Mar del Plata: el mundo al revés, denuncian penalmente a vecinos que defienden la Reserva Costanera

La privatización de los espacios costeros de Mar del Plata abrió un nuevo capítulo judicial. Mientras el Municipio avanza con la explotación privada de Playa Redonda, uno de los sectores de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, la empresa que obtuvo la concesión denunció penalmente a vecinos que participaron de las acciones contra la entrega del predio. Ahora, la Justicia citó a declarar a Kanki Alonso, vecino de Chapadmalal e integrante del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, por una causa iniciada a partir de la protesta realizada en el lugar.

La citación fue dispuesta por la UFIJ N.º 12 del Departamento Judicial Mar del Plata, en una investigación por el presunto delito de “turbación de la posesión o tenencia de un inmueble”. La audiencia fue fijada para el 2 de octubre de 2026, a las 11, y el expediente lleva el número PP-08-00-021757-26/00. La investigación está a cargo del fiscal Luis Alberto Ferreyra.

La causa se inició después de la entrega de Playa Redonda a Santiago de Compostela 1943 S.A., la empresa que obtuvo la concesión por 20 años. La firma denunció que un grupo de personas había ingresado al predio, roto el candado de la tranquera, colocado ramas, escombros y carteles y posteriormente instalado una cadena con candado para impedir el acceso. La fiscalía sostiene que Alonso habría participado de esos hechos y lo considera provisoriamente coautor del delito investigado. Se trata, por ahora, de una imputación en una causa que deberá continuar su trámite judicial.

Pero el conflicto no comenzó con la denuncia penal. Hace años que vecinos de la zona reclaman que la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur sea preservada y que las playas mantengan su carácter público, frente al avance de emprendimientos privados sobre el frente costero. En ese reclamo participa el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, una organización integrada por habitantes de los barrios ubicados sobre la reserva que realiza tareas de vigilancia ambiental, defensa de bienes comunes, actividades educativas y presentaciones judiciales.

Kanki Alonso es vecino de Chapadmalal y ya recurrió a la Justicia por la Reserva

El nombre de Kanki Alonso no aparece por primera vez ahora. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo identificó expresamente como vecino de Chapadmalal en una causa iniciada contra el Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredon.

En la sentencia dictada el 29 de mayo de 2024, el máximo tribunal bonaerense dejó asentado que Kanki Alonso, Paola González y Carlos Serra, “en su calidad de vecinos del barrio Chapadmalal”, habían promovido una acción de amparo para acceder a información ambiental relacionada con las Unidades Turísticas Fiscales ubicadas dentro de la Reserva Turística y Forestal del Paseo Costanero Sur. Los vecinos habían planteado su preocupación por la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico y por los procedimientos utilizados para otorgar concesiones en esos espacios.

La trayectoria judicial permite entender que el conflicto actual no surgió a partir de la entrega de Playa Redonda. La disputa por el destino de la Reserva, el acceso a la información ambiental y el avance de emprendimientos privados viene de varios años atrás, y Alonso participa de esos reclamos como vecino de la zona.

El propio Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur se presenta como una organización dedicada a la defensa de los derechos ambientales y del acceso público a playas y reservas del sector sur de Mar del Plata. Su trabajo incluye específicamente el seguimiento de lo que ocurre dentro de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur y la presentación de acciones judiciales cuando considera que existen conflictos sobre el territorio.

El Municipio decidió entregar Playa Redonda por 20 años

En febrero de 2025, durante la gestión de Guillermo Montenegro, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 26.579, que autorizó al Ente Municipal de Turismo y Cultura a licitar el uso y explotación de Playa Redonda. El expediente había sido enviado por el Departamento Ejecutivo y contemplaba una concesión sobre la Unidad Turística Fiscal ubicada en el Paseo Costanero Sur.

La decisión formó parte de una política municipal para avanzar con la concesión de playas que hasta entonces no tenían una explotación privada formalizada o que funcionaban mediante permisos precarios. El propio Ejecutivo había presentado el proceso como una forma de generar servicios, empleo y actividad turística durante todo el año.

Playa Redonda tenía, hasta entonces, un permiso precario de uso y explotación otorgado a la Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas. Ese permiso fue prorrogado para la temporada 2025/2026, mientras el Municipio avanzaba paralelamente con la licitación definitiva.

Después de un primer llamado declarado desierto, el segundo proceso terminó con la adjudicación a Santiago de Compostela 1943 S.A. La resolución oficial del EMTURyC estableció un canon anual de $90 millones y una inversión comprometida de $2.521.232.040,22, además de una garantía de contrato de $180 millones.

La concesión tiene una duración de 20 años. El pliego establece que el proyecto debe plantear intervenciones mínimas, respetar las condiciones físicas y paisajísticas del predio y promover actividades turísticas y recreativas compatibles con el entorno.

Para los vecinos, sin embargo, el problema no es solamente quién ganó la licitación ni cuánto dinero pagará por año. El punto central es que un sector de una reserva ambiental y de una playa utilizada por la comunidad pasó a quedar bajo explotación privada durante dos décadas.

Una playa pública dentro de una reserva

Playa Redonda no es un terreno aislado de cualquier protección ambiental. Está ubicada dentro del Paseo Costanero Sur, un territorio que los vecinos vienen defendiendo por sus características naturales, paisajísticas, arqueológicas y paleontológicas.

Por eso, la discusión sobre la concesión excede la instalación de un nuevo emprendimiento turístico. Lo que está en disputa es el modelo de utilización de un espacio costero que durante años fue utilizado por habitantes de Mar del Plata, vecinos de Chapadmalal y turistas que llegan al sur del partido precisamente para encontrar playas con menor nivel de urbanización.

