Santiago del Estero: denuncian un intento de desalojo contra una comunidad indígena y crece la tensión por las tierras

La comunidad indígena Lule Vilela La Armonía denunció un intento de desalojo contra familias campesinas e indígenas durante la mañana de este jueves en el departamento Copo, Santiago del Estero. Las imágenes difundidas muestran a efectivos policiales con escudos dentro de una vivienda rural, en un operativo que vuelve a poner en discusión el papel de las fuerzas de seguridad en los conflictos por la tierra.

Desde la comunidad apuntaron contra Isabel Salas, conocida como “Chabela”, de Monte Quemado, a quien vincularon con presuntas maniobras de venta ilegal de tierras. La acusación forma parte de la denuncia de los pobladores y deberá ser investigada: por el momento, no se cuenta con documentación que permita establecer la titularidad de los terrenos, las circunstancias judiciales del procedimiento ni las responsabilidades de las personas señaladas.

El reclamo, sin embargo, expone una cuestión que excede este episodio. ¿Qué garantías tienen las familias campesinas e indígenas cuando sus territorios entran en disputa con intereses económicos y el Estado interviene mediante operativos policiales? ¿Qué medidas adoptan los gobiernos nacional y provincial para asegurar que los derechos reconocidos a los pueblos originarios no queden reducidos a declaraciones formales?

Milei eliminó la emergencia territorial indígena y dejó a las comunidades más expuestas

El conflicto se produce en un escenario nacional que cambió a partir de una decisión del gobierno de Javier Milei. En diciembre de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024, el Poder Ejecutivo puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas y a la suspensión de desalojos que contemplaba la Ley 26.160.

La norma, sancionada en 2006, había establecido una protección temporal para impedir la ejecución de sentencias y actos administrativos destinados a desalojar a comunidades comprendidas en su alcance mientras se avanzaba con el relevamiento territorial. Su eliminación suprimió esa protección específica, en un país donde numerosos pueblos originarios todavía reclaman el reconocimiento efectivo de sus territorios.

El Gobierno nacional justificó la decisión en la necesidad de garantizar el derecho de propiedad y resolver conflictos que, según sus argumentos, se prolongaban desde hacía años. Sin embargo, para las comunidades indígenas y las organizaciones que defienden sus derechos, la medida implica un retroceso porque elimina una barrera legal frente a los desalojos sin resolver por sí misma la deuda histórica del Estado con la regularización de las tierras.

El contraste es evidente: mientras la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, el Gobierno nacional decidió eliminar una herramienta específica que suspendía los desalojos.

Esto no significa que cualquier desalojo sea automáticamente legal ni que la derogación habilite a particulares a actuar por fuera de la ley. Los procedimientos deben ajustarse al ordenamiento jurídico y respetar las garantías correspondientes. Pero la eliminación de aquella protección vuelve más urgente el control judicial y la intervención de las autoridades para evitar que las disputas territoriales deriven en situaciones de violencia o desplazamiento.

Santiago del Estero: otro conflicto territorial bajo la lupa

La denuncia de La Armonía no aparece aislada de otros enfrentamientos por la tierra en la provincia. En septiembre y octubre, La Política Ambiental documentó el conflicto de la comunidad indígena El Tunal, perteneciente al pueblo Vilela, en el norte santiagueño.

En ese caso, la Dirección de Bosques provincial autorizó a la empresa Agropecuaria TOMAY S.A. a realizar tareas de desmonte en un territorio cuya ocupación actual, tradicional y pública había sido reconocida mediante un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2020, sobre una superficie aproximada de 3.132 hectáreas.

La comunidad denunció que desconocía la autorización y que las topadoras habían ingresado sin consulta previa. También cuestionó la continuidad de las tareas pese a una suspensión preventiva y denunció la presencia de personas armadas que, según sus integrantes, custodiaban la maquinaria.

En su cobertura del 9 de octubre, LPA puso el foco en las denuncias contra la Dirección de Bosques y en las responsabilidades de las autoridades provinciales frente al avance de las topadoras.

El antecedente resulta relevante porque muestra otra dimensión de la disputa territorial: mientras una comunidad reclama que se respete su ocupación tradicional, un organismo estatal habilita una actividad económica capaz de transformar ese territorio. La situación exige explicaciones sobre los permisos otorgados, los controles realizados y la participación de los pobladores afectados.

La nota de LPA del 30 de septiembre sobre la autorización del desmonte en El Tunal puede leerse aquí: Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal.

