Ley de Semillas: el Gobierno amenaza con avanzar junto a Bayer y pone en riesgo a todo el campo argentino

“Voy a redactar la ley con Bayer”

La reforma de la Ley de Semillas volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Alejandro Cacace, funcionario del área de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, protagonizara una fuerte discusión durante una reunión con representantes del sector agropecuario. Ante la falta de acuerdo, amenazó con avanzar en la redacción de la norma junto a Bayer, una de las multinacionales que reclaman mayores garantías para cobrar por sus desarrollos genéticos.

El encuentro reunió a representantes de Bayer, Corteva y Syngenta, junto con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina. La discusión gira alrededor de una cuestión central: hasta dónde pueden llegar los derechos de las empresas sobre las semillas y cuánto deberán pagar los productores para volver a sembrar parte de su propia cosecha.

El episodio expuso las prioridades del Gobierno. Después de meses de negociaciones para acercar posiciones, Cacace amenazó con abandonar la búsqueda de consenso y avanzar con una propuesta que favorezca los reclamos de las multinacionales. La frase que trascendió del encuentro fue contundente: “Voy a redactar la ley con Bayer”.

La declaración abre un interrogante sobre el proceso de elaboración de una norma que afecta a todo el sector agropecuario. ¿Por qué una legislación que determinará las condiciones de producción de miles de agricultores podría terminar redactándose junto a una de las empresas que más se beneficiarían con su aprobación?

El lobby de Bayer y las presiones para cambiar la legislación

La iniciativa no aparece de manera aislada. El Gobierno busca modificar el régimen de propiedad intelectual de las semillas y avanzar hacia la adhesión argentina al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91). La discusión también se vincula con las presiones comerciales de Estados Unidos para que la Argentina fortalezca la protección de la propiedad intelectual y adapte sus normas a estándares que benefician a los titulares de estas tecnologías.

En este escenario, Bayer y las demás multinacionales semilleras tienen un interés económico directo en el resultado. Una legislación que amplíe la protección de sus variedades y restrinja las posibilidades de reutilizar semillas puede garantizarles ingresos recurrentes y fortalecer su posición en el mercado. Esos ingresos, sin embargo, representan costos que los productores deberán afrontar directa o indirectamente.

El lobby empresarial busca instalar la idea de que una mayor protección de las patentes es indispensable para impulsar la innovación y atraer inversiones. Pero la discusión no puede reducirse a una supuesta oposición entre empresas innovadoras y productores que se resisten a modernizarse. Lo que está en juego es cómo se distribuyen los costos y beneficios de la investigación agrícola, quién controla una tecnología esencial para producir alimentos y qué capacidad de decisión conserva el país sobre su propio sistema agropecuario.

La participación de las empresas en las discusiones sobre propiedad intelectual no es ilegal por sí misma. Sin embargo, cuando un funcionario amenaza con redactar una ley junto a una compañía que podría beneficiarse directamente de ella, resulta indispensable preguntar qué lugar tendrán los agricultores, las cooperativas, la agricultura familiar y los organismos públicos de investigación.

La reforma podría modificar las condiciones bajo las cuales trabajan productores de todo el país, desde pequeños establecimientos familiares hasta grandes explotaciones agropecuarias. Por eso, las reglas no deberían definirse exclusivamente a partir de las demandas de las compañías que buscan ampliar sus derechos comerciales.

UPOV 91: más poder para las empresas semilleras

Uno de los principales objetivos del Gobierno es que la Argentina adhiera al Acta de 1991 de la UPOV, un régimen que amplía la protección de los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales. Actualmente, el país está adherido al Acta de 1978, que contempla un marco más flexible para el uso propio de las semillas por parte de los agricultores.

El llamado uso propio permite que un productor reserve parte de su cosecha para utilizarla como semilla en la siguiente campaña, bajo las condiciones establecidas por la legislación vigente. No es lo mismo que comercializar ilegalmente semillas: son prácticas diferentes que el debate público muchas veces mezcla para justificar mayores controles y restricciones.