Durante la protesta realizada el 26 de mayo, cuando se concretó la entrega formal del predio, los vecinos plantearon que la transformación de Playa Redonda afectaría no solamente a quienes viven en la zona sino también a quienes llegan desde otros lugares para disfrutar de una costa que todavía conserva características naturales. Entre los reclamos aparecieron la defensa del acceso público, la preservación de la reserva y el rechazo a una explotación comercial que consideran incompatible con ese territorio.

La discusión tiene además una dimensión social: cuando una playa pública comienza a organizarse alrededor de servicios, emprendimientos, instalaciones y actividades comerciales privadas, el acceso puede seguir siendo formalmente público pero cambiar radicalmente la manera en que la comunidad utiliza ese espacio.

Ese es precisamente uno de los cuestionamientos que vienen realizando las asambleas de Chapadmalal frente al avance de las concesiones. Para los vecinos, la privatización no significa necesariamente que el Estado deje de ser propietario del espacio, sino que una empresa privada pasa a controlar durante años su explotación y las actividades que allí se desarrollan.

La protesta terminó en una causa penal

El 26 de mayo, mientras se concretaba la entrega de Playa Redonda, vecinos y organizaciones se concentraron en el acceso al predio para rechazar la concesión. La protesta fue parte de una serie de movilizaciones que se habían realizado durante los meses anteriores contra el avance de las licitaciones de las playas del sur.

Posteriormente, Santiago de Compostela 1943 S.A. realizó una denuncia penal contra integrantes de los sectores que habían participado de las acciones de protesta. La investigación comenzó por los hechos ocurridos alrededor del ingreso al predio y ahora alcanzó a Kanki Alonso.

La fiscalía sostiene que las personas involucradas habrían ingresado al lugar, roto el candado de acceso, colocado obstáculos y cerrado posteriormente el establecimiento. También incorporó fotografías, informes policiales, testimonios, una inspección ocular y otros elementos al expediente.

La citación de Alonso no implica una condena. La Justicia deberá determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad individual de cada una de las personas investigadas.

Pero el episodio expone una situación difícil de ignorar: la empresa que recibió durante 20 años la explotación privada de una playa ubicada dentro de la Reserva terminó llevando a la Justicia penal a uno de los vecinos que venía reclamando públicamente por el destino de ese mismo territorio.

El conflicto con los vecinos no empezó con Playa Redonda

La entrega de Playa Redonda se inscribe en un proceso más amplio. Desde 2025 el Municipio impulsó licitaciones sobre distintos sectores costeros del sur, incluyendo Playa Redonda, Playa Santa Isabel y Playa Dorada. El argumento oficial estuvo vinculado con la generación de infraestructura, empleo y servicios turísticos.

Los vecinos, en cambio, vienen planteando que el avance de las concesiones sobre la Reserva genera una transformación permanente del territorio y reduce los sectores de costa que permanecen sin explotación comercial.

En el caso de Playa Redonda, las organizaciones cuestionaron además la falta de acceso a información ambiental durante el proceso licitatorio y reclamaron que se contemplaran las características específicas de una zona protegida. El conflicto llegó incluso a movilizaciones sobre la Ruta 11 y a presentaciones administrativas y judiciales.

Por eso, reducir la discusión a una supuesta “toma” de una propiedad privada deja afuera una parte fundamental del conflicto: la discusión previa sobre si ese espacio debía ser entregado para explotación privada, bajo qué condiciones y con qué controles ambientales.

Escazú y la protección de quienes defienden el ambiente

El conflicto también vuelve a poner sobre la mesa el Acuerdo de Escazú, aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566. El tratado establece obligaciones específicas respecto de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Su artículo 9 dispone que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para que quienes defienden derechos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad. También establece medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos y para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra esas personas.

En Mar del Plata, el conflicto adquiere una dimensión particularmente sensible porque los vecinos que participan de estos reclamos no aparecen de la nada: son habitantes de los barrios afectados, vienen siguiendo durante años las transformaciones del territorio y, en algunos casos, ya recurrieron a la Justicia para obtener información ambiental sobre la Reserva.

El caso de Alonso es un ejemplo concreto. Antes de la denuncia penal de 2026, ya había acudido a los tribunales junto con otros vecinos para reclamar información sobre las unidades turísticas fiscales ubicadas dentro del Paseo Costanero Sur.

La Reserva queda en el centro de la disputa

La discusión sobre Playa Redonda no termina con una concesión administrativa ni con una audiencia judicial. Lo que está en juego es qué modelo de costa quiere construir Mar del Plata en el sector sur.

Por un lado, el Municipio habilitó un esquema de explotación privada por 20 años, con una inversión millonaria comprometida y nuevos servicios turísticos. Por otro, los vecinos reclaman que la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur mantenga sus características naturales y que las playas continúen siendo espacios de uso público, accesibles tanto para quienes viven en la zona como para quienes llegan como turistas.

En ese escenario, un vecino que durante años participó de la defensa de la Reserva deberá presentarse ante la Justicia a raíz de una denuncia realizada por la empresa que recibió la explotación de Playa Redonda.

La Justicia deberá investigar los hechos denunciados. Pero, mientras tanto, la pregunta ambiental y social permanece abierta: qué lugar ocuparán los vecinos, los turistas y el acceso público dentro de una costa cada vez más atravesada por concesiones privadas.

Porque Playa Redonda no es solamente una unidad turística fiscal. Es parte de una reserva, es una playa pública y es un territorio que durante años fue utilizado por la comunidad. La discusión sobre su futuro no puede quedar reducida al contrato firmado entre el Municipio y una empresa.