Un petrolero británico operó en Ushuaia y reavivó la disputa por Malvinas y los recursos del Atlántico Sur

La presencia de un petrolero bajo pabellón británico en el Puerto de Ushuaia abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno de Tierra del Fuego y la administración nacional. La controversia involucra la soberanía sobre las Islas Malvinas, el control de una terminal estratégica y la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El buque VS Promise amarró en el muelle comercial de Ushuaia mientras el puerto permanece bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La embarcación, dedicada al transporte de petróleo, está registrada en la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica. Tiene aproximadamente 228 metros de eslora y capacidad para transportar cerca de 500.000 barriles de crudo, según los datos marítimos relevados por Chequeado.

Antes de llegar a la capital fueguina, el petrolero había operado en Río Cullen, en el norte de la Isla Grande, donde funciona una terminal vinculada con la producción de hidrocarburos de la Cuenca Austral. Según la explicación del Gobierno nacional, el barco cargó petróleo crudo en esa zona y luego ingresó al Puerto de Ushuaia para aprovisionarse.

El rechazo de Tierra del Fuego

El Gobierno provincial calificó el episodio como “inadmisible” y cuestionó que una embarcación vinculada con el Reino Unido pudiera operar en la capital de Tierra del Fuego mientras ese país mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con los espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.

El reclamo estuvo dirigido especialmente contra la administración nacional del puerto. La Provincia recordó que la Nación intervino la terminal en enero de 2026 y desplazó a las autoridades fueguinas.

“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, sostuvo el Ejecutivo provincial en el comunicado difundido tras conocerse la operación.

Tierra del Fuego exigió que la Nación informe bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó el ingreso. También reiteró su pedido para que finalice la intervención y se restituya el manejo del puerto a la Provincia.

La respuesta del Gobierno nacional

La Casa Rosada rechazó que el episodio implique una afectación de la soberanía o una violación de la legislación provincial. Su argumento central es que el VS Promise transportaba petróleo extraído en territorio argentino y que previamente había utilizado la monoboya de Río Cullen, ubicada bajo jurisdicción fueguina.

“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, señalaron desde el Gobierno. Además, sostuvieron que la utilización previa de la monoboya habría contado con la autorización provincial, según informó TN.

La administración nacional también afirmó que la Ley provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, no impide automáticamente el ingreso de cualquier embarcación británica.

La precisión resulta importante. El artículo 2 de la norma prohíbe la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas vinculadas con la exploración o explotación de recursos naturales, o actividades militares, dentro de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.

Hasta el momento, la información pública disponible vincula al VS Promise con la carga de crudo en Río Cullen. No se difundieron elementos que acrediten que hubiera participado en operaciones hidrocarburíferas dentro de la cuenca de Malvinas. Esa circunstancia será determinante para establecer si existió una infracción concreta a la Ley Gaucho Rivero.

Un puerto estratégico bajo disputa

El conflicto supera la escala realizada por un buque. El Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura central para la actividad antártica, el transporte marítimo, el turismo y la proyección argentina sobre el Atlántico Sur.

La ANPyN dispuso su intervención por doce meses mediante la Resolución 4/2026. La medida otorgó al organismo nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal, con el argumento de corregir problemas de infraestructura, seguridad y administración. El texto oficial también obliga a garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y la seguridad ambiental, según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Tierra del Fuego rechazó esos fundamentos y llevó la controversia a la Justicia. Ahora, el paso del VS Promise volvió a exponer la tensión entre ambos gobiernos sobre quién controla el puerto y con qué criterios se autorizan sus operaciones.

El petrolero permaneció alrededor de catorce horas en el muelle comercial y posteriormente continuó su navegación por el Canal Beagle, según informó el medio fueguino El Delivery.

La Provincia anticipó que buscará determinar qué empresa contrató el transporte, cuál es el destino final del crudo y qué autoridades intervinieron en la autorización. El episodio volvió a colocar en discusión una cuestión de fondo: el vínculo entre soberanía, infraestructura portuaria y aprovechamiento de los recursos naturales en una de las regiones geopolíticamente más sensibles de la Argentina.