La Política Ambiental
En las montañas del oeste de Catamarca vuelve a crecer la tensión entre una comunidad indígena y una empresa minera.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al Pueblo Diaguita, denunció un nuevo intento de ingreso de Elevado Gold S.A. a su territorio ancestral y decidió declararse en estado de alerta y asamblea permanente.
La comunidad asegura que no permitirá el ingreso de máquinas, camionetas, geólogos ni personal de la empresa y reclama el retiro definitivo de la compañía del territorio.
El conflicto no comenzó ahora. Lleva varios años, tuvo denuncias, disputas por el territorio, intervenciones de organismos provinciales y un episodio de represión en 2024 que dejó a un integrante de la comunidad herido.
Ahora, el nuevo escenario vuelve a poner sobre la mesa una discusión que se repite en distintas regiones de Argentina: qué sucede cuando el avance de proyectos extractivos se encuentra con comunidades indígenas que reclaman el reconocimiento de sus territorios y su derecho a decidir sobre ellos.
Para entender el conflicto hay que empezar por el lugar.
Peñas Negras se encuentra en el departamento Belén, en el oeste de Catamarca, dentro de una región de características puneñas y en el área norte del departamento, cerca del límite con Salta.
Es una zona de grandes montañas, extensas superficies áridas y condiciones climáticas extremas. Allí las distancias son enormes y el agua adquiere un valor fundamental para las comunidades y para las actividades productivas que se desarrollan en el territorio.
La comunidad utiliza históricamente el lugar para el pastoreo, aprovechando aguadas y otros puntos de acceso al agua. También existen puestos, corrales y sitios que tienen importancia cultural y espiritual para el Pueblo Diaguita.
Por eso, cuando Peñas Negras habla de la defensa de su territorio, no está hablando simplemente de una superficie delimitada en un mapa.
Está hablando del espacio donde las familias desarrollan su vida, donde pastorean sus animales, donde se encuentran sus fuentes de agua y donde se mantienen prácticas culturales transmitidas entre generaciones.
“Nuestro territorio es lugar de pastoreo ancestral, de aguadas, de sitios sagrados y de vida comunitaria. No es un desierto, es nuestra casa”, señalaron desde la comunidad.
La frase resume uno de los principales puntos de tensión que aparecen en los conflictos mineros de la Puna.
Para una empresa, una zona puede representar un área con potencial para encontrar minerales.
Para quienes viven allí, esa misma montaña puede ser parte de un territorio ancestral, una zona de pastoreo o el lugar donde se encuentra una aguada de la que dependen sus animales.
La historia reciente de Peñas Negras está atravesada por el conflicto territorial.
La comunidad forma parte del entramado de comunidades diaguitas de la región de Belén y su reconocimiento se produjo en medio de una disputa por el territorio con sectores que históricamente reclamaron derechos sobre esas tierras.
En ese mismo territorio comenzó a crecer el interés de empresas mineras.
Uno de los proyectos que quedó en el centro de la disputa es Alto El Mulato, vinculado con la exploración de minerales como oro y cobre.
La zona se encuentra además dentro del área de influencia de la Reserva de Biosfera Laguna Blanca, una región de enorme importancia ambiental de la Puna catamarqueña.
La llegada de la actividad minera profundizó así una disputa que no es únicamente económica.
También involucra la propiedad y posesión de las tierras, el reconocimiento de las comunidades indígenas, el acceso al agua y la posibilidad de que una empresa pueda realizar tareas de exploración dentro de un territorio que la comunidad considera ancestral.
Elevado Gold es una compañía vinculada al desarrollo de proyectos de exploración minera en Catamarca.
Uno de sus principales intereses en la zona es Alto El Mulato, ubicado en el norte del departamento Belén, en las cercanías del límite con Salta.
La empresa busca avanzar con tareas de prospección para determinar el potencial mineral del área.
Pero desde Peñas Negras sostienen que la compañía no cuenta con el consentimiento de la comunidad para realizar esos trabajos dentro de su territorio.
Y ese punto es fundamental.
Porque el conflicto no consiste solamente en determinar si la empresa tiene o no autorización administrativa para realizar una determinada actividad minera.
La comunidad sostiene que existe un derecho previo que debe ser respetado: ser consultada antes de que se tomen decisiones que puedan afectar directamente su territorio y su forma de vida.
La expresión puede sonar técnica, pero el concepto es bastante concreto.
Los pueblos indígenas tienen reconocido el derecho a ser consultados cuando una medida, proyecto o actividad pueda afectar directamente sus territorios.
La Consulta Previa, Libre e Informada está contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional la cual reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
“Previa” significa que la consulta debe realizarse antes de que se adopte la decisión o se avance con la medida.
“Libre” implica que no debe existir coerción, presión o condicionamiento.
E “informada” significa que la comunidad debe contar con información suficiente para poder evaluar qué se pretende hacer y cuáles podrían ser sus consecuencias.
En el caso de Peñas Negras, la comunidad sostiene que ese derecho no fue respetado.
