La Política Ambiental
Una empresa integrada por capitales extranjeros volvió a quedar en el centro de la controversia ambiental en Salta por sus proyectos para transformar amplias superficies de bosque nativo en áreas destinadas a actividades agrícolas y ganaderas.
Se trata de Quebracho Colorado S.A., sociedad que cuenta entre sus integrantes con dos hermanos de nacionalidad estadounidense y que, desde 2007, presentó solicitudes para intervenir un total aproximado de 79.972 hectáreas en distintos puntos del territorio provincial. La cifra representa la suma de los proyectos tramitados durante casi dos décadas y no implica que toda esa superficie haya sido efectivamente desmontada. Según relevamientos realizados mediante imágenes satelitales, al menos 30 mil hectáreas todavía conservarían su cobertura forestal.
El proyecto más reciente pretende avanzar sobre la finca El Chaguaral, ubicada en el departamento Orán. La iniciativa contempla un cambio de uso del suelo y un plan de manejo silvopastoril sobre 8.175 hectáreas, además de otras 3.729 hectáreas destinadas a agricultura bajo la modalidad denominada Manejo de Bosque con Ganadería Integrada. En total, la nueva intervención comprende alrededor de 11.905 hectáreas.
La propuesta será debatida en una audiencia pública convocada para el 7 de agosto de 2026, a las 11, en un establecimiento ubicado en la intersección de las rutas provinciales 5 y 13. Allí podrán exponerse observaciones sobre el impacto ambiental del proyecto antes de que la provincia adopte una decisión definitiva.
Los antecedentes de Quebracho Colorado S.A. se remontan a 2007, cuando solicitó autorización para desmontar 30.962 hectáreas de la finca El Álamo, en el departamento Rivadavia, con fines ganaderos. De aquella superficie se habrían intervenido aproximadamente 3.300 hectáreas, luego de que la entonces Secretaría de Ambiente provincial limitara el avance del proyecto.
En 2010, la empresa gestionó otro permiso por 11.432 hectáreas en la estancia El Guayacán, departamento Anta. Cuatro años después presentó un proyecto por 7.993 hectáreas en El Chaguaral y, en 2020, solicitó modificar otras 5.724 hectáreas dentro de la misma finca.
La presión sobre ese territorio se intensificó durante los últimos años. En 2024, la compañía pidió autorización para intervenir 11.955 hectáreas y en 2026 incorporó el nuevo proyecto por 11.905 hectáreas. Ambas superficies suman casi 24 mil hectáreas continuas de bosque chaqueño, una extensión que genera especial preocupación entre las organizaciones ambientales.
Greenpeace advirtió que el desmonte solicitado en 2024 todavía no habría comenzado y planteó que la empresa podría estar aguardando la aprobación del nuevo expediente para intervenir conjuntamente ambos sectores. La organización sostuvo además que parte de esas tierras estaba clasificada anteriormente en la categoría amarilla del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que permite un aprovechamiento sostenible pero prohíbe el desmonte.
El nuevo ordenamiento territorial aprobado por Salta incorporó una categoría identificada como “marrón”, que habilita mecanismos de compensación o intercambio entre superficies clasificadas con distintos niveles de conservación. Para los sectores ambientalistas, esa modificación redujo la protección que tenían áreas anteriormente consideradas de mediano valor de conservación.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, calificó el proyecto como un posible “ecocidio legalizado” y cuestionó que el nuevo mapa provincial permita autorizar una transformación que no habría sido posible bajo el ordenamiento anterior.
La discusión también alcanza a las expresiones utilizadas en los expedientes administrativos. Conceptos como “cambio de uso del suelo”, “manejo silvopastoril” o “ganadería integrada” pueden involucrar la remoción de arbustos, la reducción de la cobertura arbórea y la introducción de pasturas exóticas.
Aunque estos sistemas mantienen algunos árboles en pie, especialistas advierten que una intervención intensiva puede alterar la estructura del bosque, fragmentar hábitats, reducir la biodiversidad y afectar servicios ambientales esenciales, como la conservación del suelo, la regulación del agua y la captura de carbono.
El caso vuelve a poner bajo discusión el modelo de expansión agroganadera sobre el bosque chaqueño, la capacidad de control ambiental de la provincia y los efectos de un ordenamiento territorial que, en lugar de reforzar la conservación, podría facilitar la transformación de miles de hectáreas de monte nativo.
