Jujuy: alarma por la matanza de 350 vicuñas para vender ilegalmente su fibra

La matanza de alrededor de 350 vicuñas encendió las alarmas en Jujuy. La Fiscalía Ambiental investiga una serie de ataques contra estos animales silvestres en la Puna, donde cazadores furtivos los abatirían con armas de fuego para extraer su fibra y comercializarla ilegalmente en Argentina y Bolivia.

El fiscal ambiental Javier Sánchez Serantes advirtió que la cantidad de ejemplares muertos podría ser incluso mayor, ya que algunos cuerpos no fueron encontrados o habrían sido trasladados. La investigación busca identificar a los responsables, reconstruir el circuito de comercialización y detectar los lugares donde se ofrece la fibra obtenida de manera ilegal.

El caso expone un negocio que convierte a una especie protegida en mercancía: cada vellón pesa entre 200 y 250 gramos y su valor inicial en el mercado clandestino rondaría los 150 dólares. Mientras tanto, los cuerpos de los animales quedan abandonados en el territorio, con consecuencias para la fauna silvestre y las comunidades que conviven con ella.

Un negocio ilegal que deja animales muertos en la Puna

Según la investigación, los cazadores utilizan armas de fuego y se ubican en sectores estratégicos para esperar el paso de las vicuñas. También recurrirían a apostaderos, estructuras de piedra que permiten ocultarse antes de disparar contra los animales.

Una vez abatidos, les extraen el vellón o retiran el cuero para obtener la fibra. El resto del cuerpo queda en el lugar, mientras el material obtenido ingresa presuntamente en circuitos clandestinos de comercialización.

El valor de la fibra ayuda a explicar el interés económico detrás de estas matanzas. De acuerdo con el fiscal Sánchez Serantes, un vellón puede venderse inicialmente por unos 150 dólares, mientras que una prenda confeccionada con esa materia prima, como un poncho, puede alcanzar valores cercanos a los 1.300 dólares.

La Fiscalía investiga posibles puntos de venta en ferias de Jujuy y Bolivia, además de publicaciones en redes sociales. Por razones vinculadas con la investigación, no se difundió la ubicación de uno de los espacios comerciales bajo análisis.

Las pesquisas también contemplan solicitar información sobre el registro y la provisión de municiones, debido a que los ataques denunciados se habrían cometido con armas de fuego.

Las comunidades alertaron sobre la matanza

La investigación avanzó a partir de las denuncias de comunidades de la Puna jujeña, que advirtieron sobre el aumento de la caza furtiva. Los días 20 y 21 de octubre se realizaron reuniones y recorridos territoriales con participación de representantes comunitarios, integrantes de organizaciones vinculadas con la conservación de vicuñas, personal del INTA y fuerzas de seguridad argentinas y bolivianas.

En los relevamientos se inspeccionaron sectores donde se habían registrado matanzas y posibles lugares utilizados por los cazadores. La coordinación entre ambos países resulta relevante porque los investigadores no descartan la participación de personas procedentes de Bolivia, de otras provincias argentinas o de la propia región.

Uno de los casos más preocupantes fue denunciado en Ciénaga de Paicone, donde pobladores encontraron 12 vicuñas muertas a unos 20 kilómetros de la localidad.

Sebastián Arias, presidente de esa comunidad originaria, sostuvo que la cantidad de animales observados en la zona habría descendido de unos 2.000 ejemplares el año pasado a entre 300 y 400 en la actualidad. Se trata de una estimación comunitaria que deberá contrastarse con relevamientos poblacionales, pero refleja la preocupación por la magnitud del problema.

Los habitantes también señalaron dificultades para controlar un territorio extenso y cercano a la frontera. Según los testimonios difundidos, el destacamento policial local cuenta con un solo encargado y carece de medios de transporte, una limitación que dificulta la vigilancia y la respuesta ante denuncias.

El problema, por lo tanto, no se reduce a identificar a quienes disparan contra los animales. También exige investigar quiénes compran la fibra, cómo se transporta y qué mecanismos permiten que el material llegue a los mercados clandestinos.

