Fuerte revés judicial en Mendoza: se debilita la causa contra ambientalistas de Uspallata y crecen las críticas al gobierno provincial

La causa judicial impulsada contra vecinos y referentes ambientales de Uspallata que participaron de protestas contra el proyecto minero San Jorge sufrió un importante revés y volvió a poner en discusión el papel que han jugado el gobierno de Alfredo Cornejo, la Justicia provincial y las empresas mineras en uno de los conflictos ambientales más importantes que atraviesa Mendoza.

Lo que durante meses fue presentado como una investigación contra manifestantes terminó generando fuertes cuestionamientos sobre el uso de herramientas judiciales para enfrentar a ciudadanos que se organizan contra proyectos extractivos. Las últimas novedades en el expediente comenzaron a desarmar parte de las acusaciones que pesaban sobre los ambientalistas y fortalecieron la posición de quienes sostienen que la causa tuvo desde el inicio un fuerte componente político.

El conflicto que divide a Mendoza

Para entender lo que ocurre en Uspallata hay que remontarse al regreso de la minería al centro de la agenda política mendocina.

Desde que Alfredo Cornejo volvió a la gobernación, la promoción de proyectos mineros pasó a ocupar un lugar prioritario dentro de su estrategia económica. El mandatario provincial sostiene que Mendoza necesita atraer inversiones para generar empleo, aumentar exportaciones y aprovechar la demanda internacional de minerales estratégicos como el cobre.

Dentro de ese esquema aparece el proyecto San Jorge, ubicado en la zona cordillerana de Uspallata. La iniciativa busca explotar uno de los principales yacimientos de cobre de la provincia y es considerada una pieza clave para el futuro minero que imagina el gobierno.

Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte resistencia social.

Vecinos, productores, comerciantes, organizaciones ambientales y asambleas ciudadanas comenzaron a movilizarse para expresar su rechazo al emprendimiento. Los cuestionamientos se centran principalmente en el uso del agua, el impacto sobre los ecosistemas de montaña y los riesgos ambientales asociados a la actividad minera a gran escala.

De la protesta social a los tribunales

A medida que las manifestaciones crecían, también aumentó la tensión entre los sectores que apoyan y rechazan el proyecto.

Diversos episodios ocurridos durante protestas y movilizaciones terminaron derivando en denuncias judiciales que alcanzaron a varios vecinos de Uspallata.

La apertura de la causa generó una inmediata reacción de organizaciones sociales y ambientales que denunciaron una maniobra destinada a desalentar la protesta.

Para estos sectores, resultaba llamativo que ciudadanos que participaban de actividades públicas y manifestaciones terminaran enfrentando investigaciones penales mientras impulsaban reclamos vinculados a la protección del agua y del territorio.

La situación fue interpretada por muchos como un intento de convertir un conflicto social y ambiental en un problema judicial.

El giro que cambió el escenario

Las últimas resoluciones judiciales comenzaron a modificar de manera significativa el panorama.

La causa, que había sido utilizada durante meses para justificar acusaciones contra los manifestantes, empezó a mostrar fisuras que debilitan parte de la investigación.

El cambio fue interpretado por los ambientalistas como una confirmación de lo que venían denunciando desde el comienzo: que el expediente carecía de elementos sólidos para sostener algunas de las imputaciones.

La noticia fue recibida con alivio por los vecinos involucrados, pero también generó nuevas preguntas sobre los motivos que llevaron a impulsar la causa con tanta intensidad.

Cornejo y una estrategia cada vez más cuestionada

El revés judicial llega en un momento incómodo para Alfredo Cornejo.

El gobernador viene apostando gran parte de su proyecto económico al desarrollo minero y al aprovechamiento de herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei.

Tanto Cornejo como otros gobernadores mineros han defendido la necesidad de flexibilizar regulaciones y acelerar proyectos extractivos para atraer capitales internacionales.

Sin embargo, el conflicto de Uspallata muestra el otro lado de esa estrategia.

Mientras se prometen inversiones millonarias y generación de empleo, una parte importante de la sociedad mendocina observa con preocupación el avance de proyectos que consideran incompatibles con la protección de los recursos hídricos de la provincia.

Para los críticos del gobierno, la causa contra los ambientalistas refleja la creciente dificultad de las autoridades para responder políticamente a los cuestionamientos sociales que genera la minería.

El fantasma de la Ley 7722

Lo ocurrido en Uspallata también reaviva el recuerdo de uno de los episodios políticos más importantes de Mendoza en las últimas décadas.

En 2019, miles de personas salieron a las calles para frenar la modificación de la Ley 7722, considerada por amplios sectores como una herramienta fundamental para proteger el agua frente al avance de determinados proyectos mineros.

Aquellas movilizaciones obligaron al poder político a retroceder y demostraron la capacidad de organización que existe en la provincia cuando se discuten cuestiones ambientales.

Muchos de los vecinos que hoy enfrentan o enfrentaron procesos judiciales participaron también de aquellas protestas.

Por eso, numerosos sectores consideran que la disputa actual es una continuación de la misma discusión: quién decide sobre el uso del territorio y los recursos naturales de Mendoza.

Una advertencia para el resto de las provincias mineras

El caso de Uspallata no sólo es observado dentro de Mendoza.

Organizaciones ambientales de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y otras provincias siguen de cerca lo que ocurre porque entienden que podría sentar precedentes para futuros conflictos vinculados a la minería.

La preocupación radica en que la judicialización de referentes comunitarios se convierta en una herramienta habitual frente a la resistencia social que generan determinados proyectos extractivos.

Un conflicto que está lejos de terminar

Aunque el reciente giro judicial representa una victoria para los vecinos investigados, la disputa por el futuro de Uspallata sigue abierta.

San Jorge continúa siendo una prioridad para el gobierno provincial y para los sectores empresariales que impulsan el desarrollo minero en Mendoza.

Del otro lado, las asambleas ambientales aseguran que continuarán movilizándose para impedir lo que consideran una amenaza para el agua y la cordillera.

La causa judicial podrá haber cambiado de rumbo, pero el conflicto político, ambiental y social que atraviesa Mendoza está lejos de resolverse. Y mientras Cornejo insiste en convertir a la minería en uno de los pilares de la economía provincial, la resistencia ciudadana demuestra que una parte importante de la sociedad no está dispuesta a aceptar ese modelo sin dar pelea.