Privatización de AySA: el Gobierno avanza sobre el 90% de la empresa y crece la resistencia por el derecho al agua

El Gobierno nacional mantiene en marcha el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa responsable de prestar los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.

La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario —la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional— a un único operador estratégico, que podrá estar integrado por empresas nacionales o extranjeras. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La licitación pública nacional e internacional fue autorizada mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía. Se trata de un procedimiento sin precio base y dividido en dos etapas: primero se analizarán los antecedentes técnicos, legales y financieros de los oferentes y posteriormente se conocerán las propuestas económicas.

El cronograma oficial establece la presentación de ofertas y apertura de la primera etapa para el 27 de agosto. Sin embargo, el proceso se encuentra atravesado por medidas cautelares, amparos colectivos y cuestionamientos por la falta de información ambiental. Boletín Oficial

Una concesión por 30 años

Antes de convocar a la licitación, el Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión para AySA por un plazo de 30 años, con posibilidad de prorrogarlo durante una década adicional.

Aunque jurídicamente lo que se vende son las acciones estatales, AySA continuará siendo la concesionaria del servicio. La diferencia central es que su control quedará en manos del operador privado que resulte adjudicatario.

La empresa presta servicios en un territorio habitado por aproximadamente 15 millones de personas. Por esa magnitud, el proceso constituye una de las privatizaciones más sensibles impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

El nuevo contrato consolida un modelo de autosustentabilidad financiera: AySA deberá cubrir sus costos operativos y sus inversiones con ingresos propios, principalmente mediante la facturación a los usuarios, sin asistencia corriente del Tesoro nacional.

Según la posición oficial, este sistema permitirá mejorar la eficiencia y garantizar inversiones. Las organizaciones sociales y de defensa de los consumidores advierten, en cambio, que trasladar a las tarifas los costos de mantenimiento, expansión y rentabilidad del capital privado puede provocar nuevos aumentos y dificultar el acceso al servicio para los sectores de menores ingresos.

Cortes de agua por falta de pago

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de interrumpir el suministro por mora. El nuevo marco regulatorio habilita el corte cuando los usuarios residenciales acumulen una deuda superior a 60 días y cuando los no residenciales registren una mora de al menos 15 días, previa intimación.

La medida representa un endurecimiento respecto del régimen anterior, que para los hogares contemplaba restricciones, pero no necesariamente la interrupción total del servicio.

La aplicación de los cortes se encuentra judicialmente cuestionada. Los planteos sostienen que el acceso al agua potable no puede quedar condicionado exclusivamente a la capacidad de pago, debido a su reconocimiento como derecho humano esencial y su relación directa con la salud, la alimentación y las condiciones mínimas de vida.

Información reservada y sin audiencia pública

Otra de las principales críticas se concentra en la falta de participación ciudadana. El Gobierno no convocó a una audiencia pública específica para discutir las consecuencias sociales, sanitarias y ambientales de la privatización.

Parte de la documentación general se encuentra disponible en la plataforma CONTRAT.AR. Sin embargo, la información confidencial sobre el funcionamiento, los activos y las contingencias de AySA fue incorporada a un Data Room reservado para las empresas interesadas en la licitación.

Organizaciones ambientales consideran que documentos vinculados con obras pendientes, pasivos ambientales, necesidades de inversión y riesgos sanitarios deberían ser públicos. También sostienen que las restricciones podrían vulnerar las normas de acceso a la información ambiental y los compromisos asumidos por Argentina mediante el Acuerdo de Escazú.

Los amparos contra la privatización

El proceso ya provocó distintas presentaciones judiciales. Una de ellas fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre el riesgo de que la transferencia reduzca inversiones, postergue obras o flexibilice los controles de calidad.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata dictó una medida cautelar de no innovar para impedir que AySA modifique o reduzca sus obligaciones de prestación, infraestructura, saneamiento y protección ambiental en los 26 municipios bonaerenses alcanzados por el servicio. El Gobierno apeló la decisión y cuestionó la competencia de la Justicia provincial. Defensoría del Pueblo bonaerense

También presentaron un amparo colectivo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Las entidades reclaman que se suspenda la venta hasta contar con una evaluación integral sobre sus consecuencias ambientales y sanitarias, información pública suficiente y mecanismos efectivos de participación ciudadana.

La Cuenca Matanza-Riachuelo, en el centro del conflicto

Uno de los principales focos de preocupación es el futuro de las obras de saneamiento en la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde viven más de 4,7 millones de personas.

AySA tiene una responsabilidad central en la ampliación de las redes de agua potable y cloacas. Aunque el Sistema Riachuelo representó un avance importante, todavía permanecen pendientes numerosas intervenciones relacionadas con la expansión del servicio, el tratamiento de efluentes, la contaminación industrial, los basurales, la limpieza de márgenes y la atención sanitaria de las poblaciones expuestas.

Las organizaciones sostienen que el nuevo modelo puede orientar las inversiones hacia las zonas más rentables y relegar barrios populares donde la extensión de las redes exige mayores costos. También denuncian la paralización o postergación de obras consideradas estratégicas para cumplir los objetivos ambientales pendientes de la cuenca. FARN

“El agua no se vende”

Frente al avance de la licitación, asambleas populares, foros hídricos, trabajadores y organizaciones socioambientales comenzaron a coordinar movilizaciones y actividades en distintos puntos del país.

Además de reclamar que AySA permanezca bajo control público, impulsan una iniciativa popular para una Ley en Defensa del Agua para la Vida. La propuesta busca reconocer al agua como un bien común inalienable, garantizar su administración pública y comunitaria y establecer como prioridad el consumo humano y la preservación de los ecosistemas.

La privatización de AySA vuelve a colocar en discusión una pregunta de fondo: si el acceso al agua y al saneamiento debe organizarse como un derecho universal o quedar sometido a un modelo en el que las tarifas, las inversiones y la continuidad del servicio dependan de la rentabilidad empresarial.