nacientes de ríos, bosques nativos, humedales, zonas de frontera y áreas con potencial minero o energético.

Según los cuestionamientos, flexibilizar esos controles podría significar una pérdida progresiva de soberanía sobre territorios clave para el futuro del país.

El caso de Río Negro que encendió las alarmas

Las advertencias cobran especial relevancia a partir de un caso que actualmente genera fuerte polémica en la Patagonia.

En Río Negro, la legisladora provincial Magdalena Odarda presentó un proyecto para anular la transferencia de más de 14.000 hectáreas ubicadas en las nacientes del río Chubut que terminaron vinculadas a estructuras relacionadas con el Estado de Emiratos Árabes Unidos.

La operación salió a la luz durante un juicio realizado en Bariloche, donde se reveló que la compra habría sido financiada con una donación de dos millones de dólares provenientes del gobierno emiratí.

Las tierras se encuentran en una zona considerada estratégica por su valor hídrico, ambiental y geopolítico. Además, están ubicadas en cercanías de áreas de frontera y en la región donde nacen importantes cursos de agua patagónicos.

Odarda sostiene que este tipo de operaciones representan una afectación directa a la soberanía provincial y nacional, y denuncia que muchas adquisiciones se realizan mediante fideicomisos, triangulaciones financieras o estructuras societarias que dificultan identificar a los verdaderos propietarios.

Para los sectores que rechazan la reforma impulsada por Milei, este caso constituye un ejemplo concreto de lo que podría multiplicarse si desaparecen o se debilitan los mecanismos de control existentes.

¿Qué ocurre en otros países con la compra de tierras por parte de extranjeros?

Los sectores que cuestionan el proyecto señalan que, lejos de liberalizar completamente el mercado de tierras, gran parte de los países desarrollados mantienen restricciones y controles para proteger recursos estratégicos y evitar la concentración territorial en manos extranjeras.

Estados Unidos: si bien la compra de tierras por extranjeros está permitida, en los últimos años numerosos estados endurecieron los controles sobre las adquisiciones de campos agrícolas y terrenos ubicados cerca de bases militares, infraestructura crítica, reservas de agua o instalaciones energéticas. Estados como Florida, Texas, Arkansas e Iowa aprobaron leyes específicas para limitar o impedir determinadas compras vinculadas a gobiernos o empresas extranjeras.

Francia: posee uno de los sistemas más estrictos de Europa. A través de la agencia estatal SAFER, el Estado puede supervisar operaciones inmobiliarias rurales, intervenir en transacciones e incluso bloquear compras cuando considera que afectan el interés público, la producción agropecuaria o favorecen la concentración de tierras.

España: aunque permite la compra de inmuebles y campos por parte de extranjeros, existen controles especiales en zonas fronterizas, áreas militares y territorios considerados estratégicos. Además, determinadas operaciones pueden quedar sujetas a autorizaciones estatales cuando involucran inversiones extranjeras significativas.

Reino Unido (Inglaterra): permite la adquisición de propiedades por parte de extranjeros, pero mantiene estrictos registros de titularidad y controles financieros para identificar a los verdaderos propietarios detrás de sociedades y fondos de inversión. En los últimos años también se reforzaron mecanismos para transparentar la propiedad de activos estratégicos.

Canadá: varias provincias restringen la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros. Saskatchewan limita fuertemente la cantidad de hectáreas que pueden adquirir personas o empresas extranjeras, mientras que Manitoba y otras jurisdicciones aplican controles similares. Además, el gobierno canadiense ha impuesto restricciones a determinadas inversiones extranjeras consideradas sensibles para la seguridad nacional.

Mientras gran parte de los países desarrollados mantiene límites, controles o autorizaciones especiales para proteger su territorio, Argentina podría avanzar en una flexibilización de las restricciones vigentes. Advierten que esto podría facilitar la adquisición de grandes extensiones de campos, nacientes de ríos, lagos, montañas, bosques, humedales y otras áreas estratégicas por parte de capitales extranjeros, generando preocupación sobre el control futuro de recursos naturales considerados fundamentales para la soberanía nacional.

También modifica la Ley de Manejo del Fuego

Otro punto cuestionado es la eliminación de restricciones incorporadas tras los grandes incendios forestales registrados en distintas provincias.

Esas normas impedían que los terrenos afectados por incendios pudieran cambiar rápidamente de uso para desarrollos inmobiliarios o actividades económicas. Los cambios propuestos reducen parte de esas limitaciones, lo que para organizaciones ambientales representa un retroceso en la prevención de incendios vinculados a intereses económicos.

La postura del Gobierno

Desde el oficialismo argumentan que la iniciativa busca modernizar el sistema registral argentino, digitalizar trámites y generar condiciones más favorables para la inversión privada.

El proyecto contempla la creación de herramientas digitales para agilizar registros inmobiliarios y simplificar procedimientos que actualmente demandan largos tiempos administrativos.

Sin embargo, los críticos sostienen que la simplificación de trámites viene acompañada por una reducción de controles sobre operaciones que involucran recursos estratégicos.

Una discusión sobre soberanía

Más allá de los aspectos legales, el debate abrió una discusión de fondo sobre quién controlará en las próximas décadas grandes extensiones del territorio argentino.

Para organizaciones ambientales, académicos y sectores sociales, la tierra no es únicamente un bien comercial. También es el soporte de recursos naturales esenciales como el agua, los bosques, los humedales y la producción de alimentos.

Por eso advierten que flexibilizar los controles sobre la compra de tierras rurales puede tener consecuencias mucho más profundas que una simple operación inmobiliaria.

Mientras el Senado se prepara para votar el proyecto, crecen las voces que alertan que Argentina podría estar dando un nuevo paso hacia la concentración de tierras en manos de grandes grupos económicos y actores extranjeros, con el riesgo de perder capacidad de decisión sobre territorios estratégicos y recursos fundamentales para el futuro del país.