Santiago del Estero: denuncian que las topadoras siguen desmontando pese a la suspensión preventiva y apuntan contra la directora de Bosques y Fauna Noelia Zanichelli

El conflicto por el desmonte en Santiago del Estero suma nuevas denuncias. Integrantes de la comunidad indígena El Tunal, perteneciente al pueblo Vilela, alertaron que las topadoras continúan trabajando sobre el monte nativo pese a que se habría dispuesto una suspensión preventiva de las tareas.

La denuncia apunta directamente contra la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia, encabezada por Noelia Zanichelli, organismo señalado por su intervención en las autorizaciones que permiten avanzar con los desmontes. La contradicción denunciada es grave: desde las mismas oficinas provinciales que habilitan estas intervenciones se habría ordenado frenar los trabajos, pero en el territorio las máquinas continuarían destruyendo la vegetación y el hábitat de numerosas especies.

Según lo denunciado por las organizaciones territoriales, las topadoras trabajan durante el día y la noche, mientras la comunidad advierte sobre la pérdida irreversible de monte nativo. La preocupación no se limita a la destrucción ambiental: también involucra el territorio que habitan las familias indígenas y campesinas, sus medios de subsistencia y su derecho a permanecer en él.

La pregunta central es qué controles está ejerciendo el Gobierno provincial para garantizar que una eventual suspensión se cumpla efectivamente. Una medida administrativa pierde eficacia si no se traduce en la paralización real de las máquinas y en la protección del territorio afectado.

Apuntan contra Noelia Zanichelli y las autorizaciones de desmonte

La directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli, quedó en el centro de los cuestionamientos por las autorizaciones de desmonte y la respuesta estatal frente a las denuncias de la comunidad. Las organizaciones reclaman explicaciones sobre los permisos otorgados y exigen que se revisen los planes de aprovechamiento forestal que afectan áreas de monte nativo y territorios indígenas y campesinos.

El caso está vinculado con las denuncias contra Agropecuaria TOMAY S.A., señalada por su intervención en los trabajos cuestionados en el territorio de El Tunal. La comunidad sostiene que las tareas afectan tierras de ocupación indígena y cuestiona que se hayan autorizado sin una consulta adecuada a sus habitantes.

La discusión excede un expediente particular. Las organizaciones advierten que existen otros planes de desmonte aprobados en la provincia que podrían afectar territorios campesinos e indígenas, por lo que reclaman una revisión integral de los permisos y de los procedimientos utilizados para autorizarlos.

En ese contexto, la responsabilidad de las autoridades ambientales resulta central. La Dirección de Bosques y Fauna debe garantizar que las intervenciones autorizadas respeten la normativa vigente y que las medidas preventivas se cumplan. También debe esclarecerse qué controles se realizaron, qué actuaciones se iniciaron tras las denuncias y qué medidas se adoptaron para impedir que continúe la destrucción del monte.

Denuncian la presencia de personas armadas y reclaman protección

La denuncia también advierte sobre la presencia de personas armadas que, según las organizaciones, estarían custodiando las topadoras y responderían a Rojas. La situación genera preocupación por la integridad física de las familias que viven en el territorio y que se oponen al avance del desmonte.

“¿Quién garantiza la integridad física de las familias de la comunidad?”, es el interrogante que plantean los denunciantes. La advertencia expone otra dimensión del conflicto: además del daño ambiental y territorial, existe el temor de que quienes defienden el monte queden expuestos a intimidaciones o situaciones de violencia.

La presencia de personas armadas en un conflicto territorial requiere una intervención estatal que permita verificar los hechos, prevenir agresiones y garantizar la seguridad de la comunidad. La protección no puede quedar supeditada a que las familias deban enfrentarse directamente con quienes custodian las máquinas.

Por eso, los reclamos no se limitan a detener el desmonte. También exigen que las autoridades provinciales intervengan para resguardar a los habitantes de El Tunal y esclarecer quiénes participan de las tareas y bajo qué autorización actúan.

El último monte, en riesgo

El avance de las topadoras amenaza un ecosistema que cumple funciones fundamentales para la biodiversidad, la regulación del clima local, la conservación del suelo y la disponibilidad de agua. La destrucción del monte nativo elimina hábitats, fragmenta ambientes y puede generar daños difíciles o imposibles de revertir en los tiempos de una vida humana.

Para las comunidades indígenas y campesinas, además, el monte no es solamente una superficie cubierta de vegetación. Forma parte de su territorio, sus prácticas productivas y su relación histórica con el ambiente. Su destrucción puede afectar tanto los recursos naturales como las condiciones necesarias para sostener la vida comunitaria.

La Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos establece presupuestos mínimos de protección y exige que las autorizaciones de desmonte respeten el ordenamiento territorial correspondiente. A su vez, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos adecuados cuando se proyectan medidas que pueden afectarlos directamente.

En este escenario, la comunidad reclama la suspensión total y efectiva de las tareas, la revisión de los planes de desmonte otorgados en Santiago del Estero y garantías para que las autorizaciones no se impongan sobre territorios indígenas y campesinos sin los procedimientos correspondientes.

El conflicto de El Tunal deja una pregunta que el Gobierno provincial debe responder: si existe una suspensión preventiva, ¿por qué las topadoras seguirían avanzando? Mientras no se esclarezca esa situación y se garantice el cumplimiento de las medidas, el monte continúa bajo amenaza y las familias denuncian que su integridad física también está en riesgo.