Con UPOV 91, el alcance de los derechos de las empresas sobre la reproducción y utilización de variedades protegidas adquiere mayor relevancia. Aunque el régimen contempla excepciones y permite que cada país regule determinados aspectos, la posibilidad de restringir el uso propio abre un escenario de mayor dependencia para los productores.

El Gobierno argumenta que fortalecer la propiedad intelectual permitirá atraer inversiones, impulsar la investigación y facilitar la llegada de nuevas tecnologías. Sin embargo, una mayor protección comercial no garantiza por sí sola que las semillas sean más accesibles, que los alimentos bajen de precio o que los pequeños productores mejoren sus condiciones de trabajo.

La pregunta central es quién se beneficia de esa innovación y quién termina pagando sus costos. Si las empresas obtienen mayores derechos sobre la reproducción de semillas, los agricultores pueden verse obligados a destinar una proporción mayor de sus ingresos a regalías y licencias, en lugar de reinvertir ese dinero en sus establecimientos.

Bayer y Monsanto: la misma empresa detrás de las semillas y los agrotóxicos

Bayer y Monsanto ya no son empresas independientes. En 2018, Bayer completó la adquisición de Monsanto por unos 63.000 millones de dólares y pasó a controlar su negocio agrícola. La operación convirtió al grupo alemán en uno de los principales actores mundiales del sector y consolidó su presencia en un mercado que abarca semillas, desarrollos genéticos y productos para la protección de cultivos.

La concentración plantea un conflicto que va mucho más allá de las regalías. Bayer tiene intereses comerciales tanto en el negocio de las semillas como en el de los agrotóxicos utilizados en la producción agrícola. A través de su división agrícola, comercializa variedades vegetales y productos fitosanitarios, incluidos herbicidas. Al mismo tiempo, mantiene un importante negocio farmacéutico que abarca medicamentos para distintas enfermedades.

De esta manera, una misma corporación participa en diferentes eslabones de la cadena: desde los insumos utilizados para producir alimentos hasta el mercado de los medicamentos. Esta integración empresarial plantea interrogantes sobre la concentración económica, la independencia de los controles y los conflictos de intereses cuando las compañías buscan influir en las normas que regulan sus propias actividades.

Esto no significa que todos los medicamentos comercializados por Bayer se utilicen para tratar efectos de la exposición a sus propios agrotóxicos. Pero sí obliga a discutir un modelo en el que una misma empresa obtiene ingresos de negocios diferentes, mientras reclama mayores derechos sobre recursos esenciales para la producción de alimentos.

Bayer no es una observadora neutral del debate sobre la Ley de Semillas: es una de las corporaciones que podrían beneficiarse de una legislación que amplíe los derechos de propiedad intelectual y aumente la dependencia de los productores. Si, además, el Gobierno amenaza con redactar la norma junto a la compañía, la discusión sobre quién fija las reglas deja de ser secundaria.

Estados Unidos: las demandas de Monsanto contra productores que guardaban semillas

Lo que se discute en la Argentina tiene un antecedente concreto en Estados Unidos. Durante años, Monsanto utilizó sus patentes y acuerdos de licencia para impedir que los agricultores guardaran y volvieran a sembrar semillas de variedades genéticamente modificadas protegidas por sus derechos de propiedad intelectual.

El mecanismo tenía una consecuencia directa: los productores podían comprar semillas para una campaña, pero las condiciones contractuales les impedían guardar parte de la cosecha para sembrarla al año siguiente. Para volver a utilizar esas variedades, debían comprar nuevas semillas autorizadas y aceptar las condiciones de licencia correspondientes.

Entre 1997 y 2010, Monsanto presentó 144 demandas por infracción de sus derechos sobre semillas. Además, alrededor de 700 casos terminaron en acuerdos extrajudiciales. Las cifras, recopiladas en investigaciones sobre las prácticas judiciales de la empresa, muestran la dimensión que alcanzó el conflicto entre una de las mayores compañías del sector y los agricultores estadounidenses.