De hecho, en una asamblea realizada en julio de 2023 con representantes de la Secretaría de Minería y organismos provinciales vinculados a los derechos indígenas, la comunidad dejó asentado que no otorgaba su consentimiento para que Elevado Gold realizara estudios en su territorio.
Sin embargo, meses después, el Ministerio de Minería provincial aprobó la continuidad de actividades vinculadas con el proyecto.
Y ahí volvió a aparecer el conflicto.
La disputa llegó a uno de sus momentos más graves en abril de 2024.
Integrantes de Peñas Negras denunciaron que personal de Elevado Gold intentó ingresar al territorio acompañado por efectivos de la Policía de Catamarca.
El objetivo estaba relacionado con tareas de prospección en el área del cerro Alto de Salle, donde se encuentra el pedimento minero Alto El Mulato.
La comunidad se organizó para impedir el ingreso.
El operativo terminó con una intervención de fuerzas policiales y con integrantes de la comunidad heridos.
Uno de ellos fue Félix Escalante, un comunero de 83 años que intentó impedir el paso de las fuerzas de seguridad y terminó siendo golpeado durante el operativo. El episodio fue registrado en imágenes y generó repercusión a nivel nacional.
En los días posteriores, distintas comunidades diaguitas realizaron protestas y cortes sobre la Ruta Provincial 43 para reclamar el retiro de los trabajadores y representantes de Elevado Gold y de los efectivos policiales que custodiaban el ingreso.
El episodio dejó algo en evidencia: el conflicto entre la comunidad y la empresa estaba lejos de resolverse.
Hay otro aspecto que hace especialmente delicada la discusión sobre la minería en esta región: el agua.
La Puna es un ambiente extremadamente árido y las fuentes de agua tienen una importancia central para la vida humana, la fauna y las actividades productivas.
En Peñas Negras, las aguadas forman parte del territorio utilizado históricamente por la comunidad.
Por eso, cualquier actividad que implique abrir caminos, realizar perforaciones, modificar sectores del terreno o avanzar con trabajos de exploración genera preocupación.
La discusión ambiental no aparece solamente cuando una mina comienza a extraer minerales.
También empieza mucho antes, durante las etapas de exploración.
Porque es durante esas primeras etapas cuando se construyen caminos, se realizan perforaciones, se movilizan vehículos y maquinaria y se comienza a modificar un territorio que hasta ese momento podía mantenerse prácticamente intacto.
Para las comunidades, además, existe una preocupación que va más allá del impacto inmediato: qué puede ocurrir con el agua si el proyecto finalmente avanza hacia una etapa de explotación.
En una región donde el recurso hídrico es escaso, esa pregunta adquiere una importancia todavía mayor.
El nuevo comunicado de la comunidad muestra que el conflicto volvió a escalar.
Peñas Negras denunció un “intento ilegal de ingreso” de Elevado Gold y sostuvo que ese ingreso viola su derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada.
Frente a esto, decidió mantener un estado de alerta y asamblea permanente.
La comunidad también anunció que rechazará el ingreso de máquinas, camionetas, geólogos y trabajadores de la compañía.
Y dirigió un mensaje particularmente fuerte al Gobierno provincial y al Ministerio de Minería.
Los responsabilizó por cualquier hecho de violencia que pudiera sufrir la comunidad y exigió el retiro inmediato y definitivo de Elevado Gold.
La advertencia no es menor si se tiene en cuenta lo ocurrido dos años atrás.
En 2024, la presencia de personal minero y fuerzas de seguridad dentro del territorio terminó generando enfrentamientos y heridas.
Ahora, Peñas Negras deja claro que no está dispuesta a repetir aquella situación.
El reclamo tampoco quedó limitado a Peñas Negras.
La comunidad convocó a integrantes de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén, además de otras comunidades de la región como Laguna Blanca, Corral Blanco, Aguas Calientes y Antofalla.
También llamó a organizaciones que vienen trabajando en la defensa del agua y del ambiente.
La estrategia tiene una explicación.
En la Puna catamarqueña existen numerosas comunidades indígenas y los conflictos territoriales muchas veces involucran espacios que se encuentran conectados por caminos, fuentes de agua, zonas de pastoreo y relaciones comunitarias.
Por eso, lo que ocurre en una comunidad puede terminar generando una respuesta colectiva.
Y Peñas Negras busca justamente evitar que el conflicto quede aislado.
El nuevo episodio ocurre, además, en un momento en el que la política minera de Catamarca atraviesa otros cuestionamientos.
En los últimos días se conoció una denuncia penal contra autoridades vinculadas con CAMYEN, la empresa minera estatal de Catamarca, por presuntas irregularidades relacionadas con áreas mineras protegidas.
La denuncia deberá ser investigada y determinar si efectivamente existieron irregularidades o delitos. Pero su aparición vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de los organismos provinciales encargados de administrar y promover la actividad minera.
CAMYEN fue creada por la provincia con el objetivo de promover el desarrollo de la minería y participa de la estrategia oficial para aprovechar los recursos minerales de Catamarca. La propia empresa señala entre sus objetivos el desarrollo de proyectos vinculados con los recursos naturales de la provincia.
