Chaco: condenan a empresas vinculadas a Eduardo Eurnekian por los daños provocados por fumigaciones cerca de comunidades rurales

Después de más de una década de reclamos, denuncias y presentaciones judiciales, la Justicia chaqueña dictó una sentencia que marca un precedente en materia ambiental. Dos empresas agropecuarias vinculadas al empresario Eduardo Eurnekian fueron condenadas por los daños ocasionados por fumigaciones realizadas en campos ubicados en el centro de la provincia del Chaco, mientras que el Estado provincial también fue responsabilizado por no haber garantizado la protección de las comunidades afectadas.

La causa se desarrolló en torno a las actividades realizadas en el establecimiento agropecuario Don Panos, un extenso campo ubicado entre las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca, donde durante años convivieron explotaciones agrícolas de gran escala con comunidades rurales e indígenas asentadas en los alrededores.

Un conflicto que comenzó hace años

La disputa no surgió de un hecho aislado. Durante años, vecinos de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco, junto a integrantes de comunidades Qom, denunciaron que las fumigaciones realizadas en los campos agrícolas llegaban hasta sus viviendas, escuelas, huertas familiares y fuentes de agua.

Los reclamos apuntaban principalmente a las aplicaciones de agroquímicos utilizadas para la producción agrícola intensiva. Los habitantes sostenían que las pulverizaciones se realizaban a escasa distancia de las zonas pobladas y que, con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse problemas de salud, pérdidas de cultivos destinados al autoconsumo y mortandad de animales.

A pesar de las reiteradas denuncias, los vecinos aseguraban que los controles eran insuficientes y que la actividad continuaba desarrollándose sin medidas efectivas para proteger a quienes vivían en la zona.

La investigación confirmó la contaminación

Durante el proceso judicial se realizaron numerosos estudios técnicos y peritajes ambientales para determinar si existía una relación entre las fumigaciones denunciadas y los problemas reportados por las comunidades.

Las investigaciones detectaron la presencia de residuos de agroquímicos en distintas fuentes de agua utilizadas por los pobladores, incluyendo pozos domiciliarios, reservorios y otros sistemas de abastecimiento.

Los análisis también identificaron restos de plaguicidas en muestras tomadas a habitantes de las comunidades afectadas, una situación que reforzó las denuncias sobre el impacto que las fumigaciones tuvieron sobre la población local.

Además, se documentaron daños en huertas familiares, espacios comunitarios y establecimientos educativos rurales cercanos a las áreas de aplicación.

El episodio que aceleró la causa

Uno de los momentos más graves ocurrió en 2021, cuando una serie de fumigaciones provocó nuevos reclamos por parte de vecinos que denunciaron síntomas compatibles con intoxicaciones y daños en cultivos utilizados para la alimentación de las familias.

La situación generó una fuerte repercusión en la región y aportó nuevos elementos a una causa judicial que ya acumulaba años de denuncias y testimonios.

Qué resolvió la Justicia

Tras analizar la prueba reunida durante el proceso, la Justicia concluyó que las fumigaciones realizadas por las empresas generaron perjuicios sobre las comunidades rurales y que el Estado provincial incumplió su obligación de controlar adecuadamente la actividad y proteger a los habitantes de la zona.

La sentencia ordenó establecer nuevas restricciones para las fumigaciones en áreas cercanas a viviendas, escuelas, reservorios de agua y espacios utilizados por las comunidades.

También dispuso medidas de monitoreo ambiental y sanitario para evaluar las consecuencias que la exposición a los agroquímicos pudo haber generado sobre la población.

Un fallo con impacto más allá del Chaco

La resolución es considerada una de las decisiones judiciales más relevantes de los últimos años en materia de fumigaciones y derechos ambientales en Argentina.

Para las familias campesinas y las comunidades Qom que impulsaron la demanda, el fallo representa el reconocimiento de una lucha que se extendió durante años y que buscaba demostrar los efectos que las aplicaciones de agroquímicos tenían sobre su calidad de vida.

Para las empresas involucradas, la sentencia implica una condena por los daños ocasionados y obliga a modificar las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades agrícolas en la zona.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a gran parte del país: cómo compatibilizar la producción agropecuaria de gran escala con el derecho de las comunidades rurales a vivir en un ambiente sano, con acceso a agua segura y libres de contaminación.