Uno de los casos emblemáticos fue el del productor de soja Homan McFarling, en Mississippi. McFarling había comprado semillas de soja Roundup Ready, pero volvió a sembrar semillas reservadas de su propia cosecha en campañas posteriores. Monsanto lo demandó porque esa práctica violaba las condiciones de licencia y los derechos sobre la tecnología patentada. Los tribunales estadounidenses fallaron a favor de la empresa.

El punto central es que haber comprado las semillas no otorgaba automáticamente el derecho a reutilizarlas en campañas futuras. El productor pagaba por las semillas y por el uso autorizado de la tecnología, pero las condiciones contractuales limitaban la posibilidad de reservar y resembrar el grano cosechado. Para continuar utilizando esa genética, debía volver a adquirir semillas autorizadas o cumplir con las condiciones de licencia aplicables.

La compañía defendió estas restricciones como una forma de proteger sus inversiones en investigación y desarrollo. Sin embargo, para los productores, el sistema significaba perder autonomía sobre una parte de su propia cosecha y asumir gastos recurrentes para mantener el acceso a determinadas variedades.

El antecedente estadounidense demuestra que estas disputas no son una hipótesis abstracta. Las reglas sobre patentes y licencias pueden convertirse en instrumentos de presión económica cuando una empresa tiene recursos suficientes para investigar, denunciar y litigar contra productores individuales. Los acuerdos extrajudiciales, además, pueden resultar una salida menos costosa que afrontar años de litigio contra una multinacional.

Ese es uno de los riesgos que debería evaluarse antes de modificar la legislación argentina. Una vez ampliados los derechos empresariales, las consecuencias no dependen solamente de lo que diga una ley, sino también de cómo se redactan los contratos, cómo se fiscaliza su cumplimiento y qué recursos tienen los productores para defenderse.

Una reforma que puede perjudicar desde el pequeño productor hasta el terrateniente

Los efectos potenciales de la reforma no se limitarían a la agricultura familiar. Si se amplían las obligaciones de pago por el uso de variedades protegidas y se restringe la posibilidad de guardar semillas, el impacto puede alcanzar a productores pequeños, cooperativas, explotaciones medianas y grandes establecimientos agropecuarios.

Los productores de menor escala son particularmente vulnerables porque cuentan con menos capital para absorber aumentos de costos y tienen menor capacidad para negociar las condiciones comerciales impuestas por los proveedores. Para ellos, la necesidad de comprar semillas nuevas cada campaña puede representar una carga importante, especialmente cuando se acumula con los gastos de fertilizantes, combustibles, maquinaria, arrendamientos y otros insumos.

Pero los grandes productores y terratenientes tampoco quedarían necesariamente al margen. Aunque disponen de mayor capacidad financiera, también pueden enfrentar mayores costos por la utilización de semillas protegidas en grandes superficies. Cuanto mayor sea el área sembrada y la dependencia de determinadas tecnologías, más relevante puede resultar el costo de las regalías y las condiciones de licencia.

Esto no significa que todos los productores vayan a sufrir idénticas consecuencias ni que cualquier sistema de regalías perjudique automáticamente al conjunto del campo. El impacto dependerá del alcance de la reforma, las excepciones que se establezcan, las variedades utilizadas y los mecanismos de cobro. Sin embargo, una normativa que fortalezca el poder de negociación de las multinacionales puede trasladar una mayor proporción de los ingresos del sector agropecuario hacia los titulares de la propiedad intelectual.

Además, si las semillas quedan atadas a paquetes tecnológicos específicos, los agricultores pueden perder capacidad para elegir alternativas según sus necesidades y posibilidades económicas. La concentración de proveedores reduce las opciones disponibles y puede debilitar la competencia, con consecuencias sobre los precios y la autonomía productiva.

Por eso, el debate no debería presentarse como una pelea entre productores que quieren innovar y otros que se oponen al progreso. La pregunta es si la innovación va a mejorar las condiciones de producción o si terminará consolidando un esquema en el que quienes trabajan la tierra deban pagar cada vez más para mantener el acceso a los recursos que necesitan.

