La Política Ambiental
Un acuerdo firmado durante el Gobierno de Javier Milei colocó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) dentro de una infraestructura estratégica de la Argentina: la red de represas bajo fiscalización del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).
El dato adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa qué ocurre alrededor de esas centrales. En Neuquén, capitales estadounidenses concentran más de 214.600 hectáreas, muchas de ellas ubicadas en departamentos de elevado valor hídrico y ambiental. Al mismo tiempo, la provincia aparece como uno de los territorios donde podrían instalarse grandes centros de datos destinados a inteligencia artificial, una industria que requiere enormes cantidades de energía y sistemas de refrigeración.
En el centro de este escenario aparece Alicurá, una de las principales represas del Comahue, recientemente concesionada al Grupo Neuss y ubicada sobre el río Limay.
La coincidencia de estos procesos generó una pregunta que ya llegó al Parlamento del Mercosur: ¿qué información sobre las represas y los recursos hídricos argentinos está intercambiando Estados Unidos con organismos nacionales y cuál es el verdadero alcance de ese acuerdo?
El 7 de marzo de 2024, la administración de Milei ratificó un Memorándum de Entendimiento entre el USACE y el ORSEP.
El acuerdo contempla cooperación relacionada con la seguridad de presas y alcanza a Alicurá y otras 31 represas que se encuentran bajo fiscalización del organismo argentino.
El USACE es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, una estructura que forma parte del aparato militar estadounidense y que desarrolla actividades de ingeniería, infraestructura y asistencia técnica.
Para quienes cuestionan el acuerdo, el problema no está simplemente en que exista cooperación internacional.
El punto sensible es qué información estratégica puede quedar a disposición de un organismo estadounidense cuando esa cooperación involucra represas, infraestructura hidráulica y recursos hídricos.
Y allí aparece uno de los principales interrogantes que el Gobierno todavía debe responder.
El pedido de informes presentado ante el Parlamento del Mercosur busca conocer precisamente qué ocurrió con la información técnica argentina.
El proyecto impulsado por el parlamentario Gabriel Fucks, acompañado por Franco Metaza, Gustavo Arrieta, Cecilia Nicolini, Ricardo Branda y Raúl Bittel, solicita que el Gobierno informe qué documentación, estudios y datos técnicos fueron entregados o puestos a disposición del USACE.
También pretende conocer quién produjo esa información, quién la recibió, cómo fue custodiada y qué mecanismos de protección se aplicaron.
Otro punto central es determinar qué establecen las cláusulas de confidencialidad del acuerdo y si esas condiciones son compatibles con las normas argentinas de acceso a la información pública.
La preocupación se profundiza porque el pedido también busca saber si el organismo estadounidense participó o puede participar en la elaboración, actualización o modificación de normas, protocolos o reglamentos argentinos relacionados con la seguridad de las presas.
El Parlamento del Mercosur también quiere conocer los informes jurídicos y técnicos que precedieron a la firma del acuerdo y qué organismos argentinos participaron en su elaboración.
La cuestión tomó mayor relevancia porque, según la información publicada sobre el memorándum, el documento fue entregado originalmente en inglés y el organismo argentino habría recibido una copia en castellano recién el 15 de abril de 2024, más de un mes después de su firma.
Para quienes cuestionan el proceso, el problema no es solamente idiomático.
La discusión apunta a determinar qué condiciones aceptó la Argentina, qué compromisos asumió y qué facultades concretas tiene el USACE dentro de la cooperación.
Por eso, el Parlamento del Mercosur pidió que el Gobierno entregue el expediente administrativo completo y toda la documentación vinculada con el acuerdo.
Uno de los puntos más sensibles es Alicurá.
La central se encuentra sobre el río Limay y forma parte del sistema hidroeléctrico del Comahue. Su ubicación es estratégica porque la represa no solamente produce electricidad: también forma parte de un sistema de regulación de agua de una de las principales cuencas de la Patagonia.
Y justamente Alicurá cambió recientemente de manos.
En el proceso de privatización impulsado por Milei, la central fue concesionada al Grupo Neuss, encabezado por los empresarios Juan y Patricio Neuss.
De esta manera, una infraestructura energética construida durante décadas con participación estatal pasó a quedar bajo explotación privada mientras, paralelamente, un organismo estadounidense comenzó a participar mediante un acuerdo de cooperación en materia de seguridad de presas.
La situación genera un interrogante particularmente sensible: ¿quién controla efectivamente cada parte de esta infraestructura estratégica?
Una represa hidroeléctrica no es solamente una usina.
También es un embalse, una estructura de regulación de caudales y una infraestructura que interviene directamente sobre el funcionamiento de un río.
Las decisiones sobre su operación pueden tener consecuencias sobre las poblaciones ubicadas aguas abajo, las actividades productivas y los ecosistemas.
Por eso, la discusión sobre la participación del USACE no puede reducirse a cuestiones de ingeniería.
También existe una dimensión relacionada con la soberanía sobre los recursos hídricos.
Y esa dimensión adquiere todavía más importancia cuando se observa el territorio que rodea a Alicurá.
De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de la Tierra, los capitales estadounidenses poseen aproximadamente 214.600 hectáreas en Neuquén, equivalentes al 42,6% de las tierras extranjerizadas de la provincia.