Ya hubo condenas por caza furtiva de vicuñas en 2026

La matanza denunciada se produce después de que la Justicia jujeña condenara a dos hombres por un episodio de caza furtiva ocurrido a comienzos de febrero de este año en la zona de Piscuno, en la Puna provincial.

El 7 de abril, la jueza ambiental Laura Flores homologó un acuerdo de juicio abreviado que impuso a ambos acusados dos años de prisión de ejecución condicional. La causa acreditó que habían matado al menos nueve vicuñas mediante disparos realizados desde un vehículo con un arma de fuego calibre .22.

Durante los procedimientos también se secuestraron cueros de animales silvestres compatibles con vicuña, un arma, municiones, cuchillos y otros elementos vinculados con la actividad ilegal.

El antecedente demuestra que la caza furtiva no es un riesgo meramente hipotético y que ya hubo personas condenadas por hechos de estas características en la provincia. Sin embargo, la nueva investigación deberá determinar si existe una organización más amplia detrás de las aproximadamente 350 muertes denunciadas y si hay conexiones con los responsables de otros episodios.

La reiteración de estos casos plantea la necesidad de fortalecer la prevención y los controles, además de avanzar sobre toda la cadena comercial. Detener a los cazadores es importante, pero perseguir a quienes compran, transportan y venden la fibra resulta fundamental para evitar que el negocio continúe siendo rentable.

Una especie protegida cuyo comercio está regulado

La vicuña es un camélido silvestre nativo de los Andes, adaptado a las condiciones extremas de altura de la Puna. Su fibra es especialmente apreciada por su suavidad y finura, características que explican su elevado valor comercial.

Pero esa demanda no habilita su captura indiscriminada. La Argentina integra, junto con Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, aprobado mediante la Ley Nacional 23.582. El acuerdo establece restricciones a la caza y a la comercialización ilegal de estos animales y sus productos.

En Jujuy, la Ley provincial 5.634 establece un régimen de conservación y manejo de la especie. La esquila de vicuñas vivas bajo condiciones reguladas constituye una alternativa para aprovechar su fibra sin recurrir a la matanza indiscriminada.

Esa diferencia es central: el aprovechamiento autorizado de la fibra debe realizarse bajo controles y procedimientos específicos, mientras que abatir animales silvestres y comercializar sus productos sin autorización constituye una actividad ilegal.

La extracción de la fibra mediante la muerte de los ejemplares también elimina la posibilidad de que esos animales sigan reproduciéndose y contribuyan a sostener las poblaciones silvestres. Cuando la caza se repite en una misma zona, la presión puede afectar a comunidades de vicuñas y alterar el equilibrio de un ecosistema de altura.

La investigación debe llegar hasta los compradores

La Fiscalía Ambiental busca establecer quiénes participaron de los ataques y dónde termina la fibra extraída de los animales. Entre las líneas de investigación figuran posibles ferias comerciales y publicaciones en redes sociales que podrían utilizarse para ofrecer el producto.

La cooperación con las comunidades y las fuerzas de seguridad de ambos países será determinante para reconstruir esos recorridos. También resulta necesario que los organismos competentes cuenten con recursos para vigilar las áreas afectadas, responder a las denuncias y realizar relevamientos que permitan medir la evolución de las poblaciones.

Las autoridades judiciales solicitaron a los pobladores que denuncien nuevos episodios de caza ilegal, ya que los testimonios y la información territorial pueden contribuir a identificar a los responsables. Pero la carga de proteger la fauna no puede recaer exclusivamente sobre comunidades que viven en zonas extensas, muchas veces alejadas de los centros administrativos y policiales.

La muerte de unas 350 vicuñas revela el impacto que puede alcanzar una actividad ilegal cuando existe un incentivo económico elevado y los controles no logran impedirla a tiempo. El desafío para las autoridades jujeñas y nacionales será transformar la investigación en medidas concretas de prevención, fiscalización y persecución de toda la cadena comercial.

La vicuña forma parte del patrimonio natural de la Argentina y de la identidad de los territorios andinos. Evitar que siga siendo abatida por el valor de su fibra requiere algo más que operativos posteriores a las matanzas: exige proteger sus hábitats, acompañar a las comunidades que denuncian los ataques y garantizar que quienes se benefician de este comercio ilegal también rindan cuentas ante la Justicia.