La Política Ambiental
Una de las celebraciones más importantes para los pueblos originarios de América Latina quedó envuelta en una fuerte polémica en la Ciudad de Buenos Aires. Integrantes de comunidades quechuas, aymaras, kollas, mapuches y guaraníes denunciaron que el gobierno de Jorge Macri intentó impedir la realización del Inti Raymi o Año Nuevo Andino en la Wak'a de Parque Avellaneda, una ceremonia ancestral que se celebra en ese lugar desde hace más de dos décadas.
Según relataron los organizadores, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al predio alrededor de las 22 horas del 20 de junio argumentando que la actividad no contaba con autorización para desarrollarse. La intervención ocurrió mientras familias y referentes comunitarios se preparaban para atravesar la noche junto a las tradicionales fogatas que forman parte de la ceremonia y esperar el amanecer del 21 de junio, momento que marca el inicio de un nuevo ciclo para numerosos pueblos originarios.
La situación generó indignación entre los participantes, quienes sostienen que la celebración se realiza de manera ininterrumpida desde hace más de 25 años en el mismo espacio y cuenta con reconocimiento legal dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
La Wak'a de Parque Avellaneda no es un espacio cualquiera para las comunidades originarias. Se trata de un sitio considerado sagrado y reconocido oficialmente por la Ley 3042 de la Ciudad de Buenos Aires como un "Espacio Significativo de Encuentro".
Además, la Ley 1550 respalda específicamente la celebración del Año Nuevo de los Pueblos Originarios, otorgándole reconocimiento dentro del ámbito porteño.
Por esa razón, referentes indígenas cuestionaron duramente el accionar policial y señalaron que la supuesta falta de autorización no puede utilizarse como argumento para impedir una práctica espiritual y cultural protegida por la legislación vigente.
También recordaron que la Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza el respeto a su identidad y a sus formas de organización.
El Inti Raymi, también conocido como Año Nuevo Andino, Willka Kuti, Machaq Mara o Wiñoy Tripantu según las distintas tradiciones de los pueblos originarios, es una ceremonia ancestral que celebra el comienzo de un nuevo ciclo de la naturaleza durante el solsticio de invierno. Se trata de una de las fechas espirituales más importantes para comunidades quechuas, aymaras, kollas, mapuches, guaraníes y otros pueblos originarios de América del Sur.
La celebración gira en torno a la espera del amanecer del 21 de junio y, especialmente, a la llegada del primer rayo de sol tras la noche más larga del año. Para estas culturas, ese momento representa el renacimiento de la vida, la renovación de la energía y el inicio de un nuevo tiempo para las comunidades y la naturaleza. Por esa razón, familias enteras permanecen reunidas durante toda la noche alrededor de fogatas, compartiendo alimentos, música, ceremonias y expresiones culturales hasta recibir los primeros rayos solares con las manos levantadas hacia el cielo como señal de agradecimiento y renovación espiritual.
Más que una festividad, el Inti Raymi constituye una práctica cultural y espiritual milenaria que mantiene viva la identidad de los pueblos originarios y su vínculo con la tierra, el sol y los ciclos naturales, transmitiéndose de generación en generación desde mucho antes de la conformación de los Estados modernos en América del Sur.
Las críticas apuntaron directamente contra la gestión de Jorge Macri, a quien responsabilizan por las órdenes que derivaron en el operativo policial.
Desde las organizaciones denunciaron que impedir el Inti Raymi constituye un acto de censura cultural y una nueva expresión de racismo institucional contra las comunidades originarias que viven en la Ciudad de Buenos Aires.
"¿A quién puede molestarle una ceremonia ancestral? ¿Cuál es el perjuicio de que se realice una celebración que se lleva adelante desde hace más de dos décadas en el mismo lugar?", se preguntaron referentes de las comunidades afectadas.
Para los organizadores, la discusión no pasa por un trámite administrativo ni por cuestiones burocráticas vinculadas al uso del espacio público, sino por el intento de restringir expresiones culturales que forman parte de la identidad de miles de personas.
Las denuncias también establecieron paralelismos con situaciones ocurridas en otros países de la región, donde gobiernos y autoridades fueron acusados de avanzar sobre ceremonias indígenas mediante operativos policiales o restricciones administrativas.
En ese sentido, señalaron que impedir la realización del Inti Raymi no constituye un hecho aislado, sino parte de una lógica que históricamente buscó invisibilizar las expresiones culturales de los pueblos originarios.
Para las comunidades involucradas, la presencia policial durante una de las fechas más importantes de su calendario espiritual representa una agresión directa contra su memoria, sus tradiciones y su derecho a mantener vivas prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación.
Cada año, durante el solsticio de invierno, cientos de personas se reúnen en Parque Avellaneda para participar del Inti Raymi, también conocido como Willka Kuti, Machaq Mara o Wiñoy Tripantu, dependiendo de las tradiciones de cada pueblo.
La ceremonia consiste en compartir alimentos, música y actividades culturales alrededor de fogatas comunitarias durante toda la noche, esperando la salida del sol que simboliza el comienzo de un nuevo ciclo.
Lejos de tratarse de un evento reciente o improvisado, la celebración forma parte de la vida cultural porteña desde hace más de un cuarto de siglo.
Por eso, la decisión de impedir su desarrollo generó un fuerte rechazo entre organizaciones sociales, referentes indígenas y defensores de los derechos culturales, quienes consideran que el gobierno de Jorge Macri eligió confrontar con una de las expresiones más representativas de los pueblos originarios en la Ciudad.
Para las comunidades afectadas, el mensaje es preocupante: cuando una ceremonia ancestral protegida por leyes locales y nacionales puede ser interrumpida por un operativo policial, no sólo está en discusión una celebración, sino el respeto mismo por la diversidad cultural y los derechos de quienes mantienen vivas las raíces originarias en Argentina.