La concentración se ubica principalmente en Lácar, Collón Curá, Ñorquín, Los Lagos y Huiliches.
El dato que genera preocupación entre quienes cuestionan la extranjerización es que no se trata de departamentos elegidos al azar.
Son territorios cordilleranos de alto valor ambiental e hídrico.
Lácar concentra unas 144.313 hectáreas, mientras que Collón Curá registra alrededor de 37.412 hectáreas. En Lácar, el relevamiento señala que cerca del 30% de las tierras del departamento se encuentra bajo propiedad de capitales estadounidenses.
Entre los propietarios mencionados aparecen la familia Sharp, vinculada a Four Seasons; Ted Turner, fundador de CNN; y Herman Lay, fundador de la empresa que dio origen a Lay's.
En la zona del embalse de Alicurá también aparecen registros de inmuebles ribereños vinculados con Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., perteneciente al grupo Benetton en Argentina.
La discusión toma una nueva dimensión por la expansión de la inteligencia artificial.
Los grandes centros de datos que utilizan las empresas tecnológicas necesitan enormes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración capaces de mantener operativos miles de servidores.
Eso convierte al agua en un recurso cada vez más importante para la industria tecnológica.
Neuquén reúne varias de las condiciones que buscan estos proyectos: disponibilidad energética, grandes extensiones territoriales, temperaturas favorables en determinados sectores y acceso a recursos hídricos.
La exdiputada Nancy Parrilli vinculó públicamente la concentración de tierras en la zona de Collón Curá con la posibilidad de desarrollar centros de datos de inteligencia artificial.
Su hipótesis es que allí se estaría configurando una zona donde confluyen tierra, agua y condiciones climáticas que podrían resultar atractivas para este tipo de emprendimientos.
Esto no demuestra que los proyectos de IA estén detrás de la compra de esas tierras ni que el acuerdo con el USACE tenga como objetivo garantizarles agua.
Pero sí explica por qué el vínculo entre agua, territorio, energía e inteligencia artificial comenzó a generar preocupación.
El debate también recuperó declaraciones realizadas en enero de 2023 por Laura Richardson, entonces comandante del Comando Sur.
La generala estadounidense había destacado la importancia estratégica de los recursos naturales sudamericanos, entre ellos el litio y el agua dulce, y había planteado que la región tenía una importancia creciente para Estados Unidos.
Sus declaraciones fueron cuestionadas en Argentina por distintos sectores que interpretaron esas palabras como una señal del interés estadounidense sobre los recursos estratégicos de América del Sur.
Ahora, tres años después, el Comando Sur aparece vinculado mediante el USACE con un acuerdo que alcanza a decenas de represas argentinas.
La pregunta vuelve a aparecer: ¿hasta dónde llega esa cooperación?
El caso neuquino no es el único que preocupa.
El pedido de informes también busca determinar si el acuerdo entre el USACE y el ORSEP tiene relación con cuencas compartidas, represas binacionales, el Sistema Acuífero Guaraní, la Hidrovía Paraguay-Paraná o la Vía Navegable Troncal.
Esto resulta relevante porque el mismo 7 de marzo de 2024 el Gobierno argentino también ratificó un memorándum relacionado con la gobernanza de la Vía Navegable Troncal entre el USACE y la entonces Administración General de Puertos.
La preocupación de los parlamentarios del Mercosur es que las decisiones tomadas sobre recursos hídricos o infraestructura estratégica argentina puedan tener consecuencias que excedan las fronteras nacionales.
Por eso reclaman información no solamente sobre las represas, sino también sobre qué datos ambientales, técnicos y de seguridad fueron puestos a disposición de Estados Unidos.
La discusión sobre el Comando Sur no significa que Estados Unidos controle actualmente el agua de Neuquén.
Tampoco existe, con la información disponible, una prueba que permita afirmar que el acuerdo con el USACE fue firmado específicamente para abastecer futuros centros de datos de inteligencia artificial.
Lo que sí existe es una serie de hechos concretos que explican la preocupación.
Un organismo del Ejército estadounidense tiene un acuerdo de cooperación con el organismo argentino que fiscaliza las represas.
Una de esas represas, Alicurá, acaba de pasar a manos privadas.
Neuquén concentra más de 214.600 hectáreas en manos de capitales estadounidenses, muchas de ellas en zonas de alto valor hídrico.
Y la provincia aparece además como un territorio atractivo para proyectos de inteligencia artificial que demandarán grandes cantidades de energía y potencialmente agua.
La pregunta, entonces, no es si ya existe un control estadounidense sobre el agua.
La pregunta es qué información estratégica sobre ese recurso está circulando, quién puede acceder a ella y qué decisiones podrían tomarse en el futuro sobre las cuencas patagónicas.
Porque en un mundo donde la inteligencia artificial necesita cada vez más energía, infraestructura y agua, los ríos de la Patagonia pueden convertirse en un recurso económico de enorme valor.
Y mientras el Gobierno argentino avanza con la privatización de sus represas, el Comando Sur de Estados Unidos ya tiene un lugar formal dentro de la infraestructura que las regula y fiscaliza.