Un mercado concentrado y una dependencia que puede profundizarse

La discusión tampoco ocurre en un escenario de competencia perfecta. El mercado de semillas y genética vegetal tiene una importante dimensión internacional, con grandes grupos empresariales que concentran recursos para investigar, desarrollar y comercializar variedades protegidas. En la Argentina, GDM es uno de los actores relevantes del negocio de la genética de soja, junto con compañías multinacionales que participan en distintos segmentos del mercado.

En este contexto, presentar la reforma como una simple actualización normativa oculta el conflicto económico de fondo. Las empresas buscan asegurar mayores ingresos por sus desarrollos, mientras que los productores intentan preservar el derecho a reutilizar semillas sin quedar sometidos a pagos recurrentes que encarezcan cada campaña.

La disputa tampoco enfrenta únicamente a las multinacionales con pequeños agricultores. Existen diferencias dentro del propio sector agropecuario entre quienes aceptan determinados esquemas de regalías y quienes rechazan una adhesión a UPOV 91 por considerar que puede restringir el uso propio. Federación Agraria, por ejemplo, ha expresado objeciones a este tipo de cambios, mientras que otros sectores plantean alternativas con excepciones para determinados productores y superficies.

Además, los mecanismos de control sobre la identidad varietal de los granos en los puntos de entrega vuelven indispensable establecer límites claros, controles públicos y garantías para evitar que la fiscalización se transforme en una presión adicional sobre quienes trabajan la tierra.

La experiencia estadounidense refuerza la necesidad de esas garantías. Cuando una empresa puede hacer valer sus derechos mediante contratos restrictivos y demandas judiciales, los productores necesitan reglas transparentes, procedimientos de control verificables y herramientas para defenderse de posibles abusos. Sin esas protecciones, la ampliación de los derechos empresariales puede profundizar una relación desigual entre quienes controlan la tecnología y quienes dependen de ella.

La soberanía alimentaria no puede quedar en manos de Bayer

La discusión por las semillas excede los intereses de las empresas y las diferencias entre las entidades rurales. Las semillas son la base de la producción agrícola y tienen una importancia estratégica para la biodiversidad, la autonomía de los agricultores y la capacidad de un país para decidir sobre su propio sistema alimentario.

Un modelo que concentra la propiedad intelectual y amplía las obligaciones de pago puede profundizar las diferencias entre productores grandes y pequeños. También puede dificultar la conservación y el intercambio de variedades tradicionales, especialmente cuando las reglas de protección no distinguen adecuadamente entre los distintos sistemas de producción y las necesidades de las comunidades rurales.

Por eso, cualquier reforma debería evaluar sus consecuencias sobre la diversidad genética, la agricultura familiar, los costos de producción y el acceso a las semillas, en lugar de medir su éxito exclusivamente por la capacidad de atraer inversiones privadas. La investigación científica es necesaria, pero no debería justificar que un puñado de empresas acumule cada vez más poder sobre un recurso esencial para producir alimentos.

La Argentina necesita discutir cómo financiar la innovación sin destruir la autonomía de quienes producen. Eso implica escuchar a los agricultores, fortalecer la investigación pública, proteger las variedades locales y evitar que las reglas de propiedad intelectual se conviertan en barreras económicas para sembrar.

Si el Gobierno pretende avanzar con una reforma de esta magnitud, debe hacerlo mediante un debate público transparente y con garantías concretas para los productores. El lobby de las multinacionales, las presiones comerciales y la amenaza de redactar la ley junto a Bayer no pueden reemplazar una discusión democrática sobre el futuro del campo argentino.

Porque cuando las semillas quedan cada vez más sujetas al poder de las multinacionales, lo que está en juego no es solamente una regalía. Es quién decide cómo se produce, cuánto cuesta sembrar y qué grado de autonomía conserva la Argentina sobre sus alimentos.