El 9 de octubre, el medio publicó una nueva actualización sobre las denuncias: Santiago del Estero: denuncian que las topadoras siguen desmontando pese a la suspensión preventiva.

Los casos de El Tunal y La Armonía no pueden considerarse un mismo expediente ni atribuirse automáticamente a los mismos responsables. Pero sí exponen un problema común: la necesidad de que el Estado provincial garantice los derechos de las comunidades y explique sus decisiones cuando están en juego la tierra, la vivienda, el ambiente y la continuidad de formas de vida ancestrales.

¿Qué hace el gobierno provincial para proteger a las comunidades?

La responsabilidad de las autoridades de Santiago del Estero es central. El gobierno provincial debe esclarecer qué ocurrió en el departamento Copo, qué organismo ordenó o requirió el operativo denunciado, si existió una orden judicial, cuál fue su alcance y qué garantías se adoptaron para proteger a las familias involucradas.

También debe investigar las acusaciones sobre presuntas maniobras de venta irregular de tierras, si existen denuncias formales, y garantizar que ninguna persona sea desplazada mediante amenazas, violencia o procedimientos que no respeten la ley.

En el caso de El Tunal, las decisiones de la Dirección de Bosques ya habían generado interrogantes sobre cómo se evaluaron los derechos territoriales antes de autorizar el desmonte. Ahora, la denuncia de La Armonía plantea otra pregunta para las autoridades provinciales: qué protección concreta reciben las comunidades cuando denuncian que sus territorios están amenazados.

No alcanza con invocar la propiedad privada ni con reivindicar los derechos indígenas de manera abstracta. La actuación estatal debe ajustarse a la Constitución, a la legislación vigente y a los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Eso incluye investigar las denuncias, garantizar el debido proceso y evitar que los conflictos se resuelvan mediante hechos consumados.

La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce los derechos territoriales de los pueblos originarios. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 24.071, establece además obligaciones de consulta a los pueblos indígenas ante medidas que puedan afectarlos directamente. El alcance de esas garantías debe examinarse en cada caso, pero no puede ignorarse al momento de adoptar decisiones sobre sus territorios.

“Podrán pagar millones”: la resistencia de La Armonía

Frente al operativo denunciado, la comunidad reafirmó que no abandonará su reclamo. Sus integrantes sostienen que llevan más de 25 años organizados en defensa de las tierras que habitan, trabajan y cuidan.

“Podrán pagar millones y aquí seguiremos resistiendo por las tierras y territorio que son de los que los vivimos, cuidamos y lo trabajamos”, expresaron en el mensaje difundido este jueves.

La declaración cuestiona una lógica en la que el poder económico puede terminar imponiéndose sobre la permanencia de familias que construyeron su vida en un territorio. Para la comunidad, la tierra no es solamente un bien comercial: es el espacio donde se sostiene su identidad, su organización y su forma de vida.

“¡No pasarán! ¡Estamos organizados!”, agregaron, al ratificar que continuarán la resistencia.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), referencia de la organización campesina en la provincia, lleva décadas acompañando reclamos por el acceso y la permanencia en la tierra. La organización colectiva constituye una herramienta fundamental para las familias rurales que enfrentan disputas territoriales y buscan hacer visibles sus denuncias.

La tierra no puede quedar librada a la fuerza

La denuncia de La Armonía vuelve a poner en cuestión el papel de los Estados frente a los conflictos territoriales. La decisión del gobierno de Milei de terminar con la emergencia indígena eliminó una protección específica contra los desalojos, mientras que los antecedentes documentados por LPA en Santiago del Estero muestran que las decisiones de organismos provinciales también pueden colocar a las comunidades frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.

En el departamento Copo, ahora será necesario esclarecer qué ocurrió, quién dispuso el operativo y cuál es la situación jurídica de las tierras. También deberán investigarse las acusaciones formuladas por la comunidad, sin convertirlas en hechos probados antes de contar con elementos suficientes.

Pero hay una cuestión que no admite indiferencia: las familias indígenas y campesinas tienen derecho a que sus reclamos sean escuchados y a que cualquier intervención estatal respete las garantías legales. Ni la fuerza policial ni el poder económico pueden reemplazar la investigación, el debido proceso y el reconocimiento de los derechos que establece la Constitución.

Después de más de 25 años de lucha, La Armonía asegura que seguirá de pie. Ahora, la responsabilidad de dar explicaciones y garantizar que el conflicto no escale recae también sobre las autoridades provinciales y nacionales.