Esto adquiere especial relevancia en un momento en que Catamarca busca ampliar la actividad minera y atraer nuevas inversiones.
La provincia apuesta a minerales como el litio, el cobre y el oro como parte de su estrategia económica.
Pero mientras el Gobierno habla de inversiones y desarrollo, las comunidades plantean otra cuestión: qué controles existen, quién toma las decisiones y qué lugar tienen los habitantes de esos territorios.
La discusión sobre la empresa estatal no es menor.
Durante agosto avanzó en la Legislatura provincial una reforma para transformar CAMYEN de Sociedad del Estado en una Sociedad Anónima Unipersonal.
El cambio le otorgaría nuevas herramientas para administrar y disponer de los pedimentos mineros de los que es titular, en un momento en que la provincia busca profundizar el desarrollo de su sector minero.
La transformación de CAMYEN y las denuncias recientes forman parte de un contexto más amplio en el que Catamarca intenta posicionarse como una de las principales provincias mineras del país.
Y es justamente en ese contexto donde aparece el conflicto de Peñas Negras.
El caso de Peñas Negras no es un hecho aislado.
En distintas regiones de Argentina se multiplicaron durante los últimos años los conflictos entre comunidades indígenas, empresas, gobiernos provinciales y distintos proyectos económicos.
Hay diferencias importantes entre cada caso, pero existe un elemento que se repite: la disputa por territorios que las comunidades consideran ancestrales y el reclamo por ser escuchadas antes de que se tomen decisiones que puedan modificar esos espacios.
En Salta, comunidades indígenas enfrentan conflictos vinculados con desmontes y avance de actividades productivas sobre territorios reclamados como ancestrales.
En Jujuy, distintos pueblos originarios cuestionaron procesos de regularización y delimitación territorial que consideran insuficientes o realizados sin garantizar su participación.
En Misiones, comunidades Mbya Guaraní mantienen disputas por tierras frente al avance de emprendimientos y otras actividades.
Y en Neuquén, comunidades mapuches sostienen conflictos territoriales en zonas donde confluyen intereses petroleros, inmobiliarios, turísticos y productivos.
No todos estos casos tienen las mismas características ni están vinculados con la minería.
Pero todos muestran una problemática que atraviesa distintas provincias: la tensión entre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y los intereses económicos que buscan avanzar sobre esos territorios.
La discusión de fondo es mucho más grande que Peñas Negras y Elevado Gold.
Argentina atraviesa una nueva etapa de expansión de actividades extractivas. El litio, el cobre, el oro, los hidrocarburos y otros recursos naturales volvieron a ocupar un lugar central en las políticas de desarrollo de varias provincias.
El argumento suele ser conocido: atraer inversiones, generar empleo, aumentar las exportaciones y aprovechar recursos que permanecen bajo tierra.
Pero esos recursos no están aislados del territorio.
Están debajo de montañas, salares, bosques, humedales, ríos y zonas donde viven comunidades.
Y muchas veces las áreas con mayor potencial económico coinciden justamente con territorios donde existen poblaciones indígenas que llevan generaciones desarrollando sus propias formas de vida.
Ahí aparece la pregunta que atraviesa el conflicto de Peñas Negras:
¿Quién decide qué se hace con un territorio?
¿El Estado que otorga una autorización?
¿La empresa que invierte?
¿Los propietarios que figuran en un registro?
¿O las comunidades que sostienen que ocupan ancestralmente esas tierras?
La legislación argentina reconoce derechos específicos para los pueblos indígenas.
El problema aparece cuando esos derechos chocan con proyectos económicos que cuentan con el respaldo de los gobiernos provinciales.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras decidió volver a organizarse frente al avance que denuncia.
No se trata de un conflicto que haya comenzado esta semana. Es una disputa que lleva años y que ya pasó por oficinas gubernamentales, tribunales, protestas, operativos policiales y enfrentamientos.
Ahora vuelve a comenzar una nueva etapa.
La comunidad se declara en alerta, convoca a otras organizaciones y sostiene que no permitirá el ingreso de Elevado Gold a su territorio.
Mientras tanto, Catamarca continúa apostando a expandir su actividad minera y a atraer inversiones para explotar sus recursos naturales.
El desafío para la provincia será determinar cómo puede avanzar esa estrategia sin ignorar los derechos de las comunidades indígenas y sin convertir los conflictos territoriales en nuevos focos de violencia.
Porque en Peñas Negras no se está discutiendo solamente qué minerales existen debajo de una montaña.
Se está discutiendo quién puede decidir sobre ella.
Y para la comunidad diaguita, la respuesta ya está definida: ese territorio no es una zona vacía esperando ser explorada.
Es el lugar donde viven, donde pastorean sus animales, donde encuentran agua, donde están sus sitios sagrados y donde se mantiene viva una parte de su identidad.
Por eso, frente al nuevo avance de Elevado Gold, Peñas Negras vuelve a decir que no.
Y esta vez, asegura que permanecerá en asamblea permanente para defender su territorio.
