Jujuy: brutal represión y desalojo de una comunidad indígena mientras el Congreso debate una ley que puede cambiar las reglas sobre la tierra

Balas de goma, personas heridas, detenidos y familias expulsadas de su territorio. Lo que ocurrió en Humahuaca no es solamente un conflicto judicial por una parcela: vuelve a poner en el centro una discusión que atravesó al Congreso la semana pasada y que tiene una dimensión mucho mayor en el interior del país.

Este lunes, la Policía de Jujuy protagonizó un brutal operativo de represión y desalojo contra integrantes de la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca. El procedimiento terminó con personas heridas y al menos siete detenidas, en un operativo en el que se denunció la utilización de balas de goma contra integrantes de la comunidad.

El conflicto territorial lleva años y tiene un elemento particularmente grave: la comunidad sostiene que el origen de la disputa estaría en un error de la propia Dirección Provincial de Inmuebles, que habría generado una superposición de planos sobre territorio comunitario.

Es decir, un problema que habría comenzado en la documentación estatal terminó, años después, con efectivos policiales entrando al territorio y desalojando a una comunidad indígena.

La imagen que debería interpelar al país

Mientras en Buenos Aires buena parte de la discusión sobre la propiedad privada suele concentrarse en los alquileres, los departamentos y los conflictos entre propietarios e inquilinos, en muchas provincias argentinas la discusión tiene otra dimensión.

Para las comunidades indígenas, la tierra no es solamente un inmueble.

Es territorio, vivienda, producción, cultura, identidad y una forma de vida que en muchos casos se transmite durante generaciones.

Por eso, un desalojo no significa simplemente perder un domicilio: puede significar perder el territorio sobre el que una comunidad construyó su historia.

Y el episodio de Santa Rosa vuelve a mostrar qué ocurre cuando esos conflictos terminan resolviéndose mediante la fuerza.

El dato que conecta Jujuy con el Congreso

El jueves pasado, 6 de agosto, mientras la Policía todavía no había protagonizado el operativo de Humahuaca, el Senado debatía la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El proyecto generó una fuerte discusión porque incluía modificaciones relacionadas con desalojos, expropiaciones y tierras rurales. Durante el tratamiento, distintos sectores cuestionaron que la iniciativa pudiera debilitar mecanismos de protección existentes y facilitar determinados procesos de desalojo.

Finalmente, el oficialismo tuvo que retirar del proyecto el capítulo que eliminaba las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. También fue eliminado el capítulo que permitía modificar el uso del suelo después de incendios.

La iniciativa consiguió media sanción por 37 votos contra 33 y pasó a Diputados.

Pero hay algo que quedó fuera del debate público con mucha fuerza.

Los más vulnerables no necesariamente están en CABA

Cuando se habla de una eventual flexibilización de las reglas sobre la propiedad y los desalojos, la discusión suele trasladarse inmediatamente a los grandes centros urbanos.

¿Puede afectar a quienes alquilan un departamento?

¿Puede facilitar desalojos?

¿Qué pasará con los barrios populares?

Son preguntas absolutamente válidas.

Pero existe otra población que enfrenta un problema todavía más profundo y que muchas veces queda fuera de las grandes discusiones nacionales: las comunidades indígenas y campesinas que viven en territorios rurales del interior del país.

En Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén y otras provincias existen comunidades que desde hace años denuncian conflictos territoriales, amenazas, presiones, hostigamientos y procesos judiciales vinculados con las tierras que ocupan tradicionalmente.

Para esas comunidades, la discusión sobre la propiedad no es teórica.

Puede significar literalmente poder seguir viviendo en su territorio o ser expulsados de él.

La Constitución reconoce algo que muchas veces se olvida

El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza, entre otros derechos, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Además, la Ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y estableció la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto fuera el desalojo de esas tierras, en las condiciones previstas por la propia norma.

El objetivo era avanzar también en el relevamiento técnico, jurídico y catastral de esos territorios.

Pero justamente ahí aparece uno de los problemas más graves que expone el caso de Santa Rosa.

¿Qué sucede cuando el Estado no tiene correctamente relevado o registrado un territorio indígena y después utiliza esa misma documentación para resolver un conflicto de propiedad?

Un supuesto error catastral terminó con la Policía en el territorio

La Comunidad Indígena Santa Rosa sostiene que el conflicto se originó en un error de la Dirección Provincial de Inmuebles ocurrido años atrás.

Según la denuncia de integrantes de la comunidad, la documentación catastral habría generado una superposición entre una parcela particular y territorio comunitario.

El problema no quedó en un expediente.

Con el paso de los años, el conflicto terminó judicializado y finalmente se ejecutó una orden de desalojo.

Este lunes, la discusión jurídica se trasladó al territorio y terminó con balas de goma, heridos y detenidos.

La pregunta es inevitable:

¿Puede un error administrativo del Estado terminar convirtiéndose en la herramienta para desalojar a quienes aseguran ocupar tradicionalmente ese territorio?

La tierra como negocio, la tierra como territorio

La discusión que se abrió alrededor de la ley impulsada por el Gobierno tiene una dimensión que excede ampliamente la propiedad de una vivienda.

El proyecto original incluía cambios sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros, además de modificaciones sobre desalojos y expropiaciones. El capítulo sobre extranjerización finalmente fue retirado ante la falta de votos suficientes para aprobarlo.

Pero el debate dejó expuesto un problema estructural.

Argentina no discute solamente quién puede comprar una propiedad. También discute quién tiene derecho a permanecer sobre un territorio.

Y allí las comunidades indígenas parten de una situación de enorme vulnerabilidad frente a grandes propietarios, empresas, intereses inmobiliarios, emprendimientos productivos y, en algunos casos, decisiones de los propios Estados provinciales.

Jujuy no es un caso aislado

Lo ocurrido en Humahuaca tampoco aparece en el vacío.

En los últimos años se multiplicaron en distintas provincias los conflictos entre comunidades indígenas y particulares o gobiernos provinciales por la posesión y titularidad de tierras.

La propia legislación argentina reconoce que existe una problemática específica alrededor de los territorios indígenas. La normativa nacional establece mecanismos de protección y relevamiento precisamente porque el reconocimiento formal de esos territorios continúa siendo una cuestión pendiente.

Mientras tanto, las comunidades denuncian que deben enfrentar procesos judiciales, amenazas de desalojo y presiones para abandonar territorios que consideran propios por ocupación ancestral.

El problema es que una comunidad que pierde su territorio no puede simplemente mudarse a otro lugar y continuar su vida de la misma manera.

Se rompe una relación histórica con la tierra.

La brutal escena de Humahuaca

Por eso, las imágenes de Jujuy deberían ser observadas más allá del conflicto puntual.

Una comunidad indígena enfrentada a un operativo policial.

Mujeres y familias intentando impedir el desalojo.

Balas de goma.

Personas heridas.

Detenidos.

Y una discusión sobre la propiedad que, apenas unos días antes, había llegado al Congreso de la Nación.

Mientras en Buenos Aires el debate suele plantearse en términos de propietarios, inquilinos y departamentos, en buena parte del interior argentino la pregunta puede ser mucho más básica: quién va a poder seguir viviendo sobre la tierra que ocupa desde hace generaciones.

La brutal represión de Santa Rosa vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa.

Y obliga a mirar más allá de CABA.

Porque cuando se habla de tierra, propiedad y desalojos, los sectores más vulnerables no siempre son los que viven en los edificios de las grandes ciudades: muchas veces están lejos de Buenos Aires, en territorios rurales, defendiendo comunidades que llevan generaciones habitando esas tierras.